Alcalde de Celaya se registra en Morena y perfila reelección en 2027

El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, confirmó que se registró el sábado a las cinco de la tarde para buscar la coordinación municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena. El cargo es partidista y organizativo: no es una candidatura, no aparece en una boleta y no obliga a nadie a votar por él. En la práctica, sin embargo, funciona como el primer filtro de la sucesión local y coloca al edil en posición de disputar la reelección en 2027, cuando Guanajuato renueva su ayuntamiento y su gubernatura.

La distinción importa porque el calendario formal todavía no abre. Ramírez Sánchez ubicó la definición entre finales de noviembre y el 31 de diciembre, y recordó que los registros de candidatos comienzan en enero o febrero. El método, según su propia descripción, es una encuesta de hasta mil personas. De ahí su insistencia en que no hará campaña: "No sé si son candidaturas, lo que sí sé es que yo no voy a hacer campaña", dijo. La reelección municipal consecutiva está permitida desde la reforma de 2018, con dos condiciones: un solo periodo adicional y la postulación del mismo partido.

Una contienda interna con reglas desiguales

El proceso no está vacío. También se registraron los diputados locales Antonio Chaurand Sorzano y Martha Edith Moreno Valencia; los regidores Liliana Celedón Serrano y Miguel Villanueva Floresvillar; Gerardo Sierra Ríos, quien renunció a la Dirección Regional de Programas para el Bienestar después de casi ocho años en el cargo; y, entre otros nombres reportados, la activista Eme Quevedo. La lista definitiva sigue pendiente de validación por los órganos internos de Morena.

Sierra Ríos puso el dedo en la asimetría: la convocatoria, dijo, exige condiciones distintas a quienes ocupan funciones administrativas y a los representantes populares. Él tuvo que separarse del puesto; los legisladores y regidores siguen en el suyo. Celedón confirmó que no pedirá licencia y que continuará con sus responsabilidades en el Ayuntamiento. En términos legales, la coordinación municipal no es un cargo de elección popular, así que este proceso no activa por sí mismo los plazos de precampaña ni las obligaciones de licencia que la ley electoral prevé para quienes contienden; la asimetría que describe el exfuncionario remite a las reglas de la convocatoria, no a una obligación legal general.

Ramírez Sánchez administró el margen: dijo no estar aferrado a un segundo periodo y ofreció hacerse a un lado si aparece un perfil mejor. Fue una señal de disciplina interna de bajo costo, dirigida a la militancia que decidirá la encuesta y a los competidores que, como Chaurand, ya anticiparon que respaldarían al alcalde si Morena lo postula.

La lectura política

El movimiento ordena la sucesión local antes de que el calendario electoral fije las reglas. Al mantener la definición en el terreno de la encuesta y no en el de la precampaña, Morena conserva discrecionalidad sobre tiempos, método y elegibilidad de género —un punto que Celedón admitió que sigue sin resolverse—, mientras los aspirantes compiten sin quemar capital formal.

Los incentivos son distintos para cada actor. Para Ramírez Sánchez, la coordinación es el vehículo hacia la reelección y, a la vez, una plataforma: conserva la administración, sus programas —Esperanzarte, La Esperanza nos Liga, la plantación de árboles— y la bandera de seguridad, además del seguimiento a proyectos federales como el tren de pasajeros, el hospital del IMSS y el Polo de Desarrollo del Bienestar. Sin licencia de por medio, el cargo público y la aspiración se alimentan mutuamente.

Para Chaurand y Celedón, competir es apuesta y seguro: si gana el alcalde, quedan dentro del proyecto; si no, se posicionan para la siguiente. Para Sierra Ríos, la desventaja estructural —dejó el cargo— se compensa con un argumento de equidad y con el conocimiento territorial que reivindica tras ocho años de recorridos. Su reclamo no es menor: instala ante la militancia la pregunta de si el proceso mide apoyos o mide cargos.

La señal hacia 2027 es doble. Celaya es pieza sensible en un estado donde Morena busca disputar el bastión panista, y la forma en que resuelva su candidatura municipal se leerá como prueba de su capacidad de ordenar sin fracturas. También se leerá como ensayo del método: si la encuesta destraba la sucesión, el precedente se replicará en otros municipios.

El límite conviene tenerlo claro: nadie es candidato todavía. La reelección exige que Morena lo postule y que el registro se formalice ante el organismo electoral local. Falta información para sostener más: la convocatoria completa, el número de registrados y la fecha exacta del ejercicio no están disponibles, de modo que no puede afirmarse si la encuesta es vinculante o sólo indicativa.

Qué sigue

Los órganos internos de Morena deben validar los registros y la lista definitiva de participantes. Después viene la encuesta de hasta mil personas y la definición, que el alcalde ubicó entre finales de noviembre y el 31 de diciembre. En enero o febrero de 2027 abren los registros formales de candidatos; para entonces se sabrá si la coordinación fue el mecanismo que ordenó la sucesión o el punto donde la disputa local se descompuso.