Francia militariza París, Marsella y Lyon con tropas de Sentinelle ante protestas

El gobierno de Francia confirmó el despliegue de tropas de combate en París, Marsella y Lyon. Según la información difundida por Ruido Cero, el Ministerio del Interior activó a soldados de élite de la Operación Sentinelle —la fuerza militar antiterrorista francesa— para tomar el control de aeropuertos, estaciones y edificios estratégicos. El objetivo declarado es liberar a miles de policías y gendarmes que serán reenviados a contener choques callejeros, barricadas y disturbios, en un escenario que ya deja cientos de detenidos y zonas bajo toque de queda nocturno.

La decisión no es un gesto retórico. Sentinelle nació en 2015, tras los atentados contra Charlie Hebdo y el supermercado Hypercacher, como una fuerza de patrullaje militar para proteger puntos sensibles frente a la amenaza yihadista. Llegó a movilizar a alrededor de diez mil soldados en su momento de mayor despliegue y desde entonces se consolidó como un recurso flexible que el Ejecutivo echa a andar en grandes eventos, estados de emergencia y coyunturas de alta tensión. Que ahora se le asigne la custodia de infraestructura mientras la policía se concentra en las calles supone un cambio de función incómodo: la misma tropa entrenada para el combate pasa a sostener el orden público cotidiano.

El telón de fondo es otro. El detonante no es una amenaza terrorista, sino el costo de la vida: inflación acumulada, salarios que no alcanzan, rentas, transporte y energía que golpean con más fuerza a las clases medias y populares. Sobre esa erosión material se monta un sistema político exhausto. La reforma de las pensiones de 2023, aprobada sin voto parlamentario y con el artículo 49.3, dejó una herida abierta; la disolución de la Asamblea Nacional en 2024 fragmentó el mapa legislativo y produjo gobiernos sin mayoría estable. Un Ejecutivo con esa debilidad recurre a la herramienta más visible que tiene: el uniforme.

La medida también abre un debate jurídico y político. Militarizar calles resuelve un problema operativo de la policía, pero no la causa política del conflicto: el descontento por el costo de la vida seguirá en la calle aunque las barricadas las levante otro cuerpo. Francia ya distingue entre gendarmería —fuerza de naturaleza militar bajo el Ministerio del Interior— y ejército; mezclar ambos en tareas de orden público difumina la frontera entre seguridad nacional y represión, y exige reglas claras sobre el uso de la fuerza. Cada imagen de soldados frente a manifestantes se convierte, además, en material político para quienes denuncian una deriva autoritaria en Europa.

El riesgo inmediato es de escalada. Un despliegue de este tipo puede funcionar como disuasión o como provocación, y esa línea la definen los hechos en la calle, no los comunicados. Si las protestas se mantienen masivas y pacíficas, el gobierno habrá ganado tiempo y capacidad operativa; si hay incidentes graves con militares involucrados, la crisis dejará de ser social y se volverá institucional. El precedente de otros países europeos que han usado al ejército para tareas de seguridad urbana, como la operación italiana Strade Sicure, muestra que estas medidas tienden a prolongarse más de lo anunciado.

Qué observar después: primero, si el despliegue se presenta como temporal o se instala sin fecha de salida; segundo, si sindicatos y organizaciones civiles convocan una huelga general que desborde la capacidad policial y militar; tercero, si tribunales administrativos o el propio Parlamento revisan la legalidad de la medida; y cuarto, si el Elíseo responde al fondo del conflicto —salarios, precios, pensiones— o se limita a administrar el orden público. La pregunta de fondo sigue siendo la misma: si Francia está conteniendo una ola de descontento o inaugurando un nuevo modo de gobernar la calle.