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Confianza rota en el INE pondría en duda la organización de 2027
Un académico de la IBERO advierte que el desgaste del árbitro electoral ya no se limita a los resultados: alcanza la certeza de que la ciudadanía podrá votar. La designación de su próxima presidencia será la prueba.
Carlos Maldonado Alvarado, académico de la IBERO, advirtió que la pérdida de confianza en el INE podría extenderse de los resultados a la propia organización de las elecciones de 2027. Señaló que la credibilidad depende también de la imparcialidad de las autoridades y urgió a distinguir investigaciones administrativas de interpretaciones políticas. El reto inmediato: la designación de la próxima p
Carlos Maldonado Alvarado, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México, advirtió que la pérdida de confianza en el Instituto Nacional Electoral (INE) podría extenderse más allá de los resultados de las elecciones de 2027 y alcanzar la propia organización de los comicios. La advertencia no es menor: desplaza el debate del conteo de votos a la pregunta previa, la de si la ciudadanía tendrá certeza de poder votar y de que las autoridades actuarán con imparcialidad.
El especialista sostuvo que la institución enfrenta el reto de preservar su autonomía, fortalecer los contrapesos internos y recuperar la credibilidad pública en medio de los cuestionamientos sobre su funcionamiento y las presuntas irregularidades en contrataciones. La confianza electoral no depende únicamente de que los votos se cuenten correctamente, sino también de que la ciudadanía tenga certeza de que podrá votar y de que las autoridades actuarán con imparcialidad y con base en criterios legales y técnicos, planteó.
En medio de los señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés relacionados con proveedores del organismo, Maldonado Alvarado consideró necesario distinguir entre las responsabilidades administrativas o legales que pudieran acreditarse y las interpretaciones políticas derivadas de la crisis. Planteó que las autoridades competentes deben investigar los hechos y determinar si existen responsabilidades con base en evidencia, sin que las acusaciones se conviertan en una condena anticipada ni se utilicen para justificar decisiones que comprometan la independencia del Instituto.
También advirtió que la transparencia no debe limitarse a divulgar información cuando surge un escándalo. A su juicio, requiere investigaciones oportunas, rendición de cuentas y sanciones cuando se comprueben irregularidades. Es una distinción relevante en un contexto donde el escrutinio sobre el árbitro electoral suele mezclar el legítimo control público con la presión política.
La designación como prueba de fuego
Otro de los desafíos que identificó será garantizar que la persona que encabece el INE reúna las condiciones de independencia, experiencia y capacidad técnica necesarias para conducir al organismo. Aunque el procedimiento está previsto en el marco constitucional, las condiciones políticas pueden influir en su desarrollo, advirtió. Si una fuerza política y sus aliados reúnen los votos suficientes, señaló, existe el riesgo de que las afinidades partidistas pesen más que los méritos de las personas aspirantes.
Por ello consideró indispensable transparentar la integración de los órganos evaluadores, los criterios utilizados y las razones que sustenten las decisiones. La advertencia apunta a un punto verificable: la próxima presidencia del Instituto no solo administrará el calendario de 2027, también será la cara pública de su autonomía frente a quienes cuestionan su funcionamiento.
La lectura política
El señalamiento de Maldonado Alvarado tiene una función práctica: traslada el riesgo electoral del día del conteo a la etapa previa de organización, donde se decide la casilla, el padrón, la fiscalización y la cadena de custodia. Si la desconfianza se instala ahí, cualquier resultado de 2027 nace impugnado, sin necesidad de que exista un fraude acreditado. Es el escenario que más conviene a los actores que buscan deslegitimar al árbitro antes de que emita una sola resolución.
El equilibrio interno del Instituto también está en juego. La institución opera con contrapesos entre consejerías y con una presidencia que, en la práctica, fija el tono público. Una designación percibida como cuota partidista debilitaría esos contrapesos y daría argumentos a quienes ya cuestionan al organismo. En sentido inverso, un proceso transparente y técnico podría reconstruir credibilidad incluso entre los críticos.
Rumbo a 2027, la señal es doble. Para los partidos, el INE deja de ser un árbitro neutral y se convierte en botín potencial o en blanco de deslegitimación. Para la ciudadanía, la pregunta se desplaza: no solo si el voto se cuenta bien, sino si el proceso que lo hace posible merece confianza. La designación de la próxima presidencia del INE será el primer indicador verificable de si esa confianza se reconstruye o se profundiza la crisis.
Qué sigue
El proceso de designación de la persona que encabezará el INE deberá desarrollarse conforme al marco constitucional, con la integración de los órganos evaluadores y la definición de criterios públicos. La evidencia disponible no permite anticipar fechas ni nombres; lo que sí es verificable es que la transparencia de ese procedimiento será el primer test de la autonomía que el especialista considera en riesgo. Las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones deberán resolverse con evidencia y, en su caso, sanciones, antes de que el calendario electoral de 2027 entre en su fase crítica.