ASF audita 179.1 millones del IEE Puebla y abre frente electoral

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) notificó formalmente al Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla para que entregue la documentación integral de las contrataciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2020. La consejera presidenta del organismo, Judith Lozano Pérez, confirmó el requerimiento y lo ubicó dentro de las indagatorias nacionales por la presunta red de duplicidad y concertación de proveedores electorales, expediente en el que Puebla acumula convenios por 179.1 millones de pesos otorgados entre 2014 y 2025 a firmas bajo sospecha.

El dato no es menor: se trata de uno de los montos individuales más altos reportados para una entidad federativa en el bienio 2024-2025, cuando el IEE adjudicó 129.7 millones de pesos a Comercializadora JVLY para suministro de paquetería y materiales de simulacro. Otros 49.4 millones corresponden al periodo 2014-2023 y se habrían repartido entre Formas Finas y Materiales y Corporativo ZEG. La auditoría de la ASF convierte al árbitro electoral poblano en sujeto de revisión federal en un año clave para la organización del proceso 2027.

Lozano Pérez dijo que el IEE colabora en la concentración de archivos y no descartó que las auditorías se extiendan a periodos anteriores. También calificó de lamentable la afectación reputacional al sistema electoral nacional y adelantó que solicitará una mesa de trabajo en materia de seguridad para blindar las candidaturas del próximo proceso comicial, además de dar cauce a 48 procedimientos ordinarios sancionadores vigentes.

El respaldo del gobierno estatal no pasó desapercibido. La Coordinación de Gabinete del Gobierno de Puebla respaldó las investigaciones instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y expuestas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y exigió la apertura total de los expedientes del organismo electoral. El Ejecutivo local se colocó del lado de la fiscalización federal, lo que deja al IEE sin cobijo político visible en el arranque del caso.

La lectura política

El movimiento tiene una función práctica: trasladar al árbitro electoral poblano la carga de probar que sus contrataciones fueron limpias, en un expediente que a nivel nacional ya salpica a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, y a los hermanos Hernández Casillas. Para el IEE, la auditoría no es sólo administrativa: es una prueba de autonomía frente a un gobierno estatal que, en los hechos, se desmarcó y respaldó la revisión federal.

El incentivo del gobierno de Puebla es claro: respaldar la fiscalización le permite reclamar autoridad moral sobre el organismo autónomo y, de paso, marcar distancia de cualquier salpicadura. Para el IEE, en cambio, el margen es estrecho: colaborar sin admitir responsabilidades y sostener la operación del proceso 2027 mientras la ASF revisa sus archivos. La solicitud de una mesa de seguridad para blindar candidaturas funciona, en la práctica, como una señal de que el organismo quiere conservar su papel operativo pese al desgaste.

El equilibrio interno del sistema electoral queda expuesto. La revisión federal no cuestiona aún la validez de comicios pasados ni la elegibilidad de nadie; lo que hace es abrir un frente de fiscalización que puede escalar a procedimientos administrativos y, eventualmente, a responsabilidades. Rumbo a 2027, el caso envía una señal a aliados y adversarios: los contratos de los árbitros locales también serán escrutados, no sólo los de los partidos.

Qué sigue

El IEE debe concentrar y entregar la documentación de 2020 a la ASF en los plazos que fije el requerimiento. Lozano Pérez anticipó que pedirá una mesa de trabajo en seguridad y que dará cauce a 48 procedimientos sancionadores. La ASF definirá si amplía la revisión a otros ejercicios y si el expediente escala a procedimientos resarcitorios. El gobierno estatal, por su parte, queda en posición de exigir resultados públicos de la auditoría.