Milei declara terroristas a cinco grupos criminales y los inscribe en el RePET

El gobierno de Javier Milei declaró organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y guerrilleros de América Latina y ordenó su inscripción en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida, comunicada por la Oficina del Presidente, alcanza a los cárteles mexicanos de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, al grupo ecuatoriano Los Tiguerones y a las organizaciones colombianas FARC-EP y ELN. La decisión busca identificar a estas entidades en una herramienta estatal y se presenta como parte del compromiso oficial con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional.

La declaración alcanza a dos cárteles mexicanos, un grupo ecuatoriano y dos guerrillas colombianas, e implica su incorporación al registro público RePET.

El comunicado oficial argumentó que la capacidad operativa de estas organizaciones y su expansión fuera de sus países de origen representan un riesgo para la seguridad argentina. Para el Cártel de Sinaloa, la evaluación oficial destacó su carácter transnacional y su vinculación con el narcotráfico, el contrabando y los secuestros extorsivos, y recordó que varios países, entre ellos Estados Unidos, ya lo designaron como organización terrorista. Sobre La Nueva Familia Michoacana, el gobierno mencionó su participación en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, y advirtió sobre su crecimiento en la región.

En el caso de Los Tiguerones, el Ejecutivo describió al grupo ecuatoriano como vinculado al narcotráfico y al sicariato, y resaltó su nivel de violencia. El documento recordó que Los Tiguerones se separaron de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, agrupación que ya había sido incorporada por la Argentina a la nómina de organizaciones terroristas en agosto de este año.

Las FARC-EP y el ELN fueron definidas como guerrillas insurgentes de extrema izquierda, identificadas con el marxismo-leninismo y la lucha armada.

Al fundamentar la inclusión de las guerrillas colombianas, el texto oficial sostuvo que “sus delirantes ideas llevadas a la acción causaron uno de los mayores desastres humanitarios del último siglo en América Latina, con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos”.

La resolución, según informó Presidencia, fue coordinada por distintas áreas del Estado. Sin embargo, la comunicación no precisó medidas operativas adicionales ni informó sobre investigaciones particulares en la Argentina vinculadas con las organizaciones. La inscripción en el RePET convierte a estos grupos en entidades identificadas formalmente por el Estado argentino, pero no implica por sí misma acciones penales o de inteligencia adicionales.

La lectura

La decisión tiene un fuerte contenido político y simbólico: alinea a la Argentina con la caracterización de Estados Unidos sobre el Cártel de Sinaloa y refuerza el discurso oficial contra el crimen organizado transnacional.

El gobierno de Milei busca mostrar una postura firme en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, en línea con su política exterior de alineamiento con Washington. La mención explícita a que Estados Unidos ya designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista sugiere esa sintonía. Además, la inclusión de las guerrillas colombianas y del grupo ecuatoriano amplía el foco más allá de México y apunta a una caracterización ideológica de las FARC-EP y el ELN como organizaciones de extrema izquierda, un gesto que puede tener resonancia política regional.

El registro RePET es una herramienta estatal que identifica a personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento, pero la evidencia disponible no permite determinar qué efectos prácticos tendrá esta inscripción.

La medida no viene acompañada de anuncios sobre investigaciones en curso, pedidos de captura internacional o acciones de cooperación judicial con México, Colombia o Ecuador. Tampoco se especificó si la inscripción implica consecuencias migratorias, financieras o penales para los miembros de estos grupos en Argentina. Esa ausencia de detalles operativos deja abierta la pregunta sobre el alcance real de la decisión más allá de su valor declarativo.

Qué sigue

Queda por esclarecer si el gobierno argentino adoptará medidas concretas derivadas de esta declaración, como solicitudes de extradición, congelamiento de activos o cooperación con otros países para perseguir a estos grupos. También resta saber si la inscripción en el RePET tendrá impacto en investigaciones locales o si se trata principalmente de una señal política. La Presidencia afirmó que Milei “reafirma el compromiso indeclinable con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional”, pero no detalló los próximos pasos. La evidencia disponible no permite sostener que esta decisión vaya a traducirse en acciones operativas inmediatas; para ello sería necesario un anuncio adicional del Ejecutivo o de las fuerzas de seguridad.