RUTA 27 · HIGH
Clara Luz Flores denuncia a Samuel García ante la FGR; mide fuerza rumbo a 2027
La coordinadora estatal de Morena presentó y amplió denuncias penales por presunta triangulación de recursos públicos y gastos de campaña no autorizados. La acusación llega mientras se perfila como candidata al gobierno de Nuevo León.
Clara Luz Flores, coordinadora estatal de Morena en Nuevo León y virtual candidata al gobierno estatal, presentó denuncias penales ante la FGR contra Samuel García por presunta triangulación de recursos públicos y gastos de campaña no autorizados. La acusación involucra a la familia del gobernador y a su secretario general de Gobierno. Es un movimiento que combina presión jurídica y posicionamient
Clara Luz Flores, coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Nuevo León, acudió este miércoles 4 de noviembre de 2026 a la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para presentar y ampliar denuncias penales contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, su esposa Mariana Rodríguez Cantú, su padre, su hermano y su secretario general de Gobierno, Miguel Flores. La acusación sostiene la existencia de un esquema de triangulación de recursos públicos y gastos de campaña no autorizados. La denuncia no implica detención ni sentencia; abre una investigación que, en caso de prosperar, podría tener consecuencias penales para el mandatario estatal.
La denuncia se apoya en hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que identificaron al menos cuatro rutas de transferencias desde el Gobierno de Nuevo León hacia empresas intermediarias. La ruta de mayor monto involucró 5 mil 851 millones de pesos entregados a una constructora, que a su vez envió 5 mil 154.6 millones a otra empresa, de la cual salieron 385.3 millones hacia un despacho jurídico relacionado con el padre y el hermano del gobernador. Otras rutas, que incluyeron pagos a comercializadoras y empresas de servicios, elevaron a unos 928.13 millones de pesos los recursos que habrían llegado a ese despacho. El total observado en el esquema supera los 7 mil 200 millones de pesos.
La denuncia también pide investigar gastos por alrededor de 81.6 millones de pesos en campañas publicitarias en Google y YouTube relacionadas con el gobernador, presuntamente canalizados a través de empresas proveedoras del Estado. Los denunciantes solicitan a la FGR indagar posibles delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre las personas señaladas figuran Samuel García Sepúlveda, Mariana Rodríguez Cantú, Samuel Orlando García Mascorro, Samuel Orlando García Villarreal, Miguel Flores y Eric Peñalver Serna, primo del secretario general de Gobierno.
La lectura política
El movimiento de Clara Luz Flores combina presión jurídica y posicionamiento político. La denuncia funciona, en la práctica, como un acto de campaña anticipada: coloca a la coordinadora estatal de Morena en el papel de fiscal política del gobernador y refuerza su perfil como virtual candidata al gobierno de Nuevo León rumbo a 2027. No es una candidatura formal —no hay registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) ni precampaña oficial—, pero la secuencia de actos públicos lo acerca a una precandidatura de facto.
La designación de Flores como coordinadora estatal, el 10 de octubre de 2026, ya había generado inconformidad entre aspirantes de Morena como Tatiana Clouthier, Waldo Fernández, Andrés Mijes y Judith Díaz, quienes expresaron públicamente su desacuerdo con que aparezca en las boletas de 2027. La denuncia contra Samuel García le permite a Flores desplazar la discusión interna hacia un adversario externo y presentarse como la defensora de la transformación frente a un gobierno estatal señalado por la ASF. Es un movimiento que busca ordenar la sucesión estatal, medir lealtades internas y contener la fractura que su designación abrió en el partido.
El gobernador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, enfrenta un escenario jurídico que no lo inhabilita para gobernar ni para buscar una eventual candidatura presidencial, pero que introduce un factor de riesgo en su proyecto político. La denuncia no acredita por sí misma los delitos, pero instala en la agenda pública la discusión sobre el manejo de recursos públicos en Nuevo León y obliga al gobernador a defenderse en un terreno que no controla.
Qué sigue
La FGR deberá determinar si admite las denuncias, si abre una carpeta de investigación y si solicita diligencias adicionales, como la revisión de los contratos y transferencias señaladas por la ASF. No hay un plazo público definido para una resolución. En paralelo, el proceso interno de Morena en Nuevo León sigue abierto: la inconformidad de los aspirantes no seleccionados no se ha resuelto y la denuncia podría reordenar las prioridades del partido en la entidad. La ASF, por su parte, ya identificó el esquema en su auditoría; corresponde a la FGR y a las autoridades judiciales determinar si existen responsabilidades penales.