Beltrones busca devolver colegiación al INE antes de 2027

El senador Manlio Fabio Beltrones anunció que presentará "de manera urgente" una iniciativa para devolver al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) las decisiones colegiadas sobre compras, licitaciones y nombramientos, atribución que, dijo, nunca debió perderse. La propuesta incluye un umbral explícito: cualquier contratación superior a 10 millones de pesos debería pasar por el voto del consejo, no por la firma de una sola persona. El anuncio no es un trámite aislado: llega en medio de un cuestionamiento abierto del legislador a la actuación de la consejera presidenta Guadalupe Taddei y a la investigación que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió sobre el gasto del instituto.

Beltrones sostuvo que el INE nació con la garantía de colegiar los nombramientos más importantes y que esa atribución se perdió cuando la legislación la concentró en la presidencia del instituto. El diagnóstico que ofrece es institucional, pero el blanco que nombra es personal: "lo que está en duda hoy y sobre la mesa es la actuación de la última presidenta del Instituto Nacional Electoral", afirmó. También calificó de desproporcionada la pesquisa de la ASF, al argumentar que una revisión de 10 o 20 años atrás choca con prescripciones penales de cinco años y administrativas de 10, y que esa competencia correspondería más bien a la Fiscalía General de la República.

El senador por Sonora no se quedó en el diseño administrativo. Planteó "dos limpiezas" antes de 2027: una del "tadeísmo" en el INE nacional y en los institutos locales, y otra del proceso electoral, para que el resultado no quede en duda. Mencionó de manera específica la influencia que, según él, Taddei y su entorno ejercieron en Sonora. Son acusaciones sin resolución judicial o administrativa conocida hasta ahora; deben leerse como señalamientos políticos, no como hechos acreditados.

La lectura política

La iniciativa cumple una función práctica distinta a su nombre formal. En el papel, es una reforma de control interno; en los hechos, funciona como un instrumento para reordenar el equilibrio de poder dentro del INE y colocar a la presidencia del instituto en minoría frente al consejo. Si las compras y los nombramientos vuelven al voto colegiado, la capacidad de Taddei de decidir unilateralmente se reduce y el centro de gravedad se desplaza hacia los consejeros, varios de ellos designados en procesos anteriores.

El movimiento también tiene una lógica de calendario. Beltrones ha insistido en que aún es posible aprobar reformas constitucionales aplicables a 2027, incluso en año electoral. Esa afirmación es jurídicamente discutible y requeriría mayoría calificada en ambas cámaras, algo que ninguna fuerza tiene por sí sola. La iniciativa, por tanto, opera primero como posicionamiento y como presión pública sobre el árbitro electoral, y sólo después como proyecto legislativo viable. No es una candidatura ni una precandidatura: es un legislador sin partido construyendo un perfil de vigilante de la cancha electoral rumbo a 2027.

Hay un incentivo adicional. Al cuestionar el alcance temporal de la ASF, Beltrones introduce una duda sobre la fiscalización que podría beneficiar a cualquier actor señalado por gastos de administraciones pasadas, no sólo al INE. Y al pedir que la Fiscalía, no la ASF, conduzca la investigación, traslada el terreno de la discusión del control administrativo al terreno penal, donde los tiempos y las prescripciones son otros.

La señal para aliados y adversarios es doble: para la oposición, ofrece una bandera de limpieza institucional; para el oficialismo, plantea que el árbitro electoral está bajo sospecha y que la reforma debe negociarse. El costo político es que la propuesta llega envuelta en un ataque directo a una consejera presidenta, lo que puede leerse como presión indebida sobre la autonomía del instituto.

Qué sigue

La iniciativa aún no está presentada formalmente. El primer paso verificable es su ingreso al Senado y su turno a comisiones, donde se sabrá si se plantea como reforma legal o constitucional. En paralelo, queda por conocerse el alcance exacto de la investigación de la ASF y si la Fiscalía abre o no una carpeta propia. El calendario electoral de 2027 y la integración del Consejo General serán los puntos donde se mida si la propuesta avanza o se queda en declaración.