Humphrey admite crisis inédita en el INE y exige frenar contratos directos

La consejera electoral Carla Humphrey reconoció que el Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa una crisis inédita por presuntos actos de corrupción y conflictos de interés, y urgió a reducir las adjudicaciones directas a menos del 10 por ciento del total de adquisiciones y a garantizar la trazabilidad de los contratos públicos. La declaración ocurrió en la conferencia de prensa del Consejo General en la sede central del instituto, en la Ciudad de México, el mismo día en que el organismo frenó la firma de nuevos contratos administrativos y acordó tramitar tres renuncias en áreas estratégicas.

El pronunciamiento no es menor: se trata de una consejera en funciones que describe, en voz alta y frente a medios, un problema de integridad administrativa dentro del árbitro electoral. Humphrey admitió que el INE enfrenta una crisis inédita por presuntos actos de corrupción y conflictos de interés, y pidió reducir las adjudicaciones directas a menos del 10 por ciento de las compras. La cifra funciona como umbral de control: las adjudicaciones directas son el mecanismo que más discrecionalidad otorga a las áreas administrativas y el más difícil de auditar cuando no existe trazabilidad documental.

La conferencia estuvo marcada por cuestionamientos de periodistas sobre presuntas redes de complicidad, contratos opacos, entrega de plazas y reuniones con proveedores, en el contexto de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del instituto. La consejera Blanca Cruz, a cargo de la presidencia provisional mientras la Cámara de Diputados emite la convocatoria para el relevo definitivo, informó que se tramitan renuncias inmediatas en la Unidad Técnica de Servicios de Informática, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y el área de Recursos Materiales de la Dirección Ejecutiva de Administración. También confirmó que la firma y entrega de nuevos contratos está detenida para revisión jurídica y presupuestal.

El instituto congeló la firma de nuevos contratos y tramita tres renuncias en áreas estratégicas, entre ellas la Unidad Técnica de Servicios de Informática. Ese dato importa porque la UTSI concentra infraestructura tecnológica sensible para la organización electoral, incluida la operación de sistemas de credencialización y cómputo. La revisión de expedientes y licitaciones en curso opera, en la práctica, como una auditoría interna de emergencia sobre la administración saliente.

Humphrey también recordó irregularidades previas en los plazos de entrega de la credencial para votar, un señalamiento que conecta la discusión administrativa con la función sustantiva del instituto. En la misma ronda, consejeros identificados como cercanos a la gestión saliente, entre ellos Jorge Montaño y Norma Irene de la Cruz, negaron haber sostenido reuniones privadas con proveedores investigados y sostuvieron que la contratación de servicios no forma parte de sus facultades legales directas. La prensa cuestionó además al Órgano Interno de Control por presuntas prácticas de extorsión a trabajadores y exigencia de moches para acceder a candidaturas en organismos públicos locales electorales.

La lectura política

El movimiento de Humphrey cumple una función de contención interna antes que de autocrítica institucional. Al nombrar la crisis y fijar un umbral verificable —menos del 10 por ciento de adjudicaciones directas—, la consejera traslada el costo político de la opacidad a la administración saliente y establece un estándar que el nuevo pleno tendrá que cumplir o explicar. La exigencia de trazabilidad de contratos funciona como una precandidatura de facto a encabezar la reconstrucción institucional del INE, sin que exista aún una candidatura formal a la presidencia del organismo.

El equilibrio interno es frágil. La presidencia provisional de Blanca Cruz ordena el día a día, pero la Cámara de Diputados conserva la llave del relevo definitivo, lo que convierte la discusión administrativa en una negociación política entre grupos parlamentarios y consejeros. Quien logre presentarse como garante de la transparencia gana margen para influir en el nombramiento; quien quede asociado a la gestión de Taddei lo pierde. La señal a los partidos es doble: el instituto reconoce su vulnerabilidad y, al mismo tiempo, intenta demostrar capacidad de corrección antes de que arranque formalmente el proceso electoral de 2027.

El límite es claro: no existe aún resolución administrativa ni judicial que acredite responsabilidades individuales por los presuntos actos de corrupción. Lo que hay es una crisis de confianza, un freno contractual y una revisión en curso. La diferencia entre ambas cosas es la que definirá si el INE llega a 2027 con autoridad moral o con una mancha que la oposición explotará en cada impugnación.

Qué sigue

La Cámara de Diputados debe emitir la convocatoria para el relevo definitivo de la presidencia del INE, mientras Blanca Cruz mantiene la presidencia provisional. El Consejo General revisará los expedientes contractuales detenidos y las licitaciones en curso, y las tres renuncias en áreas estratégicas deberán formalizarse. La colaboración con la Auditoría Superior de la Federación queda como el siguiente filtro verificable: si la revisión integral se concreta, el instituto tendrá que publicar resultados antes de que el proceso electoral de 2027 entre en su etapa de preparación.

Actualización

Mauricio Merino, exconsejero del INE, ofrece una perspectiva política sobre la crisis institucional y los ataques al árbitro electoral que la consejera Carla Humphrey había reconocido como inédita. Leer el nuevo desarrollo.