Ceepac se suma a defensa de OPLE en plena revisión de la ASF

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) se sumó al pronunciamiento de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF), que reúne a los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), en defensa de su autonomía, legalidad y funcionamiento institucional. La adhesión no es un trámite: llega en el momento en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una revisión de contrataciones y ejercicio de recursos de esos mismos organismos, y cuando el Congreso discute un recorte de 5 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) para 2027.

El documento de la AIEEF, titulado "Autonomía, legalidad y coordinación para fortalecer la democracia", sostiene que los OPLE son instituciones autónomas con personal especializado y pide mantener la coordinación con el INE "con pleno respeto a nuestras atribuciones". Incluye un compromiso expreso con la fiscalización: "La autonomía conlleva responsabilidad. Por ello, reiteramos nuestra disposición a la rendición de cuentas, al escrutinio público y a la revisión de las autoridades competentes". El Ceepac, por su parte, afirmó en redes que su función es "defender y hacer valer la voluntad de la ciudadanía" y que "cerramos filas por el fortalecimiento de la democracia en México y en San Luis Potosí".

El contexto pesa. El titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que envió 32 oficios a los gobiernos estatales para conocer cómo se ministran las participaciones federales destinadas a los organismos electorales, solicitó información directa a los 32 OPLE y anunció un estudio "del comportamiento del año 2000 a la fecha", con líneas de revisión sobre posibles sobreprecios, grupos empresariales en contrataciones y conflictos de interés. La revisión ocurre tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, el 25 de octubre, y de investigaciones periodísticas sobre empresas proveedoras vinculadas a su entorno; Blanca Yassahara Cruz García quedó como presidenta provisional.

En San Luis Potosí, la revisión tiene un nombre concreto: Litho Formas, que recibió del Ceepac un contrato por aproximadamente 16 millones 899 mil 925 pesos para material electoral de la jornada judicial de 2025 y que sigue en el padrón de proveedores vigente para 2026. La misma empresa aparece en adjudicaciones del proceso 2023-2024, junto con Corporativo ZEC, que recibió 16.9 millones de pesos para producción de material electoral. A escala nacional, Cajas Graf y Litho Formas concentraron 123 millones 143 mil 630 pesos de organismos electorales locales para las elecciones judiciales de 2025, según la revisión de contratos difundida por El Universal.

La lectura política

La adhesión funciona, en la práctica, como una operación defensiva coordinada: los OPLE no niegan la revisión, la anticipan y la encuadran en el lenguaje de la autonomía y la colegialidad. Es una jugada con dos destinatarios. Hacia la ASF y la Cámara de Diputados, envía la señal de que los organismos no se resistirán al escrutinio, pero tampoco aceptarán que la fiscalización se convierta en instrumento de subordinación política. Hacia el interior de cada organismo, ordena lealtades: el respaldo a la AIEEF obliga a los consejeros locales a alinearse públicamente con una postura común, lo que reduce el margen para disidencias individuales cuando lleguen los requerimientos de información.

El incentivo del Ceepac es claro. Con el proceso electoral local 2026-2027 en marcha —convocatoria a candidaturas independientes ya publicada, presupuesto de 283 millones 361 mil 496 pesos aprobado para financiamiento público y una Mesa de Seguridad instalada con el INE—, el organismo necesita preservar su capacidad operativa y su legitimidad ante los partidos. Un cuestionamiento federal a sus contrataciones debilitaría su autoridad justo cuando debe organizar la elección de gubernatura, Congreso local y ayuntamientos. La defensa de la autonomía no es solo un principio: es la condición práctica para no perder margen de decisión sobre su propio presupuesto y sus proveedores.

El pronunciamiento también envía una señal al árbitro nacional: los OPLE se colocan como interlocutores colectivos frente al INE y frente al Legislativo, no como dependencias subordinadas. La defensa de la colegialidad —"el diálogo respetuoso, la deliberación informada, la pluralidad de opiniones"— resuena con la prioridad que la presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, fijó para recuperar la colegialidad interna. Hay, pues, una convergencia retórica entre el nuevo INE y los organismos locales que puede leerse como un frente común para contener la reducción presupuestal y la revisión externa.

El límite de la lectura es preciso: no hay evidencia de que la ASF haya determinado irregularidades en el Ceepac ni de que el pronunciamiento busque blindar contrataciones específicas. Lo que sí está documentado es que el proveedor señalado en investigaciones nacionales sigue vigente en el padrón potosino para 2026, y que la ASF anunció que revisará sobreprecios y conflictos de interés. Esa coincidencia es la que da peso político a la adhesión.

Qué sigue

La ASF deberá procesar la información solicitada a los 32 OPLE y a los gobiernos estatales; no hay fecha pública de resultados, pero el estudio anunciado abarca del año 2000 a la fecha. La Cámara de Diputados continúa el análisis del presupuesto del INE para 2027, con un recorte propuesto de 5 mil millones de pesos que aún debe pasar por el proceso legislativo. En San Luis Potosí, el Ceepac deberá definir si mantiene a Litho Formas y Formas Finas y Materiales en su padrón de proveedores para el proceso 2026-2027, y si esa decisión se toma antes o después de los requerimientos federales. El primer punto verificable será la respuesta del organismo a cualquier solicitud de información de la ASF y la publicación de sus contrataciones del ciclo electoral en curso.