Beltrones busca devolver poder al Consejo General del INE antes de 2027

El senador independiente Manlio Fabio Beltrones presentó el 6 de noviembre de 2026 una iniciativa de reforma constitucional y legal para devolver al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) facultades que, sostiene, fueron concentradas indebidamente en la presidencia del organismo por la mayoría de Morena y sus aliados en octubre de 2024. La propuesta llega a menos de ocho meses de la jornada electoral de junio de 2027 y en pleno proceso de relevo en la presidencia del instituto.

En entrevista, Beltrones explicó que aquella modificación otorgó a la presidenta del INE la facultad de nombrar y remover libremente, sin respaldo del Consejo General, a los principales funcionarios de la institución. El senador afirmó que advirtió en su momento que esa decisión representaba un "error gravísimo" porque replicaba el modelo de la extinta Comisión Federal Electoral, en el que la organización de los comicios recaía en una sola persona. Comparó ese arreglo con el que encabezó Manuel Bartlett y sostuvo que "el uso y el abuso de esas facultades solamente hicieron aflorar lo que ya existía: complicidad y corrupción" durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del instituto.

La iniciativa contempla tres frentes. El primero es modificar el artículo 41 constitucional para devolver atribuciones al Consejo General y, con ello, garantizar las elecciones de junio de 2027. El segundo es mantener bajo observación el comportamiento del organismo durante el nombramiento de su próxima presidenta, proceso que la Cámara de Diputados debe resolver por consenso. El tercero es que las denuncias por presuntas irregularidades se presenten formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean investigadas. A ello sumó una medida administrativa: que las contrataciones superiores a 10 millones de pesos sean evaluadas y supervisadas por el Consejo General, no por la presidencia.

Beltrones responsabilizó a Morena y sus aliados de "trastocar la armonía democrática del país" y sostuvo que las elecciones de 2027 "quedan en duda en su imparcialidad". También pidió que los resultados reflejen la voluntad ciudadana "sin sobrerrepresentaciones absurdas". Las acusaciones de corrupción son señalamientos del legislador; no consta en la evidencia una resolución judicial o administrativa que las acredite.

La lectura política

El movimiento tiene una función práctica clara: colocar el diseño institucional del INE en el centro de la conversación pública justo cuando se define quién presidirá el organismo y cómo se integrará el Consejo General. Al proponer devolver la colegialidad a los nombramientos y a las compras mayores, Beltrones no solo corrige un agravio técnico que él mismo denunció desde 2024; también fija un estándar contra el cual la próxima presidencia del instituto será medida por la oposición.

El incentivo es doble. Por un lado, la iniciativa obliga a Morena y sus aliados a pronunciarse sobre un tema incómodo: defender la concentración de facultades en la presidencia del INE equivale, en el debate público, a defender el arreglo que el propio legislador describe como proclive a la corrupción. Por otro, el senador independiente construye un perfil de vigilante institucional que lo posiciona como referente opositor rumbo a 2027, sin que ello constituya una candidatura formal ni una precandidatura registrada. Es posicionamiento político, no candidatura.

El equilibrio interno también importa. Beltrones fue militante del PRI y hoy opera sin partido; su iniciativa no requiere el respaldo de una bancada para existir, pero sí de una mayoría calificada para prosperar. Eso significa que su viabilidad depende de una negociación que hoy no está a la vista. La señal que envía a aliados y adversarios es que el árbitro electoral será tema de campaña, y que quien controle su diseño tendrá margen para influir en la contienda de 2027.

Qué sigue

La iniciativa deberá dictaminarse en comisiones del Senado y, por tratarse de una reforma constitucional, requiere mayoría calificada en ambas cámaras y aprobación de al menos 17 congresos estatales. En paralelo, la Cámara de Diputados debe resolver el nombramiento de la próxima presidenta del INE, proceso que Beltrones pide que se dé por consenso. Las denuncias ante la FGR y la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el manejo de recursos del instituto son los otros frentes con calendario abierto. Ninguno de esos pasos está resuelto al día de hoy.