INE aprueba voto en prisión preventiva en 21 entidades; 17 eligen gubernatura

La Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la implementación del voto para personas en prisión preventiva en 21 entidades federativas para el proceso electoral 2026-2027. La decisión no crea un derecho nuevo —la figura ya existe en la ley— pero sí ordena su operación en el territorio donde se librarán las contiendas más grandes del calendario: 17 de esas entidades renovarán gubernatura.

El anteproyecto aprobado establece que la modalidad será presencial y anticipada, al interior de los centros penitenciarios que cuenten con infraestructura para instalar mesas receptoras y garantizar la seguridad de las personas y autoridades participantes. El modelo se ejecutará en las 17 entidades con elección de gubernatura y se extenderá a cuatro estados adicionales, hasta sumar 21.

La diferencia entre entidades no es menor. En Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca y San Luis Potosí las personas en prisión preventiva podrán votar por la totalidad de los cargos locales, porque sus legislaciones ya regulan esa modalidad. Michoacán y San Luis Potosí aparecen en ambos supuestos: renuevan gubernatura y, además, permitirán el sufragio para todos los cargos. En el resto de las 17 entidades, el voto se limitará a la elección de gubernatura.

El documento divide la operación en tres etapas: actividades previas al periodo de votación, desarrollo del sufragio y actividades posteriores. En cada fase se desglosan responsabilidades de organismos y áreas, con un cronograma de fechas. Para efectos del voto, el domicilio de las personas en prisión preventiva será el centro penitenciario donde se encuentren recluidas.

La lectura política

El acuerdo funciona, en la práctica, como una decisión de logística electoral con consecuencia política: define dónde se instalarán mesas, quién las operará y bajo qué condiciones de seguridad. No cambia el resultado de ninguna elección por sí mismo, pero ordena un universo de votantes que los partidos suelen ignorar y que, en contiendas cerradas, puede pesar en la elección de gubernatura.

El incentivo inmediato es de las autoridades electorales locales: deberán coordinar con sistemas penitenciarios, que en varias entidades dependen de gobiernos estatales. Esa coordinación abre un punto de fricción previsible entre el INE y las administraciones estatales, sobre todo donde la infraestructura carcelaria es precaria. También obliga a los partidos a decidir si despliegan estructura en los centros penitenciarios o si, por cálculo, dejan ese voto a la organización local.

La señal rumbo a 2027 es doble. Por un lado, el INE consolida una ruta de inclusión electoral que ya tiene precedente en la elección de 2024 y que ahora se amplía territorialmente. Por otro, la medida coloca a las autoridades estatales en posición de responder por condiciones materiales que no controla el árbitro federal, lo que puede derivar en señalamientos cruzados si alguna entidad no logra instalar mesas.

No hay aquí una candidatura ni una precandidatura de facto: el acuerdo no toca nombres ni sucesiones. Lo que sí hace es fijar una regla operativa que puede modificar el tamaño del electorado efectivo en 17 gubernaturas y en seis elecciones locales completas. Es un cambio de reglas de implementación, no de elegibilidad.

Qué sigue

El acuerdo de la Comisión deberá reflejarse en los convenios con las autoridades penitenciarias estatales y en el cronograma de instalación de mesas. La siguiente verificación pública será la publicación del modelo operativo y las fechas de votación anticipada en cada entidad. También queda por verse si las entidades con infraestructura insuficiente quedan fuera o si se habilitan mecanismos alternativos.

El INE deberá informar avances ante su Consejo General y las autoridades locales tendrán que reportar condiciones de seguridad. El plazo relevante es el calendario del proceso 2026-2027: cualquier ajuste debe quedar antes del inicio formal de las campañas.