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ASF investiga de oficio contratos del INE y OPLE por 3 mil 790 millones
Dos grupos empresariales acumularon operaciones con entidades públicas por 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026. El titular de la ASF reportó a diputados redes de vínculos entre empresas y servidores públicos.
La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio sobre irregularidades en contratos del INE y los organismos electorales locales: dos grupos empresariales concentraron 3 mil 790.3 millones de pesos en ese sector entre 2014 y 2026, con registros laborales mínimos o nulos y posibles barreras a la competencia. El alcance toca la fiscalización del árbitro electoral rumbo a 2027
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio sobre irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), tras detectar que dos grupos empresariales acumularon operaciones con entidades públicas por 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026. De ese total, 3 mil 790.3 millones correspondieron a organismos electorales locales, informó su titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel, a diputados durante la entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2025.
El dato no es un hallazgo contable aislado: coloca por primera vez bajo escrutinio formal del brazo fiscalizador del Estado una red de proveedores que operó durante más de una década en el corazón administrativo del sistema electoral mexicano. La ASF identificó que los proveedores de una de las empresas analizadas trabajaron con compañías dedicadas al timbrado de facturas cuyas certificaciones fueron revocadas por operar como factureras, por 21.3 millones de pesos, y que otra de esas empresas está suspendida en el padrón de importadores.
Hernández Palacios describió un patrón que, si se confirma, apunta a una competencia simulada. "La empresa ganadora subcompra a una de las que participan en los procesos de licitación y forman parte de los grupos señalados; además, detectamos registros laborales reducidos o nulos", dijo. El titular de la ASF explicó que se trata de compañías que, a pesar de facturar cientos de millones, cuentan con menos de cinco trabajadores y en algunos casos ninguno.
A eso sumó una línea de investigación sobre "posibles barreras que establecen una competencia desleal para garantizar la adjudicación de los contratos, incidiendo en los precios y en las condiciones, en menoscabo del patrimonio público". Y una más, quizá la de mayor peso político: "identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas".
El alcance territorial es amplio. La investigación de oficio comprende al INE, a todos los OPLE, a las empresas, a sus proveedores y a los servidores públicos que pudieran estar relacionados. La ASF dijo que realiza requerimientos de información para rastrear el origen de estas conductas desde los primeros años en que se establecieron operaciones con organismos electorales.
La lectura política
El movimiento de la ASF tiene una función práctica precisa: trasladar el debate sobre la integridad del sistema electoral del terreno de la descalificación política al de la evidencia documental. En un ciclo donde el árbitro electoral ha sido objeto de señalamientos cruzados, una investigación de oficio con nombre, montos y fechas cambia el costo de la discusión. No es una candidatura ni un acto electoral, pero sí una decisión administrativa que puede alterar la fiscalización, la contratación y la integridad operativa del INE y los OPLE de cara a 2027.
Los incentivos son visibles. Para la ASF, el expediente le permite reivindicar autonomía técnica en un momento de escrutinio sobre su propio desempeño. Para los partidos, abre un flanco que puede usarse tanto para exigir rendición de cuentas como para deslegitimar decisiones del árbitro. Para los OPLE, muchos de ellos en proceso de renovación de titulares y de ajuste presupuestal, la investigación llega como una restricción adicional: cada contrato heredado se vuelve un pasivo político.
El equilibrio interno del sistema electoral queda expuesto. La ASF no sanciona ni determina responsabilidades penales; su mandato es fiscalizador. Lo que cambia es que el origen y la operación de los proveedores electorales dejan de ser un asunto administrativo interno y se convierten en un expediente con consecuencias públicas verificables. Lo que aún no ocurre es una imputación formal: no hay, en la evidencia disponible, resolución que determine responsabilidad de personas específicas.
La señal rumbo a 2027 es doble. Hacia adentro, advierte a los aparatos electorales que la opacidad contractual tiene costo. Hacia afuera, entrega a la oposición y al gobierno un lenguaje técnico compartido para discutir el pasado reciente del INE sin recurrir a la consigna.
Qué sigue
La ASF deberá concluir sus requerimientos de información y determinar si existen observaciones con presunción de daño patrimonial, lo que abriría la vía de la promoción de acciones ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o la Fiscalía. También está por definirse si la investigación alcanza a servidores públicos en funciones o solo a los ya separados de su cargo. El calendario dependerá de la respuesta de las entidades requeridas y de la capacidad del órgano fiscalizador para integrar el expediente antes del arranque formal del proceso electoral de 2027.