Contraloría de Puebla abre expediente a aspirante de Morena por uso del erario

La Contraloría Municipal del ayuntamiento de Puebla abrirá de oficio una investigación administrativa contra Iván Herrera Villagómez, exsecretario de Medio Ambiente del gobierno municipal, por presuntamente usar recursos del erario y programas de la propia administración para promocionar su imagen con miras al proceso electoral de 2027, en el que aspira a una candidatura a diputado federal por el Distrito XI. El anuncio lo hizo la titular de la dependencia, Dulce Lilia Rivera Aranda, durante la comparecencia que sostuvo ante el Cabildo.

El movimiento tiene un efecto inmediato: saca la disputa del terreno de la especulación política y la coloca en un expediente administrativo con reglas, plazos y pruebas. Pero también define su límite. La Contraloría es un órgano de control interno municipal; su competencia es la responsabilidad administrativa de servidores públicos, no la calificación de actos anticipados de precampaña o campaña, que corresponde a las autoridades electorales. Dicho de otro modo: puede indagar si se usó dinero público, no resolver quién será candidato.

Volantes, árboles y una renuncia que no aparece

El caso nació de una observación de la regidora del PAN Guadalupe Arrubarrena García, quien durante la comparecencia cuestionó la entrega de volantes con recursos públicos que promocionaban a Herrera Villagómez. La regidora vinculó ese material al programa de plantación de 71 mil árboles en 2025 y 100 mil en 2026, y sostuvo que se trató de promoción "netamente electoral", previa al anuncio del funcionario de buscar la candidatura de Morena. Pidió esclarecer si hubo uso indebido de recursos para posicionar su imagen antes de formalizar su renuncia al ayuntamiento.

Rivera Aranda respondió con dos datos que acotan el expediente: su dependencia no tiene registrada una renuncia formal de Herrera ni expedientes previos sobre el caso. Aun así, dijo, por la gravedad de los señalamientos los datos aportados por la regidora se tomarán como denuncia y se abrirá de oficio el expediente correspondiente.

Esa respuesta deja abiertos varios huecos verificables: la fecha exacta en que Herrera dejó la Secretaría de Medio Ambiente, el número de expediente que se integrará, si se revisará la contratación de los impresos y si el exfuncionario será notificado para ejercer su defensa. Ninguno de esos elementos está aún públicos. Tampoco existe, hasta ahora, resolución alguna que acredite el uso indebido de recursos: lo que hay es una acusación de una regidora y una decisión administrativa de investigarla.

La lectura política

El primer incentivo es de la oposición municipal. Para el PAN en Puebla capital, convertir una comparecencia en un expediente tiene costo bajo y rentabilidad alta: obliga a la Contraloría a no aparecer omisa y deja instalado en el debate público el nombre de un aspirante de Morena junto a la palabra "erario". La regidora no necesita probar el fondo del asunto para obtener ese efecto; basta con que la autoridad administrativa abra el expediente.

El segundo incentivo es de la propia Contraloría. Su titular quedó en una posición incómoda: si minimizaba el señalamiento, cargaba con la etiqueta de encubrimiento; si abría la investigación, asumía el riesgo de que el expediente se lea como instrumento de una fuerza política. La salida elegida —tomar los datos como denuncia y actuar de oficio— es la más defendible institucionalmente, aunque también la más visible.

El tercer incentivo es de Herrera Villagómez. Su situación no es la de un candidato: no hay candidatura registrada, ni precandidatura formal, ni siquiera un proceso interno resuelto. Lo que existe es un posicionamiento anticipado que ahora carga con un expediente. En la práctica, la investigación funciona como un obstáculo en su ruta hacia el Distrito XI: no lo inhabilita, pero le exige litigar su honor en el terreno administrativo justo cuando necesita construir coaliciones internas.

Y ahí está la señal más relevante rumbo a 2027: la contienda por el Distrito XI en Puebla capital no está ordenada. Un expediente abierto es material disponible para negociar, condicionar o vetar una aspiración dentro de Morena, y a la vez un recordatorio para quienes ocupan cargo y hacen promoción personal: los programas con imagen propia dejan rastro documental. La investigación tampoco es neutral por origen: la promueve un ayuntamiento de signo opositor contra un aspirante morenista. Eso no la invalida, pero obliga a exigir el mismo estándar cuando el señalado pertenezca al bando contrario; de lo contrario, el expediente se convierte en filtro selectivo.

Qué sigue

La Contraloría debe informar el número de expediente, la fecha de su apertura y el plazo de integración. Es previsible que solicite a la Secretaría de Medio Ambiente municipal la documentación sobre contratación de impresos y difusión de los programas de plantación 2025 y 2026, y que notifique a Herrera para que presente pruebas y alegatos. En paralelo, la vía electoral sigue disponible para cualquier partido o ciudadano que quiera plantear actos anticipados ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla o el Instituto Nacional Electoral (INE), con plazos distintos y consecuencias distintas. El calendario del proceso federal 2027 marcará el reloj: cuanto más se acerque el arranque formal, más pesará políticamente cualquier resolución, incluso una que lo exculpe.