TECNOLOGÍA · MEDIUM
Senadora de Morena propone ampliar violencia digital a deepfakes e IA
Olga Patricia Sosa Ruíz presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias e incluir agresiones generadas con inteligencia artificial. La propuesta fue turnada a tres comisiones del Senado.
La senadora de Morena Olga Patricia Sosa Ruíz presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias e incorporar en la definición de violencia digital los deepfakes, la suplantación de identidad y la manipulación de imágenes con inteligencia artificial. El proyecto fue turnado a las comisiones para la Igualdad de Género, Derechos Digitales y E
La senadora de Morena Olga Patricia Sosa Ruíz presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias con el fin de incorporar en la definición legal de violencia digital las agresiones cometidas mediante inteligencia artificial, como los deepfakes y la suplantación de identidad. El movimiento tiene significado público porque mueve la discusión de la difusión de contenido íntimo sin consentimiento —el terreno que ocuparon las reformas conocidas como Ley Olimpia— hacia un catálogo de conductas que la tecnología generativa volvió accesibles: clonación de voces, videos manipulados, contenido íntimo falso y alteración de fotografías.
La iniciativa busca reformar los artículos 6, 20 Quáter y 38 de la ley para que la definición de violencia digital contemple conductas realizadas mediante inteligencia artificial, tecnologías emergentes y mecanismos electrónicos de suplantación. Según el documento presentado por la legisladora, la definición abarcaría acciones ejecutadas a través de tecnologías de la información, plataformas, redes sociales, aplicaciones y servicios de mensajería que causen daños psicológicos, emocionales, sexuales o a la reputación de las mujeres. A esas conductas se suman, en el planteamiento de la senadora, las campañas de desprestigio, la difusión de datos personales y el espionaje digital.
El contexto que la propia iniciativa invoca es de escala. De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso del Inegi, 10.6 millones de mujeres de 12 años y más usuarias de internet fueron víctimas de ciberacoso durante 2024. Sosa Ruíz también retomó datos de organismos internacionales: en diciembre de 2025, Naciones Unidas en México informó que, según ONU Mujeres, 95 por ciento de los deepfakes sexuales que circulan en internet representan a mujeres, y citó una estimación del UNFPA de 2021 según la cual nueve de cada 10 mujeres en América Latina han experimentado alguna forma de violencia facilitada por la tecnología.
La lectura política
Sosa Ruíz reconoció que las reformas de la Ley Olimpia representaron un avance, pero argumentó que la evolución tecnológica exige revisar los alcances de la legislación. Ese reconocimiento importa políticamente: la senadora no presenta su propuesta como una corrección a un marco fallido, sino como una actualización de un piso legal que su propio partido y el Congreso reivindican como logro. El encuadre le permite reclamar continuidad con una agenda de alto consenso social sin abrir un flanco de confrontación con quienes impulsaron esas reformas.
El margen que gana Morena con la iniciativa es de agenda: coloca en el Senado un tema con respaldo social amplio y difícil de rechazar en abstracto, en un terreno —derechos digitales de las mujeres— donde la discusión pública suele ir por delante de la ley. El margen que pierde, si el proyecto se estanca, es de credibilidad: una iniciativa de este tipo anunciada y no dictaminada queda disponible para que la oposición o los colectivos feministas la usen como medida de la distancia entre discurso y resultado legislativo.
El cambio institucional, si prospera, no sería sólo simbólico: obligaría a las autoridades a incorporar estas conductas en las obligaciones de prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de la violencia digital. Ahí está el punto sensible. Ampliar la definición legal sin mecanismos de investigación técnica —peritajes sobre contenido sintético, trazabilidad de la suplantación, coordinación con plataformas— puede producir un catálogo de derechos sin capacidad estatal de acreditarlos. La evidencia disponible no permite saber si la iniciativa incluye disposiciones sobre carga de la prueba, plazos de retiro de contenido o atribuciones específicas para fiscalías; ese es el elemento que falta para evaluar su alcance real.
El turno a tres comisiones —para la Igualdad de Género, Derechos Digitales y Estudios Legislativos Primera— anticipa la ruta y también el riesgo. La materia cruza género, telecomunicaciones y técnica legislativa, lo que multiplica los puntos de veto y los tiempos. Ninguna de esas comisiones tiene, por sí sola, incentivo para acelerar un dictamen que no forma parte de una negociación presupuestal o de una prioridad de la coalición gobernante.
Qué sigue
La iniciativa deberá dictaminarse en las comisiones mencionadas antes de llegar al pleno del Senado. No hay, en la evidencia disponible, fecha comprometida ni señal de que el grupo parlamentario de Morena la haya inscrito como prioridad de periodo. Lo que debe observarse es concreto: si las comisiones convocan a audiencia con especialistas en violencia digital y derechos digitales, si el dictamen conserva la mención explícita a la inteligencia artificial o la diluye en fórmulas genéricas sobre "tecnologías de la información", y si incorpora obligaciones verificables para las autoridades. Sin esos tres elementos, la reforma quedaría como declaración de principios en una ley que ya reconoce la violencia digital en términos generales.