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CEEPAC pide 400 millones para 2027 sin aval y con el recorte de 2024 como sombra
La consejera presidenta Paloma Blanco admitió que la solicitud presupuestal sigue sin avances. El antecedente inmediato es un recorte del 67% en el ciclo electoral anterior.
El CEEPAC de San Luis Potosí solicitó poco más de 400 millones de pesos para organizar la elección de 2027, donde se renovarán gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. Su consejera presidenta, Paloma Blanco López, reconoció que la petición no tiene avances de aprobación. El Ejecutivo estatal y el Congreso definirán la cifra final, con el recorte del 67% aplicado en 2024 como precedente q
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) solicitó poco más de 400 millones de pesos para organizar la jornada electoral de 2027 en San Luis Potosí, donde se elegirán gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. La consejera presidenta del organismo, Paloma Blanco López, confirmó que esa petición todavía no encuentra cauce institucional: "Hasta ahorita no tengo avances que te pudiera compartir", dijo al informar que el proyecto, aprobado por el Consejo General a principios de octubre, ya fue presentado ante distintas autoridades pero sigue en las etapas iniciales de diálogo entre poderes.
El dato no es un trámite menor. El presupuesto de un árbitro electoral determina su capacidad operativa: número de casillas, contratación de supervisores y capacitadores, auditoría del padrón, monitoreo de encuestas y condiciones de seguridad para el personal. En un año con gubernatura en disputa, el monto también define el margen de autonomía real del organismo frente a los poderes que lo financian.
El recorrido formal es conocido: el Ejecutivo estatal incorpora la solicitud en su propuesta de Presupuesto de Egresos y el Congreso del Estado determina la cifra final. El antecedente inmediato es elocuente: en el ciclo electoral de 2024, el Ejecutivo redujo la solicitud original del CEEPAC de 307 millones 504 mil pesos a 100 millones, un recorte del 67%. Blanco López citó ese episodio como recordatorio de que el monto solicitado no garantiza su aprobación en los términos planteados.
La consejera presidenta también ofreció un argumento político: las elecciones de gubernatura y presidencia suelen generar mayor expectativa ciudadana. Como referencia, mencionó que en la última elección ordinaria de diputaciones y ayuntamientos votó cerca del 60% del padrón, y anunció campañas en redes sociales para promover la participación. La declaración ocurrió al término de la instalación de la Mesa de Seguridad del proceso electoral, órgano que articula a autoridades de seguridad, el CEEPAC y el Instituto Nacional Electoral (INE). En esa primera reunión se abordaron aspectos generales del proceso y el número de cargos a elegir; los detalles concretos se analizarán en reuniones posteriores.
La lectura política
La solicitud presupuestal funciona, en la práctica, como el primer acto de negociación política del proceso electoral de 2027 en San Luis Potosí. No es una candidatura ni un posicionamiento partidista, pero sí una medición de fuerzas entre el árbitro electoral y el gobierno estatal que definirá condiciones de competencia. Quien controla el presupuesto controla, en parte, la capacidad de fiscalización, la logística de la jornada y el margen de maniobra del organismo frente a los actores que serán vigilados.
El incentivo del Ejecutivo estatal es contener el gasto en un año de sucesión gubernativa, cuando los recursos públicos compiten con las prioridades políticas del gobierno saliente. El incentivo del CEEPAC es preservar capacidad operativa y autonomía. El recorte del 67% en 2024 no fue un accidente administrativo: fue una señal de que el Ejecutivo y el Congreso pueden imponer su criterio sobre el organismo autónomo. Blanco López lo menciona sin acusar, pero el mensaje es claro: la solicitud de 400 millones es una aspiración, no un piso garantizado.
La instalación de la Mesa de Seguridad añade otra capa. El CEEPAC descartó focos rojos en la primera reunión, pero la coordinación con el INE y las autoridades de seguridad será determinante en un estado con antecedentes de conflictividad electoral. La ausencia de avances presupuestales y la instalación simultánea de una mesa de seguridad configuran un proceso que arranca con recursos inciertos y riesgos por definir.
El equilibrio interno del CEEPAC también está a prueba. El Consejo General aprobó el proyecto a principios de octubre; la presidenta lo presenta ante distintas autoridades sin respaldo confirmado. Esa distancia entre aprobación interna y validación externa puede erosionar la posición del organismo si el Congreso recorta el monto y el Consejo queda como aval de una cifra que no defendió.
Qué sigue
El Ejecutivo estatal deberá incorporar la solicitud del CEEPAC en su propuesta de Presupuesto de Egresos, paso que aún no ocurre. Después, el Congreso del Estado determinará la cifra final, sin fecha pública confirmada. El CEEPAC ofreció detallar el desglose ante quienes tomarán la decisión, pero no hay calendario de comparecencias ni compromiso de reunión con la Comisión de Hacienda. La Mesa de Seguridad volverá a sesionar para analizar detalles concretos del proceso, incluido el número de cargos y las condiciones de riesgo. El indicador a seguir es simple: si el monto solicitado llega íntegro al Congreso o si el Ejecutivo lo recorta antes, como en 2024.