Sheinbaum delega en la FGR la decisión de atraer el caso Manzo

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que la decisión de si la Fiscalía General de la República (FGR) atrae la investigación por el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, corresponde exclusivamente a esa institución y no al Ejecutivo federal. La declaración responde a la solicitud pública de Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan, para que la federación atraiga el caso. El pronunciamiento delimita la responsabilidad institucional en un homicidio de alto impacto ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas, frente a su familia y asistentes.

La presidenta sostuvo que la atracción del caso depende de la FGR y no de una decisión presidencial o del Gabinete de Seguridad. “Depende de la Fiscalía General de la República, no es algo que corresponda directamente a la presidenta o al Gabinete de Seguridad, depende de la propia Fiscalía General de la República, la atracción del caso a partir de las investigaciones”, declaró en su conferencia matutina. Con ello, Sheinbaum trasladó la definición sobre la competencia federal a la autonomía técnica de la fiscalía, aunque reconoció que las autoridades federales han colaborado con la Fiscalía de Michoacán.

Sheinbaum aseguró que la FGR y el Gabinete de Seguridad Nacional han colaborado permanentemente con la Fiscalía de Michoacán en las investigaciones. “Lo que es cierto es que la Fiscalía General de la República junto con el Gabinete de Seguridad Nacional han estado colaborando permanentemente con la Fiscalía General del Estado de Michoacán”, afirmó. La mandataria también destacó que existen avances en el caso y “detenciones muy relevantes”, sin ofrecer detalles sobre los detenidos, sus presuntos roles o los delitos que se les imputan.

La solicitud de atracción formulada por Grecia Quiroz no es un asunto menor. Como viuda de la víctima y autoridad municipal, su petición busca que la investigación pase a manos federales, lo que en la práctica implicaría un cambio de mando en las pesquisas y un escrutinio distinto sobre la capacidad de la fiscalía estatal para esclarecer el crimen. Hasta ahora, la respuesta presidencial no confirma ni descarta esa posibilidad: la deja en manos de la FGR, que deberá valorar si el caso cumple los supuestos legales para la atracción.

El contexto del homicidio añade presión pública. Carlos Manzo fue asesinado durante un evento masivo en el centro de Uruapan, un hecho que conmocionó a la región y que llevó al Gobierno federal a reforzar la presencia de fuerzas de seguridad y a presentar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia el 9 de noviembre de 2025, con una inversión anunciada superior a los 57 mil millones de pesos para la entidad. Sin embargo, a un año del crimen, comerciantes y empresarios de Uruapan continúan denunciando extorsiones del crimen organizado, cobros de piso y amenazas, según reportes periodísticos. Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que Uruapan acumuló 74 registros de extorsión entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, frente a los 62 contabilizados en los mismos 11 meses anteriores al asesinato, un incremento de 19.4 por ciento. La propia Grecia Quiroz reconoció que la extorsión persiste en el municipio.

La lectura

El pronunciamiento de Sheinbaum establece una frontera entre la responsabilidad política del Ejecutivo y la autonomía técnica de la FGR, pero también expone la presión pública sobre la fiscalía para que defina su competencia en un caso emblemático. La solicitud de la viuda de Manzo, quien además gobierna el municipio donde ocurrió el crimen, coloca a la FGR ante una decisión que será leída en clave de confianza institucional: atraer el caso o mantenerlo en la fiscalía estatal. La mención presidencial de “detenciones muy relevantes” sugiere que hay líneas de investigación en curso, pero sin datos verificables sobre su alcance, la afirmación no permite evaluar si la indagatoria avanza hacia los autores intelectuales o se limita a ejecutores materiales.

El hecho de que la extorsión en Uruapan haya aumentado 19.4 por ciento en el periodo posterior al asesinato, según cifras oficiales, sugiere que el despliegue federal y el Plan Michoacán no han revertido la presión del crimen organizado sobre la economía local. Esa persistencia es relevante para el caso Manzo porque el contexto de extorsión y control territorial suele estar vinculado a los móviles de homicidios de autoridades locales, aunque la evidencia disponible no permite afirmar una conexión directa en este caso. La fiscalía federal tendrá que valorar si esos elementos justifican la atracción.

Qué sigue

La FGR deberá resolver si ejerce o no la facultad de atracción sobre la investigación del homicidio de Carlos Manzo. No se ha informado de un plazo para esa determinación. Tampoco se conocen los detalles de las “detenciones muy relevantes” mencionadas por la presidenta: número de personas detenidas, cargos, vinculación con el crimen y estado procesal. La fiscalía de Michoacán no ha emitido un pronunciamiento público sobre la solicitud de la viuda del exalcalde. Mientras tanto, la persistencia de la extorsión en Uruapan mantiene la atención sobre la eficacia de la respuesta institucional y sobre el reclamo de justicia para un caso que marcó un punto de inflexión en la seguridad de Michoacán.