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Juez mexicano detenido en Colombia por sobornos del narco; su defensa pide juicio en México
Luis Benítez Alcántara fue arrestado en Bogotá cuando intentaba volver a Ciudad de México. La policía colombiana vinculó el caso con el aparato de defensa jurídica del Cártel de Sinaloa.
El juez mexicano Luis Benítez Alcántara fue detenido en el aeropuerto de Bogotá por la policía colombiana en coordinación con el FBI. Se le acusa de recibir sobornos del canadiense Andrew Clark y de intentar coordinar con organizaciones criminales locales. Su defensa pide que cualquier responsabilidad se defina en México y no en Estados Unidos, donde es requerido en extradición.
El juez mexicano Luis Benítez Alcántara fue detenido en el aeropuerto de Bogotá por la policía colombiana en coordinación con el FBI cuando pretendía abordar un vuelo de regreso a Ciudad de México. La acusación: haber recibido sobornos del canadiense Andrew Clark, señalado como operador de una red de narcotráfico, y haber intentado coordinar con organizaciones criminales locales. El caso no es un episodio aislado de corrupción judicial: toca la frontera entre la justicia mexicana y la presión del crimen organizado transnacional, y coloca al Estado mexicano ante la pregunta de quién debe juzgar a uno de sus jueces.
La policía colombiana calificó el arresto como un golpe al “aparato de defensa jurídica y las redes de corrupción institucional” que utiliza el Cártel de Sinaloa. La frase, atribuida a la corporación en un comunicado, no es menor: sugiere que la detención no se limita a un servidor público señalado, sino a una estructura que, según esa autoridad, busca influir en procedimientos judiciales. El coronel Elver Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol de Colombia, sostuvo que Benítez estaba en Bogotá presuntamente con el “propósito de sostener reuniones clandestinas y realizar coordinaciones con organizaciones criminales locales” para el envío de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.
El expediente que se conoce hasta ahora ubica a Benítez, de 49 años, supervisando en 2024 los procedimientos de extradición de Andrew Clark, ciudadano canadiense acusado en Estados Unidos de ayudar a dirigir un grupo de narcotráfico presuntamente encabezado por el excompetidor olímpico de snowboard Ryan Wedding. Según el Departamento de Justicia estadounidense, Benítez liberó a Clark en 2025 después de recibir un soborno. Clark fue arrestado días después de su liberación y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de narcotráfico y asesinato.
La defensa de Benítez niega el señalamiento y sostiene que su decisión de liberar a Clark fue “en derecho y dentro del marco de la legalidad”. El abogado defensor, Miguel González Sánchez, indicó en un comunicado que “cualquier eventual responsabilidad derivada del ejercicio de su cargo debe ser definida por el Estado mexicano, conforme a su legislación y ante sus propias autoridades, y no por estados diferentes como en este caso se ha buscado”. Agregó que están dispuestos a atender cualquier requerimiento con observancia del debido proceso y la presunción de inocencia.
El juez permanece en Colombia a la espera de los trámites para su extradición a Estados Unidos, donde un jurado investigador federal lo acusa formalmente por nueve cargos, incluido encubrimiento después del hecho. En México, el Tribunal de Disciplina Judicial informó que abrió una “investigación de oficio” por los hechos atribuidos a Benítez y precisó que, por sus labores como juez, tiene cuatro investigaciones en curso sin relación con el caso que motivó su arresto.
La lectura
El caso expone una tensión de fondo: la defensa de Benítez reclama jurisdicción mexicana, mientras Estados Unidos lo requiere por cargos federales. Esa disputa no es solo técnica. Define si un juez acusado de corromper procedimientos de extradición será juzgado por el país cuyo sistema judicial habría sido vulnerado o por la potencia que investiga el narcotráfico que se habría favorecido. La respuesta institucional mexicana, hasta ahora, se limita a una investigación disciplinaria de oficio; no hay evidencia pública de que se haya abierto una causa penal en México por estos hechos.
La calificación colombiana de “golpe” al aparato de defensa jurídica del Cártel de Sinaloa es una acusación de una autoridad extranjera, no una sentencia. Benítez no ha sido declarado culpable y su defensa niega haber ordenado la liberación de Clark para sustraerlo de la justicia. Lo que falta esclarecer es la cadena de decisiones judiciales que permitieron la liberación, quiénes más habrían intervenido y si existió un entramado de corrupción institucional como sostiene la policía colombiana. También falta precisar el alcance de las cuatro investigaciones disciplinarias en curso y si tienen relación con su desempeño en casos de narcotráfico.
Qué sigue
La extradición de Benítez a Estados Unidos avanza en Colombia mientras su defensa insiste en que sea México quien lo juzgue. El Tribunal de Disciplina Judicial mexicano deberá determinar si los hechos atribuidos constituyen faltas administrativas graves o si procede canalizarlos a la justicia penal. El caso de Andrew Clark, ya en manos estadounidenses, sigue su curso por narcotráfico y asesinato. La pregunta pública que queda abierta es si el sistema judicial mexicano puede investigar y, en su caso, sancionar a uno de sus jueces por presuntos vínculos con el crimen organizado sin que la extradición a Estados Unidos se convierta en la única vía de rendición de cuentas.