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INE lanza programa contra violencia política; 71 mujeres de 21 entidades se capacitan
El órgano electoral inicia una estrategia de fortalecimiento para mujeres sancionadas o afectadas por violencia de género, en un contexto de alta tensión institucional y transición de liderazgo.
El INE activó el programa 2026 para mujeres víctimas de violencia política, con 71 participantes de 21 estados. La consejera Carla Humphrey destacó que el 70% de los casos ocurren a nivel local. Este movimiento busca reparar el tejido político femenino antes de las elecciones de 2027, mientras el instituto enfrenta su propia crisis de liderazgo con la renuncia de Taddei.
El Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha el "Programa para el Fortalecimiento a la Autonomía y Liderazgo de las Mujeres Víctimas de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 2026", una iniciativa que busca no solo sancionar, sino reparar y potenciar la participación política de mujeres que han sufrido agresiones por su género. La estrategia selecciona a 71 mujeres de 21 entidades federativas, combinando sesiones presenciales y virtuales, para dotarlas de herramientas que les permitan ejercer sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad sustantiva.
Durante la ceremonia inaugural, la consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Carla Humphrey Jordan, situó el programa en el centro del debate institucional. Humphrey advirtió que la paridad de género es un camino, no un destino, y que persisten formas de violencia, especialmente la digital, que buscan disuadir la participación femenina. "No podemos permitir que las mujeres que quieran participar en espacios públicos sigan siendo violentadas", afirmó la consejera, quien subrayó la necesidad de escuchar las experiencias de las participantes para perfeccionar los protocolos de atención.
Los datos presentados por la subdirectora de Vinculación y Difusión, Esmeralda Estrada Pérez, revelan la magnitud del problema en el ámbito subnacional. Más del 70% de las mujeres violentadas y de las personas inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas corresponden al ámbito local. Esta estadística explica la decisión del INE de priorizar el acompañamiento territorial, reconociendo que las estructuras de poder en los estados y municipios son los escenarios donde se concentra la mayor incidencia de estas conductas. Al 11 de septiembre, el registro reportaba 508 inscripciones, con una mayoría de sancionados hombres (386), lo que evidencia un patrón de violencia estructural que requiere respuestas diferenciadas.
El programa, desarrollado en colaboración con la Asociación Civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, ofrece acompañamiento, formación y creación de redes de apoyo. La iniciativa busca evitar que la violencia política sea el costo inevitable de la participación pública, integrando a las 33 asistentes presenciales y 38 virtuales en un ecosistema de protección mutua. La presencia del director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Alejandro Romero Millán, en el evento, señala la intención del órgano electoral de vincular esta protección con la supervisión del financiamiento y la conducta de los partidos.
La lectura política
Este programa opera en un momento de alta vulnerabilidad institucional del INE. La activación de esta estrategia de protección a mujeres líderes ocurre apenas un día después de que el instituto difundiera (y luego retirara) el comunicado sobre la renuncia de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala. La simultaneidad no es casual: mientras el órgano enfrenta una crisis de liderazgo y la incertidumbre sobre su relevo constitucional, el programa de violencia política contra las mujeres representa un esfuerzo por mantener la legitimidad y la continuidad de sus funciones técnicas y de protección de derechos.
Políticamente, la iniciativa busca ordenar lealtades y preservar la coalición de apoyo al INE entre los movimientos sociales y las organizaciones feministas, sectores críticos que han sido voceros de las denuncias de violencia política. Al centrarse en el ámbito local, donde el control de los partidos estatales suele ser más rígido, el INE intenta demostrar que puede actuar como contrapeso efectivo, incluso cuando su máxima autoridad está en proceso de salida. No se trata de una candidatura, sino de un posicionamiento estratégico: el INE reafirma su rol como garante de la democracia inclusiva para no ser marginado en el proceso de transición de 2027.
Qué sigue
El programa se desarrollará durante los próximos meses, con sesiones de formación y acompañamiento. El INE deberá presentar los resultados de la intervención y las recomendaciones derivadas de las experiencias de las 71 participantes antes de las elecciones federales de 2027. Además, el órgano electoral deberá resolver el proceso de elección de su nuevo consejero presidente, tras la renuncia de Taddei, lo que definirá si esta línea de protección de derechos se mantiene o se ajusta a las prioridades del nuevo liderazgo.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) continúa investigando licitaciones del INE, lo que añade presión fiscal. La capacidad del nuevo liderazgo del INE para equilibrar la defensa de los derechos de las mujeres con la transparencia financiera será la prueba de fuego de su gestión rumbo a 2027.