Blanco pide al PAN aplazar la candidatura en Chihuahua para esperar a Jáuregui

Juan Blanco Zaldívar, exalcalde y militante del Partido Acción Nacional (PAN), pidió a las dirigencias estatal y nacional revisar el calendario del proceso interno que definirá la candidatura a la alcaldía de Chihuahua. El motivo que él mismo expuso: ganar tiempo para que César Jáuregui Moreno, exfiscal detenido el sábado pasado y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, recupere la libertad y se reincorpore a la contienda interna en la que ya participaba como aspirante a la presidencia municipal.

La petición no es un trámite menor. La fecha en que el panismo capitalino defina a su abanderado municipal ordena, en los hechos, quién llega con tiempo, quién con dinero y quién con estructura a 2027. Moverla es mover el equilibrio entre los grupos que se disputan la capital y, de paso, la posición del partido en la sucesión estatal.

La solicitud se planteó durante una reunión celebrada este martes con la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández, en la que simpatizantes del exfiscal presentaron diversas peticiones relacionadas con su situación jurídica y con el rumbo del partido en la capital. Blanco fue explícito sobre el cálculo: «Por supuesto que queremos esperar el regreso de César Jáuregui para que se reintegre a su campaña como la tenían y que podamos ayudarle a Marco Bonilla. La verdad que nuestro objetivo es conservar el Gobierno del Estado».

La frase mezcla dos niveles: la alcaldía y el gobierno estatal. La evidencia disponible no precisa a qué posición se refiere la mención a Marco Bonilla ni si el ajuste solicitado abarca solo el calendario municipal o también las definiciones de mayor alcance. Esa ambigüedad es, en sí misma, parte del mensaje: quien pide aplazar la definición municipal está hablando también de la elección grande.

Garantías procesales y frontera partido-gobierno

En la misma reunión los asistentes exigieron que se respeten las garantías procesales del exfiscal, investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de traición a la patria, y pidieron convocar «una mesa de diálogo y de consenso, donde haya una separación de lo que es el gobierno y el partido».

Blanco delimitó el reclamo con una fórmula que admite las dos lecturas: «Nuestra simpatía, sí, no la podemos ocultar, es por César Jáuregui. Pero nuestra preocupación es por el Partido Acción Nacional».

La lectura política

En la práctica, la solicitud funciona como una reserva de lugar. Jáuregui no es candidato registrado ni la evidencia reporta una resolución judicial que lo inhabilite para competir: es un aspirante detenido cuyo futuro procesal está abierto. Pedir que el calendario se ajuste a los tiempos de un proceso penal no lo convierte en precandidato, pero sí coloca su nombre en el centro de la decisión partidista y obliga a la dirigencia a pronunciarse sobre él antes de pronunciarse sobre cualquier otro.

El movimiento tiene una lógica de negociación interna. Sus promotores apuestan a que el costo político de cerrarle la puerta a Jáuregui —ante simpatías movilizadas y con un reclamo de garantías procesales de por medio— es mayor que el costo de retrasar la definición. La dirigencia estatal queda ante dos salidas incómodas: avalar una excepción al calendario o cargar con la ruptura de un grupo activo en la capital. Y la dirigencia nacional tendría que homologar o corregir esa excepción, con lo que el conflicto local se vuelve un asunto de la sede nacional.

Hay un costo visible que el planteamiento no aborda: cada semana de aplazamiento comprime el tiempo de los demás aspirantes municipales y traslada la incertidumbre a la estructura territorial. También hay una señal hacia afuera. Un partido que discute su calendario en función de la libertad de un exfuncionario preso envía a adversarios y aliados el mensaje de que su proceso de selección no está conduciendo por reglas fijas, sino por correlación de fuerzas. La exigencia de separar gobierno y partido apunta, sin nombrar destinatario en la evidencia, a una disputa sobre quién pesa en la definición: es un reproche interno tanto como una demanda de imparcialidad.

El precedente que este episodio instala es delicado: si el calendario se mueve para un caso, se vuelve moneda de cambio para los siguientes.

Qué sigue

La primera definición está en manos de la dirigencia estatal: si abre o no la revisión del calendario que Blanco planteó y en qué plazo responde a la solicitud de mesa de diálogo. La segunda está en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que tendría que validar cualquier ajuste si el proceso municipal se rige por lineamientos de alcance nacional. La tercera es judicial: la situación jurídica de Jáuregui depende de lo que resuelvan la FGR y la autoridad federal en los plazos que la evidencia no detalla, y de ello depende si su reincorporación es materialmente posible. Ninguna de esas tres definiciones tiene fecha pública en la información disponible.