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Perú eleva penas por ciberdelitos hasta 20 años y suma IA como agravante
El Decreto Legislativo 1744 castiga con cárcel a quienes presten cuentas o billeteras digitales y faculta a la PNP a geolocalizar dispositivos en investigaciones por delitos informáticos.
Perú promulgó el Decreto Legislativo 1744, que eleva las penas por ciberdelitos hasta 20 años, tipifica el uso de inteligencia artificial como agravante y sanciona a quienes prestan cuentas bancarias o billeteras digitales para extorsiones. También otorga a la PNP facultades de geolocalización en tiempo real. La norma modifica la Ley 30096 y el Código Penal, y plantea un debate sobre vigilancia y
El Poder Ejecutivo del Perú formalizó un giro en su política criminal digital con la publicación del Decreto Legislativo 1744, que eleva las penas por ciberdelitos hasta los 20 años de cárcel, incorpora el uso de inteligencia artificial como circunstancia agravante y habilita a la Policía Nacional del Perú (PNP) a solicitar la geolocalización en tiempo real de dispositivos electrónicos durante investigaciones. La norma, que modifica la Ley 30096 de Delitos Informáticos y el Código Penal, busca golpear la infraestructura logística de las redes de extorsión y fraude que operan con herramientas digitales.
El decreto castiga con las mismas penas severas a quienes presten o cedan sus cuentas bancarias o billeteras virtuales para canalizar dinero de extorsiones. El artículo 200 del Código Penal, según el texto difundido, equipara la responsabilidad de estos colaboradores con la de los autores directos, en un intento por asfixiar la cadena de pagos que sostiene a las organizaciones criminales. La medida apunta a un eslabón que hasta ahora solía recibir sanciones menores: los titulares de cuentas que, de manera voluntaria o por coacción, facilitan el flujo de fondos ilícitos.
En el terreno de los delitos informáticos, la norma reforma los artículos 2 y 11 de la Ley 30096. El acceso no autorizado a sistemas mantiene una sanción base de 1 a 4 años, pero las penas suben a un rango de 3 a 6 años cuando la intrusión vulnera credenciales, tokens de verificación o mecanismos de identidad digital en aplicaciones móviles y plataformas bancarias. Además, se tipifica la suplantación de identidad para tramitar licencias de armas y se castiga el registro falso sobre robo o pérdida de armamento, vinculando el cibercrimen con el mercado negro de armas.
La inteligencia artificial aparece por primera vez como agravante explícita: los jueces podrán aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal cuando el agente emplee IA o tecnologías similares para delinquir. El mismo artículo 11 prevé incrementos de hasta la mitad si el delito lo comete un integrante de una organización criminal, si se vulneran activos críticos nacionales o si se abusa de una posición privilegiada de acceso a datos reservados. La redacción deja un margen interpretativo sobre qué se considera exactamente "inteligencia artificial" y cómo se probará su uso en juicio, un punto que podría generar litigios.
El otro eje del decreto es la geolocalización policial. La modificación del Decreto Legislativo 1182 faculta a la unidad especializada de la PNP a pedir el acceso en tiempo real a la localización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos cuando se investigue cualquier infracción comprendida en la Ley de Delitos Informáticos. La medida amplía la capacidad probatoria de la policía, pero también abre un flanco de debate sobre privacidad y control judicial: el texto no detalla si la geolocalización requerirá autorización previa de un juez o si bastará con la solicitud fiscal.
La lectura
El decreto consolida una tendencia regional: los Estados buscan responder a la sofisticación del crimen organizado digital con herramientas penales más duras y facultades de vigilancia ampliadas. En el caso peruano, el Ejecutivo controla la iniciativa normativa y la PNP gana acceso a datos de localización, mientras que los operadores de telecomunicaciones y las plataformas financieras quedan en el centro de la ecuación, pues son ellas quienes almacenan la información que la policía podrá requerir. Los derechos en juego son la privacidad y la intimidad, pero también la libertad económica de quienes usan billeteras digitales, que podrían volverse más cautelosos al prestar sus cuentas por temor a sanciones severas.
La norma no crea un organismo de supervisión independiente para las solicitudes de geolocalización, ni define con precisión los estándares probatorios para el agravante de IA. Esos vacíos serán el terreno de disputa judicial y política en los próximos meses.
Qué sigue
El Poder Judicial y el Ministerio Público deberán adecuar sus protocolos para aplicar las nuevas penas y las solicitudes de geolocalización. El Congreso podría revisar el alcance de las facultades policiales si surgen cuestionamientos de constitucionalidad. Asimismo, queda pendiente la reglamentación que precise cómo se acreditará el uso de inteligencia artificial en los procesos penales, un elemento que la propia norma deja abierto y que podría definir su eficacia real.