ASF detecta daño de 63 mdp en contratos del INE y presiona la sucesión

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que el Instituto Nacional Electoral (INE) pagó 63 millones de pesos a Comercializadora JVLY por materiales de capacitación para la elección de 2024 sin poder acreditar que el servicio se prestó. El informe, divulgado el 3 de noviembre de 2026, presume un daño al erario y documenta que los recursos terminaron en 12 compañías, personas físicas y una financiadora sin relación con el contrato. El hallazgo no es un trámite menor: toca el corazón operativo de la elección federal y llega cuando la presidencia del INE ya está bajo escrutinio público.

La revisión del contrato INE/011/2024 encontró que el Instituto no entregó a los auditores la documentación de la investigación de mercado con la que eligió al proveedor. La ASF determinó que el INE no pudo acreditar la prestación del servicio por el que pagó 63 millones de pesos. Comercializadora JVLY tampoco presentó costos, gastos, personal ni terceros contratados. Los auditores rastrearon transferencias a nueve empresas, dos de ellas no localizadas en sus domicilios, y una segunda capa de triangulación hacia tres compañías, personas físicas y una sociedad financiera de objeto múltiple (Sofome) llamada QUANT Capital.

El desfase entre lo pagado y lo entregado tiene huellas concretas. En visitas a vocalías de capacitación electoral, los auditores encontraron que no se entregaron más de 900 mil materiales. Los registros de recepción eran hechos a mano porque el personal no contaba con sistemas informáticos de control. En Tabasco los acuses no correspondían con lo estipulado; en Chiapas las cantidades no eran legibles y faltaban nombres; en San Luis Potosí no se especificaba tipo ni cantidad de material. La empresa declaró cumplimiento ante el IMSS, pero no registró trabajadores.

El expediente también dibuja una red de proveedores que ya había sido señalada. Comercializadora JVLY comparte apoderado con Cajas Graf, empresa vinculada a Alfredo Hernández Casillas, cercano a la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Fernando Fernández Parra fue apoderado de JVLY entre 2018 y 2021 y, casi en paralelo, de Cajas Graf entre 2018 y 2025. La ASF no formula en este informe una imputación penal contra Taddei ni contra funcionarios del INE; lo que acredita es la falta de comprobación del servicio y la dispersión de recursos.

La lectura política

El informe funciona, en la práctica, como un nuevo capítulo de la presión sobre la presidencia del INE en un momento de sucesión anticipada. La ASF ya había abierto investigaciones de oficio por contrataciones del Instituto, y este dictamen convierte una sospecha general en un monto concreto y verificable. El daño de 63 millones de pesos es pequeño frente al presupuesto electoral, pero su valor político es alto porque conecta la fiscalización con la discusión sobre quién debe conducir al árbitro rumbo a 2027.

Los incentivos son claros. Para el gobierno federal y para Morena, el hallazgo refuerza el argumento de que el INE requiere una conducción distinta; para la oposición, confirma que la fiscalización puede usarse como herramienta de desgaste. Para Taddei, el informe estrecha su margen de maniobra y complica cualquier intento de permanencia o de influir en la sucesión. Para los consejeros que deben resolver la presidencia, el costo de respaldarla aumenta.

No hay aún una candidatura formal ni una precandidatura de facto en juego dentro del INE: lo que se dirime es el control administrativo de un organismo que organiza la elección presidencial de 2027. El informe no cambia por sí solo la integración del Consejo General, pero sí altera el equilibrio interno y la señal que reciben aliados y adversarios sobre la viabilidad política de la actual presidencia.

Qué sigue

La ASF tiene plazo para turnar el expediente a la Unidad de Responsabilidades y, en su caso, al Ministerio Público. El Consejo General del INE deberá pronunciarse sobre el informe y sobre las responsabilidades administrativas que se deriven. La sucesión en la presidencia del Instituto sigue su curso y cualquier decisión sobre Taddei se medirá contra este expediente. La elección de 2027 no está en riesgo por este contrato, pero la credibilidad del árbitro sí queda expuesta a una discusión pública que apenas comienza.