Alito exige a Taddei renunciar al INE: presión con cálculo rumbo a 2027

El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, exigió el 20 de octubre que Guadalupe Taddei deje la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) si no aclara los señalamientos de presunta corrupción y conflicto de intereses que involucran a su entorno. La demanda no es un trámite administrativo: convierte la elección de 2027 en una disputa anticipada por el árbitro que habrá de organizarla y coloca al PRI en el papel de vigilante de la autonomía institucional, un sitio que el partido no ocupaba con comodidad desde hace años.

Moreno sostuvo que la autonomía, la imparcialidad y la credibilidad del INE deben protegerse por encima de cualquier interés político o personal, y que la confianza de los mexicanos en las instituciones pesa más que la permanencia de cualquier funcionario. Pidió investigación exhaustiva, transparencia y determinación de responsabilidades, y acusó que en un organismo encargado de garantizar elecciones libres no debe haber "silencio, evasivas ni encubrimientos".

El expediente que se usa como palanca

Los señalamientos públicos están dispersos y, hasta ahora, sin resolución definitiva contra la consejera presidenta. Un informe del Órgano Interno de Control (OIC) del primer semestre de 2026 —difundido en la columna de Mario Maldonado en Sonora Presente— reportó inconsistencias al cotejar documentos entregados en auditorías con las áreas que los generaron y derivó en una denuncia; el documento no identifica a los presuntos responsables ni precisa el avance del procedimiento. El mismo recuento menciona una sanción por nepotismo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de ocho años de inhabilitación y 350 mil 657 pesos, sin detallar quién la recibió ni si la resolución quedó firme.

A ese cuadro se suma el paso de Jesús Octavio García González por la Dirección de Administración del INE: llegó en septiembre de 2025 después de representar a Cajas Graf y Corporativo Zeg, y dejó el cargo en abril en medio de una denuncia por posible conflicto de interés. La relación con la proveedora se remonta a Sonora, donde Cajas Graf obtuvo un contrato de 46.9 millones de pesos en 2021, cuando Taddei presidía el instituto estatal. En febrero de 2025 el INE declaró desierta una licitación por incumplimientos técnicos de Cajas Graf y TOL; después ambas firmas recibieron una adjudicación directa de 195.1 millones de pesos, según publicaciones periodísticas. La declaración patrimonial de la consejera, presentada el 26 de agosto, mantiene testados bienes, inversiones y cuentas bancarias.

Taddei ha sostenido que el instituto acatará las resoluciones de la Auditoría Superior de la Federación y del OIC; el 7 de mayo, interrogada sobre si promovió algún contrato, respondió a un reportero: "Me parece usted muy majadero". Ninguno de esos elementos constituye por sí mismo una falta acreditada contra ella.

La lectura política

El movimiento cumple una función práctica distinta de su forma: no es una candidatura ni una precandidatura, es posicionamiento. Moreno no tiene facultades para destituir a nadie; la remoción de una consejera electoral pasa por la Cámara de Diputados, con dos terceras partes y por faltas graves, además de los cauces administrativos y judiciales. Lo que el dirigente construye es el eje temático con el que el PRI quiere entrar a 2027: la defensa del árbitro como bandera, en un año donde el partido apuesta por disputar 17 gubernaturas y arrebatar la mayoría calificada al bloque oficialista, según ha declarado. La exigencia obliga al oficialismo a elegir entre respaldar o no a la presidenta del INE, y fija agenda antes de que se discutan fiscalización, coaliciones y encuestas.

El cálculo tiene costo. El PRI carga con su propio historial de nombramientos cuestionados y la exigencia puede leerse como golpeteo si no hay resolución firme. El dirigente se mueve, eso sí, en su terreno conocido: lleva semanas repartiendo posiciones y destapes para 2027, como el de Manuel Añorve en Guerrero.

Qué sigue

El primer dato verificable será la respuesta formal del INE y de su Presidencia a la exigencia. Después, el avance del expediente del OIC por los documentos alterados, la firmeza de la sanción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y lo que resuelva la Auditoría Superior de la Federación. Ninguno de esos plazos está público en la evidencia disponible. La presión legislativa —comparecencias o puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados— no está anunciada y falta ese elemento para sostenerla.