RSF documenta 169 periodistas asesinados en México con 99% de impunidad

Reporteros Sin Fronteras (RSF) documentó que 169 periodistas han sido asesinados en México durante los últimos 20 años, un promedio de aproximadamente ocho homicidios anuales que convierte al país en el escenario de la serie de asesinatos contra la prensa más prolongada del siglo XXI entre naciones que no están formalmente en guerra. El dato, sin embargo, no es el más grave del informe: de los 169 casos registrados entre 2006 y 2026, en 168 no se logró identificar al autor intelectual ni determinar por completo el móvil, una tasa de impunidad del 99% que RSF califica de "prácticamente absoluta".

La organización presentó el balance como una crisis sostenida, no como una suma de episodios aislados. Aunque señala al crimen organizado y la corrupción como factores centrales detrás de muchos de los homicidios, sostiene que las fallas institucionales, la ausencia de investigaciones efectivas y las redes de complicidad han permitido que la violencia contra periodistas se reproduzca durante dos décadas. El patrón que describe RSF combina la autoría material del crimen organizado con la incapacidad o la falta de voluntad del sistema de justicia para llegar a quienes ordenan los ataques.

Artur Romeu, director de RSF para América Latina, describió un escenario en el que los periodistas que investigan corrupción, narcotráfico o vínculos entre autoridades y grupos criminales se convierten en amenazas para un entramado de gobernanza criminal. "Para quienes integran este entramado, asesinar no basta. El mensaje tiene que llegar, y para ello todo vale", afirmó. Su diagnóstico incluye un señalamiento directo al sistema judicial: "en el mejor de los casos, es ineficaz y, en el peor, corrupto, y que llega incluso a dirigir acusaciones contra los propios periodistas".

El perfil de las víctimas y el mapa del riesgo

El informe traza un perfil nítido de las víctimas. 166 de los 169 periodistas asesinados, el 98%, trabajaba principalmente en cobertura local, en radio, prensa escrita, medios digitales o directamente en redes sociales. Esa cercanía con los actores que investigan, junto con recursos limitados, los expone de manera particular: 59% cubría asuntos de crimen organizado y 46% hacía cobertura política, con casos en los que una misma persona trabajaba ambas fuentes. Tan solo en 2026 fueron asesinados ocho periodistas de cobertura local, según la organización.

La violencia tampoco se distribuye de forma uniforme. Cinco entidades concentran aproximadamente la mitad de los homicidios registrados en dos décadas: Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas, estados que han enfrentado presencia del crimen organizado, conflictos políticos locales y problemas de corrupción e impunidad. El informe documenta además que al menos 34 periodistas fueron torturados antes de ser asesinados, un dato que RSF interpreta no solo como ataque a la víctima directa sino como una forma de intimidación dirigida a otros comunicadores.

La organización mexicana Propuesta Cívica, aliada de RSF, ha documentado que el problema de la impunidad comienza en las primeras horas posteriores a muchos asesinatos: pérdida o manejo inadecuado de pruebas, líneas de investigación incompletas, ausencia de análisis del contexto periodístico de la víctima, falta de coordinación entre autoridades y, en determinados casos, poca voluntad política para profundizar. Esas deficiencias tienden a concentrar las investigaciones en los autores materiales sin reconstruir las redes políticas, económicas o criminales que están detrás.

La lectura

El dato de RSF no describe únicamente una cifra de violencia, sino un arreglo institucional que la hace posible y la prolonga. La impunidad del 99% no es un subproducto del crimen: es la condición que permite que el mensaje intimidatorio siga funcionando durante dos décadas. México cuenta desde 2006 con una unidad especializada para investigar delitos contra periodistas, pero el registro de RSF muestra que esa arquitectura no ha derivado en esclarecimiento integral de los casos. La consecuencia pública es doble: se clausura la posibilidad de justicia para las familias y se envía una señal de riesgo a quienes ejercen el periodismo, en particular en el ámbito local, donde ocurre prácticamente la totalidad de los homicidios.

El señalamiento de RSF también desplaza la responsabilidad exclusiva hacia los grupos criminales. La organización reconoce que los cárteles son responsables de la mayoría de los crímenes, pero advierte que señalarlos "sin destinar los recursos necesarios para detenerlos ni poner fin a las redes de complicidad que los protegen, también compromete la responsabilidad del Estado mexicano".

Qué sigue

RSF hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que adopte medidas urgentes de protección a quienes ejercen el periodismo y combata la impunidad que rodea estos crímenes. Queda por esclarecer si esa solicitud se traducirá en cambios verificables en la investigación de los 168 casos sin autor intelectual identificado y en el funcionamiento de la unidad especializada. El informe no detalla cuántos de esos expedientes permanecen abiertos ni cuántos fueron archivados, un elemento que falta para medir con precisión la respuesta estatal. Tampoco precisa el desglose de casos por año más allá del promedio general y de los ocho registrados en 2026. Sin esos datos, la magnitud del subregistro o del avance procesal no puede sostenerse, pero el patrón de impunidad que documenta la organización sí está respaldado por su propio monitoreo de dos décadas.