Contraloría de Puebla abre pesquisa de oficio contra Iván Herrera rumbo a 2027

La Contraloría Municipal de Puebla abrirá de oficio un expediente de investigación contra Iván Herrera Villagómez, exsecretario de Medio Ambiente del ayuntamiento, por presunta promoción personalizada con recursos públicos. El anuncio lo hizo la contralora Dulce Rivera Aranda durante su comparecencia del martes 20 de octubre de 2026, en respuesta a los señalamientos de la regidora panista Guadalupe Arrubarrena García. El dato político no es el formato del trámite, sino su secuencia: Herrera ya se separó del cargo y compite en el proceso interno de Morena por el distrito federal 11, con cabecera en Puebla. La investigación se abre cuando el señalado ya es aspirante.

Arrubarrena cuestionó en la comparecencia que Herrera Villagómez realizara promoción personalizada mediante volantes en los que presumía la plantación de 71 mil árboles en 2025 y 100 mil en 2026 en la capital. Según su intervención, esos materiales se difundieron con recursos públicos en distintos puntos del municipio mientras el señalado ocupaba la Secretaría de Medio Ambiente, y pidió esclarecer si hubo irregularidades durante su gestión. La regidora ubicó además los hechos antes del anuncio de separación del cargo.

La respuesta de la contralora fue explícita sobre el punto de partida: no había nada abierto. "No tengo a la fecha ninguna denuncia o expediente iniciado, tomo nota de lo que se manifiesta para que lo tome como denuncia, para que lo radique de oficio el expediente de investigación correspondiente", dijo Rivera Aranda. El expediente, por tanto, no nace de una denuncia ciudadana ni de una auditoría previa, sino de una acusación formulada en tribuna y convertida en insumo por la propia autoridad administrativa.

El 4 de octubre, Herrera anunció su registro en el proceso interno de Morena para la Coordinación de Defensa de la Soberanía Nacional en el distrito federal 11, con cabecera en Puebla, y argumentó que tomó la decisión por el respaldo de la ciudadanía.

Once sanciones y 16 expedientes heredados

La comparecencia por el segundo año de gobierno dejó otros números. La Contraloría sancionó a 11 servidores públicos: tres por faltas administrativas graves vinculadas a abuso de funciones y ocho por faltas no graves, con inhabilitaciones temporales y suspensiones. Los sancionados pertenecían a la Secretaría de Medio Ambiente, el Sistema Municipal DIF, la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, la Sindicatura Municipal y la Coordinación de Comunicación Social. La dependencia mantiene además 16 expedientes abiertos contra funcionarios de la administración anterior por presunto abuso de funciones, desvío de recursos y peculado: 12 por faltas graves y cuatro por no graves. La evidencia disponible no precisa si alguna de las sanciones corresponde al periodo en que Herrera encabezó Medio Ambiente.

La lectura política

Conviene separar tres cosas que la conversación pública suele mezclar. Primera: no existe candidatura formal; el proceso interno de Morena no es un cargo de elección popular y el nombre "Coordinación de Defensa de la Soberanía Nacional" designa un filtro partidista, no una postulación registrada ante autoridad electoral. Segunda: lo que sí existe es un posicionamiento en curso, con recorrido territorial y materiales de difusión, es decir, una precandidatura de facto en el sentido político, aunque no jurídico. Tercera: el expediente administrativo no equivale a una resolución electoral; nadie ha calificado todavía los volantes como acto anticipado de campaña.

Dicho eso, el movimiento tiene función práctica. Un expediente abierto sobre un aspirante opera como registro: no sanciona aún, pero fija un antecedente consultable durante el resto del proceso. Para el PAN, la comparecencia fue tribuna y el señalamiento queda en actas con nombre y apellido; para la contralora, radicar de oficio evita la objeción de omisión ante un señalamiento público y neutraliza el argumento de selectividad, aunque el órgano que investiga pertenece al mismo ayuntamiento donde el señalado fue secretario, un conflicto estructural que ninguna contraloría municipal resuelve por sí sola. Para Morena, el cálculo es de doble filo: un expediente puede servir de filtro interno si el caso crece, o convertirse en lastre si el aspirante se consolida en el distrito 11.

El precedente útil es de forma, no de fondo: en Puebla los diferendos por uso de programas municipales con fines de posicionamiento han tendido a resolverse primero en el terreno administrativo y político, y sólo después, si alguien lo promueve, en el electoral. Falta el elemento decisivo para una lectura más dura: la calificación de grave o no grave, la eventual vista a la autoridad electoral y, sobre todo, la fecha de radicación. Sin esos datos, afirmar que el expediente descarrila o fortalece al aspirante es especulación.

Qué sigue

La radicación formal del expediente quedó comprometida en la comparecencia, sin plazo público. Después vendrá la notificación al señalado y, en su caso, su comparecencia. La Contraloría deberá calificar la falta como grave o no grave, lo que define si el caso escala a inhabilitación. No se ha informado si habrá vista al Instituto Electoral del Estado de Puebla o al Instituto Nacional Electoral (INE) por promoción personalizada. En paralelo, el proceso interno de Morena en el distrito 11 sigue su curso sin que la evidencia disponible precise calendario de definición. La siguiente comparecencia de la contralora y cualquier requerimiento formal a Herrera Villagómez serán los puntos verificables para medir si el expediente avanza o se quedará en registro.