Monreal abre revisión de superpoderes del INE sin tocar la ley electoral

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que su bancada está dispuesta a revisar los llamados “superpoderes” de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), la facultad que en 2024 permitió a Guadalupe Taddei designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin aprobación del Consejo General. La apertura, sin embargo, llega con un candado: Monreal sostuvo que no se puede modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) porque ya comenzó el proceso electoral de 2027 y la Constitución prohíbe cambios a leyes electorales en ese periodo.

La declaración ocurre a un día de que la Cámara de Diputados recibiera la renuncia de Taddei y de que Monreal anunciara que la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del INE circularía entre coordinadores parlamentarios. El mismo legislador que promovió la reforma al artículo 45 de la LGIPE en 2024 ahora acepta revisarla, pero fija una barrera temporal que, en la práctica, deja la decisión para después de 2027.

El alcance de esa facultad no es menor. Con ella, Taddei realizó 17 nombramientos, entre ellos el de Roberto Carlos Félix como secretario ejecutivo —cargo que ocupó en el Instituto Estatal Electoral de Sonora cuando ella lo presidía—, el de María Fernanda Romo Gaxiola en Vinculación con los Organismos Públicos Locales, el de Anahí Silva Tosca en Asuntos Jurídicos y el de Mario Alberto Alejo García en Fiscalización, área encargada de revisar el origen y destino de los recursos de partidos, precandidatos y candidatos. La designación de Alejo fue impugnada por consejeros que señalaron falta de experiencia.

La salida de Taddei no cierra la discusión sobre el diseño del INE: la traslada al terreno de quién controla los nombramientos internos en el arranque del proceso electoral. La presidenta interina, Blanca Cruz García, confirmó tres renuncias de funcionarios vinculados al grupo de Taddei y anunció medidas para frenar presuntos conflictos de interés y opacidad.

La lectura política

El movimiento de Monreal tiene una función práctica distinta a la que sugiere su literalidad. Revisar los superpoderes suena a corrección institucional, pero el calendario que él mismo invoca convierte la revisión en un compromiso diferido: reconoce el problema sin desmontarlo antes de 2027. En los hechos, la bancada mayoritaria conserva la arquitectura que concentró facultades en la presidencia del INE y se reserva la negociación para el momento en que designe a la nueva titular.

El incentivo es doble. Por un lado, Morena necesita mostrar contrapesos internos tras una renuncia bajo señalamientos de corrupción que dañó la imagen del árbitro electoral. Por otro, la facultad de nombrar direcciones ejecutivas sin aval del Consejo General es un instrumento de control que ningún partido mayoritario entrega sin contraprestación. La revisión queda así como moneda de cambio en la negociación de la presidencia del INE, no como una reforma en marcha.

La objeción del coordinador del PRI, Rubén Moreira, delimita el conflicto: sostuvo que el artículo 105 constitucional permite reformas electorales cuando son fundamentales para el proceso, y que eliminar la adición al artículo 45 no decide el día de la elección sino cómo se toman las decisiones. La disputa no es técnica sino de interpretación constitucional: qué cuenta como cambio prohibido y qué como ajuste organizativo.

Para 2027, la señal es que el partido mayoritario quiere llegar al proceso con un INE bajo nueva presidencia, pero sin alterar el equilibrio de facultades que diseñó. La oposición tiene un argumento legal para exigir la revisión ahora; Morena tiene el argumento de la veda y la mayoría para decidir cuándo se discute.

Qué sigue

La Cámara de Diputados debe aprobar la convocatoria para elegir a la presidencia definitiva del INE, proceso que Monreal ubicó en cuatro o cinco semanas. En paralelo, la Comisión de Vigilancia tiene pendiente la comparecencia del contralor del INE, y la presidencia interina de Blanca Cruz García deberá resolver las renuncias y los procedimientos internos heredados. La revisión del artículo 45 de la LGIPE no tiene fecha ni iniciativa formal: queda sujeta a que la mayoría legislativa decida si la veda constitucional la bloquea o no.