Séptimo policía asesinado en Puebla en 2026: agente de la Fiscalía muere en Tehuacán

Un agente de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla murió la mañana del lunes 26 de octubre en Tehuacán durante una diligencia por el robo de un vehículo. El fallecido fue identificado como Juan Jesús Hernández Mariscal, adscrito a la Coordinación General Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos, sede Tehuacán. Con su muerte, Puebla acumula siete policías asesinados en lo que va de 2026, de acuerdo con el recuento de la organización Causa en Común basado en monitoreo periodístico.

El ataque ocurrió a las afueras del Motel África, en la colonia Tepeyac. Según la información oficial de la Fiscalía, los agentes acudieron al establecimiento para dar seguimiento a la denuncia de un Chevrolet Cruze azul reportado como robado que presuntamente se encontraba ahí. Al notar la presencia de los elementos, un hombre y una mujer salieron por las ventanas de una habitación y huyeron a pie. En la fuga amagaron a los tripulantes de un Nissan Tsuru blanco para despojarlos del auto y continuar el escape. Los agentes los alcanzaron y fueron recibidos a balazos por el hombre, que portaba un arma larga. Hernández Mariscal sufrió lesiones graves y falleció en el lugar antes de que llegaran los servicios de emergencia.

La Fiscalía informó que dos personas fueron detenidas como presuntos responsables del crimen: Lady Jazmín N. y Ares Ramsés N., quienes fueron asegurados con un arma AR-15 y un chaleco táctico, y presentaban indicios balísticos. La detención la realizó la Policía Municipal tras un operativo posterior al ataque. La corporación no ha detallado cuánto tiempo llevaba el agente en la unidad, ni si la diligencia contaba con respaldo táctico adicional, ni cómo se organizó el operativo que derivó en el enfrentamiento.

El caso se suma a una secuencia que la propia Fiscalía y el gobierno estatal no han abordado como patrón. De los siete policías asesinados en Puebla en 2026, cuatro pertenecían a corporaciones municipales, dos a la Policía Estatal y uno a la Fiscalía, según el recuento de Causa en Común. El anterior fue Víctor Manuel Castillo Durán, policía en activo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, ultimado el 16 de octubre en la colonia Tres Cerritos, al sur de la capital, cuando estaba en su día de descanso y fue atacado por dos sujetos en motocicleta. Entre ambos homicidios transcurrieron diez días.

El recuento incluye también a Alfonso N., policía retirado que trabajaba como guardia de seguridad en San Martín Texmelucan, el 15 de enero; a Alma, policía municipal en activo, y su esposo Francisco, ex policía, ejecutados el 5 de febrero afuera de su domicilio en Lomas de San Miguel; a Claudio, policía municipal de 50 años hallado dentro de su automóvil junto a la carretera federal Puebla-Tehuacán el 22 de febrero; a un miembro de la Policía Auxiliar muerto el 23 de julio en el centro comercial Las Ánimas, caso que las investigaciones posteriores indicaron como suicidio; y a Isabel, policía municipal asesinada junto a su madre en Cuetzalan el 2 de septiembre.

La lectura

El patrón que documenta Causa en Común no es una suma de casos aislados: la organización atribuye la vulnerabilidad de los policías municipales a que salen a patrullar "en los huesos", sin prestaciones suficientes, con carencias de equipo y sin garantías de desarrollo profesional. En cientos de municipios, advierte, ni siquiera existe una corporación formalmente constituida. El informe "Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico" señala el rezago institucional acumulado y lo vincula con la falta de seguimiento de las políticas de seguridad, las diferencias presupuestales entre estados y municipios y la ausencia de recursos específicos para fortalecer a las corporaciones locales. Esa lectura es de la organización, no una conclusión de esta redacción.

El caso de Hernández Mariscal introduce un elemento distinto: no era un policía municipal ni estaba en su día de descanso, sino un agente de investigación de la Fiscalía atacado durante una diligencia en servicio. Que un elemento de la unidad especializada en robo de vehículos sea recibido a balazos con un arma larga en el curso de una pesquisa sugiere un nivel de armamento y de anticipación que la Fiscalía no ha explicado públicamente. La evidencia disponible no permite afirmar si los detenidos pertenecen a una estructura dedicada al robo de autos, si el reporte que originó la diligencia fue una trampa o si el ataque fue una reacción improvisada a la presencia policial. Esos son los elementos que faltan.

Qué sigue

La Fiscalía tiene en sus manos la carpeta por el homicidio y la detención de dos personas con un AR-15, un arma de uso reservado a corporaciones de seguridad. Corresponde a la institución informar la situación jurídica de los detenidos, el avance de las investigaciones y si el arma está vinculada a otros hechos. También queda por esclarecer si la diligencia en el motel se planeó con protocolos de seguridad proporcionales al riesgo y si la unidad de robo de vehículos opera con respaldo suficiente en una región donde el robo de autos es una actividad de alto valor.

En el plano estatal, el gobierno de Puebla no ha presentado una evaluación pública sobre la secuencia de siete policías asesinados en diez meses ni sobre las condiciones materiales de las corporaciones municipales que concentran cuatro de las víctimas. Sin esa información, la discusión sobre seguridad en el estado queda limitada al registro de casos y no a las decisiones que podrían modificarlos.