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ChildFund exige ley digital de menores y ve insuficiente el decreto de Sheinbaum
La organización reconoce la restricción de celulares en escuelas y la retirada de contenidos violentos, pero advierte que sin educación digital, corresponsabilidad de plataformas y una ley general no habrá protección efectiva.
ChildFund México calificó de insuficientes el decreto presidencial para retirar contenidos violentos de plataformas y la restricción de celulares en escuelas, y llamó al Congreso a expedir una Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales. La organización reporta 1.6 millones de menores víctimas de abuso sexual digital en 2026 y menos del 1% de denuncia
ChildFund México reconoció los avances del gobierno federal en protección digital de menores, pero sostuvo que el decreto para retirar contenidos violentos de plataformas y la restricción de teléfonos en escuelas “no garantizan” resultados efectivos por sí solos. La organización con más de 50 años en el país fijó así su posición frente al marco regulatorio impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum y trasladó la presión al Congreso: sin una Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, las medidas administrativas quedan incompletas.
El pronunciamiento ocurrió en conferencia de prensa, en el arranque de una nueva etapa de la organización y el lanzamiento de la campaña “Empieza con cambios”. No es una declaración aislada: llega cuando el Ejecutivo ya colocó el tema en la agenda con un decreto presidencial y lineamientos escolares, pero sin un marco legal vinculante que obligue a las plataformas a rendir cuentas.
La lectura
La protección digital de menores ya es política pública en México, pero opera con instrumentos dispersos: un decreto, lineamientos escolares y ninguna ley general que fije obligaciones exigibles a las plataformas. Ese es el hueco que ChildFund señala. Yil Wood, especialista de Incidencia y Protección a la Niñez, advirtió que “ambas estrategias reflejan la importancia que ha adquirido la seguridad digital en la agenda pública. Sin embargo… no garantizan por sí solas una protección efectiva”.
El control de la infraestructura y de los datos no está en manos del gobierno que emite el decreto, sino de las plataformas tecnológicas que alojan los contenidos y administran las cuentas de los menores. Por eso la organización insiste en la corresponsabilidad: “La regulación es un paso importante, pero debe complementarse con educación digital, participación de las familias, fortalecimiento de salud mental y mayor corresponsabilidad de plataformas tecnológicas, con supervisión, transparencia y rendición de cuentas”, dijo Wood. Es decir, el decreto puede ordenar retiros de contenido, pero no rediseñar por sí solo entornos seguros “por diseño”.
La magnitud del problema que la organización usa como base es verificable en sus propias cifras: 1.6 millones de niños, niñas y adolescentes —1 de cada 8— sufrieron abuso o explotación sexual digital en lo que va de 2026, según datos que la organización atribuye al Inegi y a Unicef. El 40.6% de las víctimas son mujeres y el 64% de los agresores son personas cercanas, como parejas, amistades o familiares. Menos del 1% denuncia ante las autoridades, lo que deja una cifra negra que ninguna restricción de celulares en el aula corrige por sí misma.
Adriana Castillo López, presidenta del Consejo de ChildFund México, resumió la crítica a la lógica prohibicionista: “No sólo es prohibir o quitar (la tecnología), sino es acompañar en los procesos y equipar a las escuelas… se trata de enseñar, formar y desarrollar”. La distinción importa porque el decreto y la restricción escolar actúan sobre el acceso, no sobre las condiciones en que ocurre el daño.
ChildFund también ubicó a México en el rezago regional. Frente a España y Brasil, que avanzaron hacia marcos legales vinculantes en derechos digitales e inteligencia artificial, el país sigue sin ley general. Wood hizo un llamado al Congreso por el retraso en iniciativas y por la expedición de esa norma. José Antonio Monroy, director de país, añadió que “ninguna organización sola, ni el propio gobierno, lo van a detener. Tenemos que ser todos juntos los que acabemos con el problema de forma integral”.
Qué sigue
El siguiente paso es legislativo y depende del Congreso de la Unión: la expedición de la Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales que ChildFund reclama. La organización también planteó una serie de acciones para que los lineamientos federales tengan “un enfoque de protección”: una consulta nacional que integre directamente a niñas, niños y adolescentes en las políticas públicas; reglas claras para restringir contenidos de riesgo y proteger la privacidad; fortalecimiento de capacidades técnicas de las autoridades responsables, y espacios permanentes de diálogo y colaboración.
Queda por verse si el Ejecutivo convierte su decreto en una iniciativa con rango de ley o si el tema se queda en la arena administrativa. La evidencia disponible no permite saber si existe ya una propuesta formal en el Congreso ni su estado de discusión; ese dato falta para medir la distancia entre el llamado de la organización y una decisión legislativa concreta. Lo que sí está claro es que el actor que controla los contenidos —las plataformas— no enfrenta todavía obligaciones vinculantes equivalentes a las que se exigen al Estado.