Marina asegura 481 millones de cigarros y estima golpe de 2 mil 375 mdp al CJNG

La Secretaría de Marina (Semar) informó este viernes 6 de noviembre que aseguró 481 millones de cigarros de contrabando entre 2024 y 2026, equivalentes a 678 toneladas, en operativos contra redes internacionales de comercio ilegal de tabaco. La dependencia estimó que esas acciones representan una afectación económica de 2 mil 375 millones de pesos a estructuras criminales, principalmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según sus propias investigaciones.

El dato importa porque desplaza el foco del combate al crimen organizado hacia un delito que suele tratarse como falta administrativa: el contrabando de mercancía. Al presentarlo como una fuente de financiamiento, la Marina ubica el tabaco ilegal en el mismo mapa que el narcotráfico y sostiene que interrumpir esas cadenas golpea la operación de los grupos. Es una afirmación institucional que, por ahora, descansa en el cálculo de la propia dependencia y no en una resolución judicial o en una auditoría externa.

La ruta del cargamento

El 69.3 por ciento de la mercancía fue asegurada en operaciones marítimas, equivalente a 470 toneladas, mientras que 198 toneladas llegaron por vía aérea y 10 por tierra. Esa distribución sugiere que los puertos concentran el volumen del contrabando y que los aeropuertos funcionan como puerta para embarques menores pero frecuentes. La Marina no detalló en cuántos operativos se distribuyeron los aseguramientos ni cuántas personas fueron detenidas.

El comunicado también reporta una curva ascendente: 15 millones de cigarros en 2024, 215 millones en 2025 y 251 millones en 2026 con corte al periodo reportado. El salto entre 2024 y 2025 es de más de catorce veces, un incremento que la dependencia atribuye a la intensidad de los operativos, aunque no permite distinguir si refleja más contrabando o más capacidad de detección. Esa es una de las preguntas que el documento deja abierta.

Las investigaciones identificaron vínculos comerciales y logísticos con Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Japón, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, China, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán. La Marina señaló que algunas operaciones podrían usar rutas de triangulación comercial a través de Singapur, Corea del Sur y Japón para ocultar el origen real de los cigarros. Ese mecanismo, describió, permitiría modificar o encubrir la procedencia de los productos durante su traslado internacional.

La lectura

El anuncio se sostiene en una coordinación institucional concreta: la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Grupo Aeroportuario Marina, además de Grupos de Análisis de Riesgo integrados por personal de Aduanas, la Unidad Naval de Protección Portuaria y la Unidad de Inteligencia Naval. La dependencia presenta el combate al contrabando como parte de la seguridad nacional, no como una tarea fiscal o comercial, y ahí está el cambio de encuadre.

La atribución al CJNG es la parte más delicada del comunicado. La Marina la formula como resultado de "sus investigaciones", sin ofrecer el desglose de causas, carpetas o sentencias que la sustenten. Vincular un delito patrimonial con una organización específica exige evidencia que el comunicado no exhibe; hasta ahora es una imputación institucional, no una verdad judicial.

El contexto inmediato muestra a una Marina con presencia activa en distintos frentes: el 5 de noviembre aseguró más de 1.1 toneladas de presunta cocaína frente a costas de Chiapas y Guerrero, y el 28 de octubre abatió a dos personas en Sinaloa, entre ellas un presunto operador del Cártel de Guasave. La institución combina interdicción marítima, operativos terrestres y ahora decomisos de mercancía en puertos y aeropuertos.

Qué sigue

Queda por esclarecer cuántos operativos y detenciones acompañaron los 481 millones de cigarros, cómo se calculó la afectación de 2 mil 375 millones de pesos y qué instancia penal dará seguimiento a los casos. También falta precisar si las rutas de triangulación identificadas derivaron en investigaciones formales contra empresas o personas en México y en los países mencionados.

El reto institucional es doble: sostener la vigilancia sobre un flujo que, según los propios números, creció de forma abrupta, y demostrar con evidencia verificable el vínculo con el CJNG que el comunicado afirma. Sin ese respaldo, el golpe económico queda como una estimación oficial y no como un hecho comprobado.