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ASF audita proveedores electorales de Durango rumbo a 2027
El IEPC informó que la ASF pidió datos sobre adquisiciones y empresas contratadas; el consejero presidente negó irregularidades y advirtió que el mercado de material electoral está concentrado en cuatro o cinco firmas.
La Auditoría Superior de la Federación solicitó al IEPC de Durango información sobre sus adquisiciones y proveedores de material electoral. El consejero presidente del instituto, Roberto Herrera, dijo que es un requerimiento, no una investigación por denuncia, y defendió las licitaciones. La revisión ocurre mientras los organismos electorales preparan los comicios de 2027, que demandarán cientos d
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango información sobre sus adquisiciones y las empresas proveedoras de material electoral. El requerimiento, confirmado por el consejero presidente del organismo, Roberto Herrera Hernández, ocurre en medio de cuestionamientos nacionales sobre la contratación de documentación y materiales electorales, y a poco más de un año de que arranque formalmente el proceso rumbo a 2027.
Herrera explicó que hace aproximadamente 10 días la ASF pidió datos sobre las compras efectuadas, los productos adquiridos y las empresas contratadas. Aclaró que hasta este lunes se trataba de un requerimiento de información, no de una investigación derivada de una denuncia o de una irregularidad detectada en el instituto. Esa distinción importa: un requerimiento de información es una facultad de fiscalización, no una imputación. Pero también importa que la ASF haya decidido ejercerla en un momento de escrutinio nacional sobre quién provee boletas y materiales.
El consejero presidente negó que el IEPC haya recibido instrucciones para contratar con determinadas empresas. Sostuvo que las adquisiciones de mayor monto se someten a licitación pública nacional, conforme a la normatividad, y que el procedimiento permite la participación de compañías interesadas y evita la designación directa de proveedores. Reconoció, sin embargo, que el mercado de producción de documentación y material electoral está concentrado en apenas cuatro o cinco empresas, por lo que los organismos de las 32 entidades federativas necesariamente recurren a ese grupo reducido.
Esa concentración es el dato que más pesa para la lectura pública del caso. Si el universo de proveedores es de cuatro o cinco firmas, la competencia efectiva en cada licitación es limitada por definición, y cualquier revisión de la ASF termina observando a los mismos actores en múltiples entidades. Herrera advirtió que una eventual irregularidad de una empresa en alguna entidad no implica automáticamente que sus contratos con otros organismos electorales también hayan sido indebidos. Es una advertencia razonable, pero también una defensa anticipada del modelo de contratación que comparten los institutos.
Sobre 2027, el consejero consideró que la revisión de las contrataciones nacionales podría derivar en criterios para definir con qué empresas podrán trabajar los organismos electorales. Advirtió que la demanda de documentación será considerable, debido a los procesos locales y federales previstos, para los que se requerirán cientos de millones de boletas y materiales. Es decir, la fiscalización de hoy puede convertirse en el marco de contratación de la elección más grande del sexenio.
Respecto a las compras del IEPC durante su gestión, Herrera aseguró que el instituto ha tenido seis años consecutivos con Cuentas Públicas aprobadas y que es fiscalizado por el INE, la Contraloría del Estado, la Contraloría Interna, la ASF y la Auditoría Superior del Estado. También defendió la adquisición de guayaberas con distintivos de comunidades originarias y el logotipo institucional, al señalar que forman parte de la identificación del organismo y que su contratación se realizó con transparencia.
La lectura política
El movimiento de la ASF no es una acusación, pero funciona como una señal de que la fiscalización de los organismos electorales entra en una fase de escrutinio sobre proveedores, no solo sobre gasto. En términos formales, el IEPC no está bajo investigación por irregularidad; en términos prácticos, queda expuesto a que la revisión de sus compras se lea en clave nacional.
El incentivo de la ASF es preventivo y de ordenamiento: si detecta criterios inconsistentes entre entidades, puede emitir recomendaciones que homogenicen la contratación antes de 2027. El incentivo del IEPC es preservar su autonomía y su reputación frente a un requerimiento que no solicitó. El consejero presidente respondió con un argumento de mercado —la concentración de proveedores— que desplaza la responsabilidad individual hacia una estructura industrial compartida por los 32 organismos.
El equilibrio interno del sistema electoral se juega en quién fija los criterios de contratación para 2027. Si la ASF formula observaciones, los institutos locales ganan un argumento para exigir reglas comunes; si no las formula, el mercado concentrado queda ratificado sin cambios. En ambos escenarios, los proveedores actuales son los mismos cuatro o cinco actores.
La consecuencia electoral es indirecta pero real: la confianza en la boleta depende, en parte, de que la cadena de producción sea trazable y competitiva. Un requerimiento de información no altera por sí solo la elección, pero coloca el tema de los proveedores en la agenda de cara a 2027 y obliga a los organismos a documentar lo que antes se daba por supuesto.
Qué sigue
La ASF revisará la información entregada por el IEPC y determinará si formula observaciones o recomendaciones. El instituto deberá responder en los plazos que fije el requerimiento. En paralelo, los organismos electorales de las 32 entidades preparan sus calendarios y presupuestos para 2027, y la eventual emisión de criterios nacionales sobre proveedores podría conocerse antes del arranque formal de los procesos locales y federales.