Sheinbaum mira a Brasil para regular scrolling y algoritmos en México

La presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa una pregunta que hasta ahora se resolvía en los tribunales y en las mesas de las empresas tecnológicas: quién decide cuánto tiempo pasa un menor frente a una pantalla y qué algoritmos alimentan ese tiempo. Sheinbaum planteó revisar la legislación de Brasil sobre plataformas digitales para evaluar su posible adaptación a México, en particular los mecanismos que mantienen a los usuarios conectados de manera continua.

El interés no es abstracto. La legislación brasileña vigente desde marzo establece medidas de protección para menores de edad en plataformas digitales, entre ellas restricciones a mecanismos que fomentan el uso compulsivo, como el desplazamiento infinito de contenidos —el scrolling— y la reproducción automática de videos, además de controles de edad y herramientas de supervisión parental. Es decir, pone el foco en el diseño del producto, no solo en el contenido que circula por él.

"Ellos tienen una legislación muy estricta relacionada con el scrolling, el famoso scrolling. Entonces, sí nos interesa saber, pues, cuál es su legislación, y adaptarla a México, no se trata de copiar, pero sí escuchar qué fue lo que, cómo han avanzado ellos, y ver si es factible desarrollarlo en México", afirmó la mandataria.

La lectura

El planteamiento ocurre después de que el Gobierno federal publicó, el 14 de octubre, un decreto que obliga a las plataformas digitales a adoptar medidas para impedir que los menores de edad reciban contenidos violentos o de riesgo mediante sus sistemas de recomendación. Ese decreto concede a las empresas 30 días naturales para informar sobre las medidas implementadas y prevé la elaboración de propuestas adicionales para regular las plataformas. La secuencia importa: primero el Ejecutivo apretó a las empresas por la vía administrativa; ahora la presidenta explora el terreno legislativo con un modelo extranjero como referencia.

El control de la infraestructura y de los datos sigue en manos de las plataformas: son ellas las que diseñan el scrolling, la reproducción automática y los sistemas de recomendación que ordenan lo que millones de personas ven cada día. Lo que se discute es si el Estado puede imponer límites al diseño de esos productos y no solo a sus contenidos. Sheinbaum también consideró que debe discutirse la regulación de los algoritmos y la inteligencia artificial, y su posible influencia en los procesos electorales. Ahí el asunto deja de ser protección de menores y entra en el terreno de la competencia política y la formación de la opinión pública.

La mandataria fue explícita sobre los límites de tiempo: "Sí, en una regulación para los algoritmos para la inteligencia artificial. Hay que discutirlo. De todas maneras, ya no se puede legislar sobre lo electoral en este momento". La presidenta distinguió las restricciones para modificar la legislación electoral de la posibilidad de establecer nuevas disposiciones sobre el funcionamiento de las empresas tecnológicas. "Repito, no son unos actores que estén involucrados en el proceso electoral, entonces esta posibilidad de regular a las plataformas digitales, pues, sigue viva", manifestó.

En esa lectura, corresponde al Instituto Nacional Electoral revisar la actuación de las plataformas en los procesos electorales, y la presidenta sostuvo que deben denunciarse públicamente los posibles intentos de manipulación de la opinión ciudadana. Es una delimitación de competencias que deja la puerta abierta a una regulación tecnológica más amplia, pero no a un cambio de las reglas electorales en curso.

El expediente se completa con otro frente que la propia Sheinbaum recordó: su Administración ha planteado discutir los efectos del uso de teléfonos celulares en las escuelas y la exposición de menores de edad a contenidos de riesgo en internet. Son piezas de una misma discusión sobre quién responde por el entorno digital de los menores: las familias, las escuelas, las empresas o el Estado.

Lo que la evidencia no permite afirmar es el contenido exacto de una eventual iniciativa mexicana, ni si el modelo brasileño sería adoptado completo o solo en partes. Tampoco hay indicios de un calendario legislativo. La referencia a Brasil funciona por ahora como marco de comparación, no como borrador confirmado.

Qué sigue

El primer plazo corre para las plataformas: deben informar en 30 días naturales las medidas adoptadas tras el decreto del 14 de octubre, y el gobierno prevé elaborar propuestas adicionales de regulación. En paralelo, la discusión sobre algoritmos e inteligencia artificial queda abierta, con la pregunta de si México optará por restringir el diseño de los productos digitales —como el scrolling infinito— o se limitará a la supervisión de contenidos. El INE, por su parte, queda señalado como la instancia que debe vigilar la actuación de las plataformas en el proceso electoral en curso. La decisión pública que sigue es si el Ejecutivo convierte la referencia brasileña en una iniciativa formal y con qué alcance.