RUTA 27 · MEDIUM
Consultoría de campaña cuesta hasta 10 mdp por gubernatura en 2027
El costo de una estrategia integral supera el tope de gasto de una diputación federal y obliga a distinguir asesoría de propaganda. La advertencia viene de quien cobra por ese servicio.
Arturo Espinosa Silis, director de Strategia Electoral, estimó que una consultoría integral para una gubernatura cuesta entre 5 y 10 millones de pesos, y menos de un millón para una diputación federal. El dato importa rumbo a 2027 porque anticipa un mercado de asesores, encuestadoras y fiscalistas que crece mientras la confianza en los partidos ronda 24 por ciento.
Una consultoría integral para una candidatura a gubernatura puede costar entre 5 y 10 millones de pesos, e incluso más según la entidad y el alcance del contrato, mientras que para una diputación federal el servicio puede ubicarse por debajo del millón. La estimación es de Arturo Espinosa Silis, fundador y director de Strategia Electoral, y no es un dato menor: el precio de la asesoría política se acerca o rebasa el tope de gasto de una campaña federal completa, lo que obliga a separar el costo de la estrategia del costo de la propaganda y de la operación territorial.
El proceso de 2027 renovará 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y miles de cargos locales. Con ese calendario, los partidos y aspirantes ya trabajan con despachos que ofrecen desde estudios del electorado y diseño de mensajes hasta producción de spots, contenidos digitales, encuestas, organización territorial y acompañamiento jurídico y fiscal. El mercado es temporal, pero intenso: cada candidatura debe decidir cuánto invertir en asesoría y qué actividades contratar por separado.
Espinosa Silis advirtió que el precio debe evaluarse por los resultados que puede aportar el despacho. Una estrategia deficiente, dijo, puede desperdiciar recursos, llevar al candidato a invertir en actividades con poco potencial electoral o provocar sanciones por incumplimientos. La referencia de 5 a 10 millones de pesos no es una tarifa uniforme: depende de la competitividad de la elección, la duración de la campaña y las características de cada entidad.
El propio especialista aclaró que el monto destinado a asesoría debe distinguirse de los topes de gasto autorizados por las autoridades electorales. En la elección federal de 2024, el límite para diputaciones de mayoría relativa fue de 2 millones 203 mil 262 pesos; esa cifra no debe tomarse como el tope oficial de 2027 hasta que el Instituto Nacional Electoral (INE) determine y publique el monto correspondiente. En gubernaturas, los topes los definen las autoridades locales y varían por entidad.
El contexto de desconfianza explica por qué crece la demanda de asesores. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que sólo 23.9 por ciento de la población de 18 años y más en zonas urbanas manifestó tener mucha o algo de confianza en los partidos políticos; para las cámaras de Diputados y Senadores la proporción fue de 29.7 por ciento. En la misma medición, 84.1 por ciento consideró frecuentes los actos de corrupción. La Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública 2025 refuerza el escenario: 46 por ciento de los adultos expresó confianza baja o nula en los partidos.
La lectura política
El dato de Espinosa Silis describe un mercado, pero también una jerarquía de poder dentro de las campañas. Quien puede pagar 10 millones de pesos por estrategia no compite en las mismas condiciones que quien apenas cubre el umbral de una diputación federal. Esa asimetría no es un detalle administrativo: ordena qué aspirantes acceden a investigación de electorado, segmentación de mensajes y operación territorial profesionalizada, y cuáles dependen de la intuición o de estructuras locales.
La advertencia tiene un incentivo evidente: la hace alguien que vende el servicio. Eso no invalida el cálculo, pero obliga a leerlo como estimación de mercado, no como auditoría independiente. El propio consultor introduce el contrapeso al recordar que una mala estrategia puede derivar en sanciones, lo que convierte a la fiscalización en otro nicho de negocio y, a la vez, en un riesgo real para las candidaturas.
Rumbo a 2027, el mercado de consultoría funciona como termómetro de la competencia. Las gubernaturas en disputa concentrarán los contratos más caros; las diputaciones federales, los servicios modulares y de menor costo. La consecuencia electoral es doble: se profesionaliza la operación de quienes tienen recursos y se amplía la brecha frente a quienes no, en un contexto donde la confianza partidista ronda una cuarta parte de la población.
El antecedente inmediato refuerza la lectura. El 1 de octubre de 2026, el mismo Espinosa Silis afirmó que el proceso federal de 2027 inicia con autoridades electorales desgastadas, mal integradas y divididas, lo que reduce los estándares de certeza y equidad. Si el árbitro llega debilitado y las campañas dependen cada vez más de despachos privados, la fiscalización del gasto y la transparencia de los contratos se vuelven el punto donde se juega la equidad de la contienda.
Qué sigue
El INE debe determinar y publicar los topes de gasto de campaña para el proceso federal de 2027; esa cifra será el parámetro real contra el que se comparen los contratos de consultoría. En paralelo, las autoridades electorales locales definirán los límites para las 17 gubernaturas, que varían por entidad. Las candidaturas deberán reportar ingresos y gastos, y los servicios contratados tendrán que sujetarse a las disposiciones de fiscalización aplicables. La pregunta verificable será cuántos contratos de 5 a 10 millones de pesos aparecen en los informes y cómo se justifican frente a los topes vigentes.