Grupo ECO cobró 100 mdp por seguro tras muerte de fotoperiodistas en Axe Ceremonia

La empresa Grupo ECO, organizadora del festival Axe Ceremonia, cobró una indemnización de aproximadamente cien millones de pesos tras la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas en el Parque Bicentenario. Este hallazgo, documentado por una investigación periodística, no solo confirma el flujo de recursos aseguradores tras la tragedia, sino que abre una ventana crítica sobre las prácticas de responsabilidad civil en la organización de eventos masivos en la capital. La cobertura de seguros se ha convertido en un mecanismo de contención financiera que, en muchos casos, opera con mayor celeridad que las investigaciones penales por negligencia en seguridad.

La tragedia ocurrió durante la celebración de un festival de música electrónica, un formato que ha multiplicado su presencia en espacios públicos y semiabiertos de la Ciudad de México. El Parque Bicentenario, escenario de la fatalidad, es un recinto de uso mixto que requiere permisos complejos y protocolos de seguridad estrictos. Sin embargo, la realidad operativa reveló fallas estructurales: la ausencia de un plan de contingencia validado y la falta de coordinación interinstitucional entre autoridades locales y organizadores expusieron a asistentes y trabajadores a riesgos previsibles. La muerte de dos profesionales de la imagen, quienes cumplían con su labor de documentar el evento, subraya la vulnerabilidad del periodismo en contextos de alta densidad poblacional y seguridad precaria.

Desde una perspectiva de política pública, el desembolso millonario plantea interrogantes sobre la supervisión regulatoria. Las aseguradoras, al liquidar siniestros con base en cláusulas contractuales, suelen priorizar la viabilidad económica de las empresas sobre la rendición de cuentas administrativa. Este patrón no es aislado; se repite en otros eventos masivos donde la responsabilidad civil se transforma en un costo operativo más, sin que se exija una auditoría profunda de los protocolos de seguridad. La falta de un marco normativo que obligue a las organizadoras a transparentar sus pólizas y a someterse a inspecciones técnicas previas a la apertura de recintos deja una brecha de impunidad que beneficia a los promotores y perjudica a la ciudadanía.

El caso también interpela al sector periodístico y a los mecanismos de protección a la prensa. La muerte de fotoperiodistas en el ejercicio de su labor no es un accidente aislado, sino el resultado de un entorno donde la seguridad en eventos públicos se subordina a la lógica del beneficio económico. Las autoridades competentes deben garantizar que las licencias de operación estén vinculadas a estándares de seguridad verificables, con sanciones escalonadas que incluyan la revocación de permisos y la responsabilidad penal directa de los organizadores. De lo contrario, el modelo seguirá externalizando los costos humanos hacia los trabajadores y la sociedad.

Lo que sigue es crucial para entender el rumbo de la regulación de eventos masivos en México. El proceso judicial por los homicidios culposos y la posible investigación administrativa contra Grupo ECO marcarán si el sistema prioriza la justicia o la contención financiera. Asimismo, se espera que las instancias de seguridad y protección civil revisen los protocolos de acceso, control de aforo y respuesta ante emergencias en recintos públicos. La ciudadanía y la comunidad periodística deben exigir transparencia en los desembolsos aseguradores y la publicación de los informes técnicos que respaldaron la autorización del evento. Solo con supervisión rigurosa y sanciones efectivas se podrá evitar que la tragedia se repita y que la impunidad se consolide como norma operativa.