Gabinete de Seguridad de Jalisco no identifica quién ordenó el operativo contra manifestantes por agua limpia

Los titulares del Gabinete de Seguridad de Jalisco comparecieron ante diputados locales para explicar la actuación policial durante la manifestación del 11 de octubre en Casa Jalisco, donde ciudadanos exigieron agua potable limpia. La sesión concluyó sin que ninguno de los funcionarios identificara quién autorizó el uso de agua a presión ni las detenciones contra los manifestantes, un vacío que deja sin respuesta pública la cadena de mando del operativo y contrasta con los testimonios de quienes denunciaron agresiones bajo custodia.

La comparecencia, realizada ante las comisiones legislativas de Seguridad y de Desaparecidos del Congreso estatal, estuvo marcada por los relatos de personas detenidas, los cuestionamientos de legisladores y la confrontación entre manifestantes y familiares de policías que participaron en el despliegue. Ninguno de los funcionarios presentes precisó quién tomó las decisiones operativas del 11 de octubre, pese a que la sesión se convocó expresamente para explicar la actuación policial.

A la sesión asistieron el secretario general de Gobierno, Carlos Arias Madrid; el coordinador estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada; el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, y el fiscal estatal, Salvador González de los Santos. Al ser cuestionado sobre la autorización del uso de agua a presión y las detenciones, Alarcón Estrada dijo desconocerlo y argumentó que la coordinación a su cargo carece de atribuciones operativas conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. "Sobre quién autorizó el uso del agua y la detención de las personas en el lugar que citó, no tengo esa información", respondió.

El secretario de Seguridad, en cambio, defendió el operativo. Sostuvo que el protocolo se aplicó "estrictamente apegado al marco legal" y enumeró disposiciones como la Constitución federal y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Reconoció que algunos elementos toman malas decisiones e informó que 17 policías fueron identificados para revisión por posibles irregularidades y que 237 agentes deberán comparecer ante Asuntos Internos para reconstruir los hechos. La defensa del protocolo convive con el reconocimiento de que 17 agentes quedaron señalados para revisión, sin que se explique aún quién ordenó el despliegue.

El fiscal estatal confirmó que se inició proceso contra las 39 personas detenidas y defendió las actuaciones de la institución. Aseguró que hubo lecturas de derechos y valoraciones médicas, e invitó a los afectados a presentar sus señalamientos en las carpetas de investigación abiertas. "Yo los invitaría a que hagan estas manifestaciones en las denuncias que tenemos abiertas", manifestó.

La lectura

Las explicaciones de los funcionarios contrastaron con los testimonios de asistentes a la marcha. Daniela Álvarez Zepeda, médica, relató que fue sometida con agua a presión, golpeada y jalada del cabello por cinco hombres encapuchados; denunció contusiones, un esguince cervical y alopecia por tracción, y afirmó que la violencia continuó tras su traslado a Casa Jalisco y a la Fiscalía, donde los detenidos fueron incomunicados y presionados para firmar documentos. Luis Antonio Palacios Vázquez, biólogo de 27 años, denunció que más de diez policías encapuchados lo golpearon junto con su pareja, que recibió amenazas y que permanecieron más de cinco horas sin agua ni alimentos.

El contraste entre la defensa institucional del protocolo y los relatos de agresiones bajo custodia es el núcleo político de la comparecencia: el gobierno promete consecuencias, pero no identifica responsables. El secretario general de Gobierno, Carlos Arias Madrid, aseguró que "no va a haber impunidad" y que habrá consecuencias legales para los servidores públicos que actuaron mal, sin que esa promesa se traduzca en nombres ni en una cadena de mando verificable.

Dos de las 39 personas detenidas exigieron la renuncia de los funcionarios presentes. La petición no obtuvo respuesta directa. Los hechos también están sujetos a indagatorias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Fiscalía General de la República, además de las investigaciones de Asuntos Internos.

Qué sigue

Queda por esclarecer quién autorizó el uso de agua a presión y las detenciones, qué resultado tendrán las revisiones de los 17 policías identificados y las comparecencias de los 237 agentes ante Asuntos Internos, y cómo se articularán las indagatorias de la CNDH y la FGR con las carpetas locales. También falta precisar si las denuncias de las víctimas se incorporarán a las investigaciones abiertas y si la promesa de consecuencias legales se traducirá en responsabilidades institucionales identificables.