SCJN expone barreras judiciales para mujeres con guía basada en 12 testimonios

El 22 de octubre de 2026, en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García y organizaciones civiles expusieron las barreras institucionales, la falta de protección y los estereotipos que enfrentan las mujeres al acceder a la justicia. El encuentro, titulado *Del papel a la justicia: transformar el sistema desde la experiencia de las mujeres*, sirvió para presentar una guía de actuación construida a partir de los testimonios de 12 mujeres que transitaron por el sistema penal. El hecho tiene relevancia pública porque proviene del propio tribunal constitucional y porque admite, en voz de uno de sus ministros, una distancia entre los derechos escritos y su aplicación cotidiana.

El ministro Guerrero García planteó la necesidad de revisar las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia y la distancia entre los derechos reconocidos en las leyes y su aplicación en los tribunales. Durante la inauguración, señaló que analizar las sentencias con perspectiva de género y derechos humanos es un eje prioritario de la actual administración, según el comunicado difundido por el tribunal el 23 de octubre. El propósito del conversatorio, dijo, era reflexionar a partir de datos y experiencias sobre los obstáculos que persisten, entre ellos "la distancia entre los principios de igualdad de género y derechos humanos y su materialización en la práctica judicial".

Un diagnóstico con 12 voces

María Ana del Valle Ojeda, integrante del Centro de Estudios y Acción por la Justicia (CEA Justicia Social), presentó los resultados de un diagnóstico y una guía elaborados desde la Red Feminista por el Acceso a la Justicia. El documento recuperó los testimonios de 12 mujeres: seis denunciantes y seis imputadas, de Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Entre los problemas documentados figuran cuestionamientos a sus relatos, falta de información y deficiencias en la asistencia jurídica.

Ninguna de las seis denunciantes entrevistadas logró avanzar más allá de la etapa de investigación, según el documento presentado en la SCJN. El hallazgo corresponde a los casos estudiados y no permite generalizar al universo de denuncias en el país, pero ilustra un patrón de estancamiento en las carpetas. La guía también consigna que el 27.5% de las mujeres que denunciaron no recibió medidas de protección, dato que atribuye a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. Asimismo, documenta expedientes incompletos o con errores y procesos archivados sin aviso.

Verónica Garzón, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), presentó un análisis de experiencias de mujeres durante sus procesos judiciales. Mencionó la reproducción de estereotipos de género, falta de información sobre los procedimientos y una valoración insuficiente de los contextos de violencia, además de deficiencias en las reparaciones del daño y omisiones de tratados internacionales. Aunque reconoció la existencia de protocolos de la Corte para juzgar con perspectiva de género, consideró necesario revisar las acciones implementadas.

Por su parte, Beatriz Maldonado, fundadora de Mujeres Unidas por la Libertad México, denunció carencias de defensa pública, artículos de gestión menstrual y atención médica en prisión, además del rechazo social y laboral que enfrentan las mujeres al recuperar su libertad. El diálogo estuvo dirigido principalmente a personas servidoras públicas de la SCJN y otros órganos jurisdiccionales.

La lectura

La evidencia presentada en el conversatorio describe fallas de implementación, no solo de diseño normativo: los protocolos existen, pero su aplicación práctica sigue siendo desigual. El propio ministro ubicó el problema en la materialización de los principios, lo que desplaza la discusión desde la existencia de las reglas hacia su cumplimiento efectivo en juzgados y fiscalías. La guía presentada propone herramientas para modificar la atención institucional a partir de las experiencias de las mujeres que han transitado por el sistema penal.

El contexto estadístico refuerza la dimensión del problema. La ENDIREH 2021 del INEGI estimó que el 70.1% de las mujeres de 15 años y más en México había experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida; la prevalencia de violencia sexual fue de 49.7% y la de violencia física, de 34.7%. Estos indicadores corresponden a experiencias de violencia, independientemente de que se hubiera presentado una denuncia, por lo que no miden el desempeño judicial, pero sitúan la magnitud de la población que podría buscar acceso a la justicia.

Qué sigue

Queda por esclarecer si la SCJN adoptará la guía como instrumento vinculante para sus órganos jurisdiccionales o si permanecerá como material de referencia. El comunicado del tribunal no precisa un calendario de implementación ni mecanismos de seguimiento. Tampoco se detalla cómo se medirá la reducción de las barreras documentadas ni si las fiscalías y defensorías públicas serán convocadas a un ejercicio similar. La revisión de sentencias con perspectiva de género, anunciada como eje prioritario, carece por ahora de indicadores públicos verificables. El expediente documental del conversatorio queda como insumo; la pregunta abierta es si se traducirá en cambios medibles en la atención institucional.