SEGURIDAD · MEDIUM
Sacerdote exige liberar al último campesino cautivo en Ajuchitlán
A más de 40 días del secuestro de ocho campesinos en El Balcón, siete fueron liberados y Domingo Atanasio Quirino sigue desaparecido. El director del Centro de Derechos Humanos de Víctimas de la Violencia Minera Bello pidió no olvidar su caso.
José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos de Víctimas de la Violencia Minera Bello, exigió la liberación de Domingo Atanasio Quirino, el único de ocho campesinos secuestrados por La Familia Michoacana en Ajuchitlán que sigue cautivo tras más de 40 días. Siete ya fueron liberados. El sacerdote pidió a las autoridades y a la sociedad no olvidar el caso y mantener la
El sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos de Víctimas de la Violencia Minera Bello, exigió la liberación de Domingo Atanasio Quirino, campesino del ejido de El Balcón, en el municipio de Ajuchitlán, Guerrero. Es el único de los ocho campesinos privados de su libertad el 24 de septiembre en la comunidad de La Lajita que permanece en cautiverio; los otros siete ya fueron liberados. La exigencia, difundida en un video en redes sociales, coloca el caso ante las autoridades y frente a una sociedad que, advierte el propio sacerdote, corre el riesgo de dejar de mirar.
El secuestro múltiple ocurrió hace más de 40 días en una zona rural de Tierra Caliente. Según la información disponible, los ocho campesinos fueron privados de su libertad por integrantes de La Familia Michoacana. La liberación de siete de ellos no ha sido acompañada, hasta ahora, de un parte oficial que explique condiciones, tiempos ni responsables. Esa ausencia de información pública es parte del problema: el hecho verificable es que siete personas recuperaron la libertad y una sigue sin aparecer, sin que se conozca el estado de una investigación que permita exigir resultados concretos.
Velázquez Florencio habló desde la comunidad de Las Mesas, de donde es originario Domingo Atanasio. Ahí, dijo, la familia no pierde la esperanza de que regrese con vida. El sacerdote pidió a las autoridades y a la sociedad no olvidar el caso, seguir pidiendo justicia y exigir su presentación con vida. El mensaje tiene un destinatario doble: quienes tienen en su poder al campesino y quienes tienen la obligación institucional de buscarlo.
La lectura
El caso de Domingo Atanasio no es un episodio aislado ni una anécdota de violencia rural. Ocurre en un territorio donde las comunidades han intentado sostener la paz sin armas, mediante gestiones, asambleas y acciones de prevención, y donde el secuestro múltiple muestra el costo de esa apuesta. El propio director del centro de derechos humanos enmarcó la comunidad de Las Mesas dentro de un proyecto de seguridad en el que varios municipios de Tierra Caliente y Costa Grande decidieron luchar por la paz sin armas. La exigencia de liberación, formulada por un sacerdote que también dirige un centro de derechos humanos, no es solo un llamado humanitario: es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el Estado no garantiza la seguridad de quienes optan por la vía civil.
La lectura pública del hecho tiene tres capas. Primero, la selectividad del cautiverio: siete liberados y uno retenido. Esa diferencia no está explicada con evidencia pública y no debe interpretarse sin datos; lo que sí puede decirse es que la permanencia de una sola persona en manos del grupo criminal mantiene abierta una presión directa sobre su familia y su comunidad. Segundo, la respuesta institucional: no hay en la evidencia disponible un pronunciamiento de autoridades estatales o federales sobre el caso, ni detalles sobre diligencias de búsqueda, ni información sobre si existe una carpeta de investigación con avances. Tercero, el mensaje del sacerdote: pidió a quienes buscan hacer daño que dejen en paz esos territorios y a esas personas que cuidan sus bosques, y que dejen en libertad a Domingo.
El contexto importa porque el secuestro de campesinos en Guerrero no es un fenómeno nuevo, pero la evidencia disponible no permite afirmar una tendencia estadística ni atribuir responsabilidades institucionales más allá de lo documentado. Lo que sí es comprobable es que la exigencia de liberación se produce después de más de 40 días y sin que se conozca un operativo de rescate ni una comunicación oficial sobre el paradero del campesino. Esa combinación —cautiverio prolongado, liberaciones parciales y silencio institucional— es la que da peso público al pronunciamiento.
Qué sigue
La pregunta inmediata es por el estado de Domingo Atanasio Quirino. La evidencia no permite saber si existen negociaciones, si hay una línea de investigación activa o si las autoridades han tenido contacto con la familia. Falta información oficial sobre la carpeta de investigación, sobre las condiciones en que fueron liberados los otros siete campesinos y sobre las medidas de protección adoptadas para la comunidad de Las Mesas. También falta saber si el gobierno estatal o federal ha respondido a la exigencia del sacerdote.
El caso permanece abierto en el terreno de lo público: una familia espera, una comunidad sostiene la exigencia y un centro de derechos humanos mantiene el nombre de Domingo Atanasio en circulación. La sociedad, dijo el sacerdote, no debe olvidar. La autoridad, en cambio, tiene una obligación que no depende de la memoria: buscar, investigar y responder.