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México ante la CIDH: 113 defensores atacados y 96.5% sin justicia
Organizaciones civiles documentaron 103 asesinatos y 10 desapariciones de personas defensoras entre enero de 2022 y septiembre de 2026. El Estado mexicano asumió seis compromisos, entre ellos revisar los 113 casos.
Entre enero de 2022 y septiembre de 2026, 103 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas y 10 permanecen desaparecidas en México, según cifras presentadas ante la CIDH. De los 113 casos, el 96.5% sigue impune y solo cuatro tienen sentencia condenatoria. El Estado mexicano prometió un plan nacional, un registro de delitos y una mesa para atender los casos.
México ante la CIDH: 113 defensores atacados y 96.5% sin justicia
Entre enero de 2022 y septiembre de 2026, 103 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas y otras 10 permanecen desaparecidas en México, y de los 113 casos documentados el 96.5 por ciento continúa en la impunidad, con apenas cuatro sentencias condenatorias. La cifra fue presentada por organizaciones civiles durante el 179° periodo de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado en Panamá, y convierte al país en uno de los más peligrosos del mundo para quienes defienden derechos, según las propias organizaciones denunciantes.
El dato no es un registro oficial: proviene del conteo que las organizaciones llevan caso por caso y que llevaron a la audiencia para exigir respuestas al Estado mexicano. Esa diferencia importa, porque la ausencia de un registro público y homologado de agresiones contra personas defensoras es una de las carencias que las propias autoridades se comprometieron a subsanar en la misma sesión.
La lectura
La cifra de impunidad es el núcleo político del caso. No se trata solo de que ocurran ataques, sino de que los ataques no alcanzan una respuesta judicial efectiva y permanecen en la impunidad, lo que —según la periodista y activista indígena Marcela de Jesús Natalia— favorece la continuidad de la violencia. La activista relató ante la Comisión que sobrevivió a un atentado en Ometepec en junio de 2017, que fue encarcelada injustamente durante más de cinco años y que es víctima de desplazamiento forzado como consecuencia de su labor.
Saulo Loya, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, sostuvo que las acciones del Estado para proteger a esta población, investigar los delitos y sancionar a los responsables siguen siendo insuficientes. Recordó que un día antes de la audiencia, sujetos armados asesinaron al defensor Reynaldo Pérez Pérez en los Altos de Chiapas, un caso que no forma parte del conteo de 113 y que ilustra cómo el patrón se reproduce mientras se discute en foros internacionales.
La respuesta institucional llegó en la misma audiencia. Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó que el asunto se atiende de manera transversal y coordinada mediante la colaboración de instituciones de los distintos órdenes de gobierno, en el ámbito local y federal. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Andrea Bolaños, reconoció avances que calificó como modelos en la región, pero advirtió que el país enfrenta desafíos significativos para garantizar un entorno seguro, en particular para personas defensoras indígenas, buscadoras —muchas de ellas mujeres— y organizaciones que trabajan en contextos de alta presencia del crimen organizado.
Las autoridades asumieron seis compromisos: elaborar un plan nacional para implementar el Protocolo Homologado de Investigación, crear un registro de delitos contra personas defensoras, establecer una mesa de trabajo para atender los 113 casos documentados, valorar la creación de una fiscalía especializada, difundir el protocolo de forma accesible y aceptar el apoyo de la Relatora Especial de la ONU. La comisionada y relatora para México de la CIDH, Andrea Pochak, enmarcó el problema con una frase que apunta a la raíz estructural: cuanto mayores son los poderes políticos y económicos afectados por las personas defensoras, mayores son los peligros que enfrentan.
Qué sigue
Los compromisos son, por ahora, anuncios. Falta esclarecer quién dará seguimiento a la mesa de trabajo para los 113 casos, con qué calendario y con qué indicadores verificables, y si el registro de delitos se construirá con criterios compatibles con el conteo de las organizaciones, de modo que ambas cifras puedan compararse. También queda pendiente la valoración sobre una fiscalía especializada, que las autoridades se limitaron a comprometerse a evaluar.
El elemento que la evidencia no permite sostener es una lectura sobre la eficacia futura de estos mecanismos: no hay en el expediente datos sobre plazos, presupuesto ni resultados de compromisos similares adoptados antes. Lo comprobable es el punto de partida: 113 casos, 96.5 por ciento de impunidad y cuatro sentencias. La próxima audiencia y el seguimiento de la CIDH serán el parámetro para medir si los seis compromisos cambian esa proporción o se suman a la lista de respuestas sin efecto judicial.