Alito acusa a Morena de armar red en el INE rumbo a 2027

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, responsabilizó a Morena de la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y sostuvo que el partido oficialista construyó una estructura de contratos y nombramientos para intervenir en los comicios de 2027. La acusación se produce después de que Taddei renunciara al cargo entre señalamientos por contratos y conflicto de intereses, y coloca al árbitro electoral en el centro de la disputa política de la próxima sucesión.

Moreno afirmó que la presunta red habría operado en más de 20 entidades mediante contratos y nombramientos en áreas administrativas y de fiscalización. El líder priista exigió que la salida de Taddei no cierre las investigaciones sobre contratos, proveedores y colocación de funcionarios. También sentenció que Taddei, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el grupo La Barredora “son Morena”, una fórmula que busca asociar al partido en el poder con casos de distinta naturaleza.

La respuesta del oficialismo no es uniforme. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la renuncia como “una buena decisión” y pidió una auditoría que revise licitaciones anteriores a la gestión de Taddei y también a organismos estatales, ante señalamientos de que proveedores habrían concentrado adjudicaciones durante más de dos décadas. Morena sostiene que Taddei no pertenece al partido y que la corrupción en el INE se enquistó en el pasado. En contraste, el vicecoordinador de Morena en Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó determinar responsabilidades administrativas y penales contra la exconsejera, y Ricardo Monreal advirtió que la renuncia no excluye su “probable responsabilidad” en la asignación de contratos.

El punto más delicado de la acusación es el registro de 2023. Taddei fue elegida presidenta del INE por insaculación en la Cámara de Diputados para el periodo 2023-2032, luego de que las bancadas no lograron consenso para designar a cuatro consejeros. La alianza Va por México rechazó el método del sorteo, aunque aceptó el resultado del procedimiento. Medios de la época reportaron que dos de los cuatro consejeros electos, entre ellos Taddei, tenían vínculos con Morena. Esa pieza alimenta la versión opositora, pero no equivale a una resolución sobre irregularidades administrativas.

La lectura política

La acusación de Moreno cumple una función práctica antes que jurídica: instala la idea de que el INE fue capturado por Morena y que la renuncia de Taddei es una salida política, no una rendición de cuentas. En términos legales, no existe hasta ahora resolución administrativa o judicial que acredite la “estructura criminal” que denuncia el PRI; las acusaciones más fuertes provienen de dirigentes opositores. En términos políticos, el movimiento coloca al árbitro electoral en el debate de 2027 y obliga al oficialismo a administrar la salida de su propia designada.

El incentivo del PRI es claro: Moreno necesita un tema nacional que ordene a su partido en los 17 estados con elecciones en 2027 y que le permita presentarse como el actor que exige rendición de cuentas. La acusación también envía una señal a los aliados de Va por México: el PRI quiere capitalizar el desgaste del INE sin cargar con el costo de haber avalado el método de designación. El límite es que la oposición aceptó el resultado del sorteo en 2023, lo que debilita la narrativa de una imposición unilateral.

Para Morena, el cálculo es distinto. La renuncia de Taddei permite cerrar un frente incómodo, pero la auditoría que pide Sheinbaum puede extenderse a proveedores y organismos estatales, incluidos gobiernos del propio partido. El oficialismo enfrenta un dilema: si minimiza el caso, la oposición lo acusará de encubrimiento; si lo profundiza, la revisión puede alcanzar a sus propios cuadros. La salida de Taddei no resuelve el problema de fondo, lo traslada al terreno de la fiscalización.

El caso también anticipa una disputa por la integración del INE. La renuncia deja vacante la presidencia y obliga a la Cámara de Diputados a definir el relevo en un contexto de desconfianza entre bancadas. La designación del nuevo titular será una prueba de si el consenso político es posible o si el árbitro electoral vuelve a quedar atrapado en la lógica de cuotas partidistas.

Qué sigue

La Auditoría Superior de la Federación anunció que investigará de oficio al INE por presunto uso indebido de recursos públicos. Los resultados de esa auditoría y de cualquier procedimiento posterior determinarán si hubo irregularidades y quién responde por ellas. En paralelo, la Cámara de Diputados deberá definir el procedimiento para cubrir la vacante en la presidencia del INE, mientras las bancadas negocian si repiten el método de insaculación o buscan un acuerdo por votación. El caso ya es parte de la disputa rumbo a 2027, con el INE en el centro.