Congreso de Guanajuato exige paridad y legalidad en la sucesión del INE rumbo a 2027

El Congreso de Guanajuato aprobó por unanimidad un punto de acuerdo presentado por el PRI para exhortar a la Cámara de Diputados a que la selección de la próxima presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) se apegue a los principios de legalidad y paridad de género, de cara al proceso electoral de 2027. La votación, sin un solo voto en contra, convierte al legislativo local en el primer congreso estatal que fija posición pública sobre la sucesión en la cúpula del árbitro electoral tras la renuncia de Guadalupe Taddei.

El acuerdo no obliga jurídicamente a la Cámara de Diputados: es un exhorto, una señal política. Pero su aprobación unánime en un estado gobernado por el PAN y con una oposición activa revela que el costo de defender el mecanismo de insaculación que llevó a Taddei al cargo ya no es bajo ni siquiera para el oficialismo local.

El debate que precedió al voto

El coordinador del PRI en Guanajuato, Alejandro Arias Ávila, sostuvo que la llegada de Taddei a la presidencia del INE fue impulsada por la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados tras el proceso de insaculación, y citó sus vínculos familiares con funcionarios de la administración pública de Sonora, además de las investigaciones sobre asignaciones presupuestales e incorporación de personal en mandos directivos que precedieron a la dimisión.

La respuesta de Morena no tardó. La diputada Plásida Calzada Velázquez argumentó que la funcionaria ocupó cargos electorales durante administraciones de distintos partidos, y el coordinador de la bancada, David Martínez Mendizábal, recordó que Taddei presidió el organismo electoral de Sonora en periodos de gobierno anteriores. Martínez Mendizábal anunció el voto a favor del exhorto y afirmó que su grupo mantiene una postura de combate a la corrupción y transparencia.

El panista Erandi Bermúdez Méndez reprodujo en el pleno un audio de 2023 sobre el profesionalismo de la entonces comisionada y criticó las justificaciones del oficialismo. El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad de los diputados presentes, sin que se registrara una sola abstención.

La lectura política

El exhorto funciona, en la práctica, como un posicionamiento de cara a la negociación que se avecina en San Lázaro. La renuncia de Taddei abre un proceso de sustitución en el que la Cámara de Diputados volverá a tener la última palabra, y el Congreso de Guanajuato busca fijar un estándar público —legalidad y paridad— que limite el margen de maniobra de la mayoría morenista.

El cálculo priista es doble. Por un lado, coloca al partido como vigilante de la integridad electoral sin necesidad de votar contra nada en el pleno. Por otro, obliga a Morena a elegir entre defender el mecanismo de insaculación que produjo el nombramiento cuestionado o aceptar implícitamente que hubo fallas. La unanimidad le permite al PRI reclamar mérito sin aislarse.

Para Morena, el voto a favor es una concesión táctica: respalda el principio de legalidad y paridad sin admitir responsabilidad política en el nombramiento. Es la misma lógica que ha usado en otros frentes: no bloquear la crítica, pero tampoco aceptar que el señalamiento la alcance.

El movimiento no constituye una candidatura ni una precandidatura: es un posicionamiento legislativo. Pero envía una señal a los aliados y adversarios del árbitro electoral de que la sucesión en el INE será un campo de disputa política, no un trámite administrativo, y de que los congresos estatales pueden convertirse en voces activas del proceso.

Qué sigue

La Cámara de Diputados deberá definir el mecanismo y los tiempos para integrar la terna o quinteta que sustituya a Taddei. El exhorto de Guanajuato no tiene plazo de respuesta obligatoria, pero el proceso electoral de 2027 impone un calendario: mientras más se acerque el arranque formal, mayor será la presión para que la designación se resuelva con un perfil que no arrastre los cuestionamientos que rodearon a la anterior titular. El Congreso de Guanajuato, por su parte, no tiene facultad para intervenir en la elección, pero su unanimidad ya quedó registrada como precedente de que el costo político de defender el statu quo en el INE es creciente.