RUTA 27 · MEDIUM
Convocatoria para presidencia del INE atorada en Diputados sin consenso partidista
La Cámara de Diputados no logra acuerdos para emitir la convocatoria que definiría a la próxima consejera presidenta del INE; PRI y MC condicionan su voto a transparencia y cambio de reglas.

La convocatoria para elegir a la próxima consejera presidenta del INE está atorada en la Cámara de Diputados por falta de consenso entre partidos. PRI y MC exigen transparencia y cambios legales; el oficialismo condiciona el nombramiento a un acuerdo amplio. Sin árbitro definido, la organización de la elección de 2027 enfrenta incertidumbre y posible cuestionamiento.
La convocatoria para definir a la próxima consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) permanece atorada en la Cámara de Diputados debido a la falta de consenso entre los grupos parlamentarios. El bloqueo no es un trámite menor: sin un acuerdo político, el órgano que organizará la elección federal de 2027 operará con una presidencia interina o prolongada, lo que podría minar su credibilidad y la certeza del proceso electoral.
El PRI, a través de su coordinador Rubén Moreira Valdez, fue explícito: "No hay consensos… sería uno muy inocente si uno piensa que se buscan consensos". Moreira puso en duda la confianza en el proceso y sugirió que no metería "las manos al fuego por el INE". Movimiento Ciudadano, por medio de su coordinadora Ivonne Ortega, pidió transparencia y que el Comité Técnico no tenga vínculo con partido ni gobierno alguno. Ortega fue más allá al exigir modificar el artículo 45, que a su juicio otorgó un "superpoder" a la actual presidenta, Guadalupe Taddei.
Desde el bloque oficial, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, reconoció que no ven camino si no hay acuerdo partidista para emitir la convocatoria. "Si nosotros nombráramos de manera atropellada a una presidenta sustituta que no tuviera el aval de todos los grupos políticos… estaríamos ante un árbitro que sería cuestionado desde el inicio", advirtió. Su conclusión es que se requiere un consenso amplio para que quien sea el árbitro electoral tenga el aval de todas y todos.
El embate ocurre en un contexto de crisis interna del INE y de recorte presupuestal. La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos 2027 con una reducción de 6 mil millones de pesos al organismo, dejando su asignación en 36 mil 274.5 millones de pesos. Aunque el dictamen sostiene que la reducción no pondría en riesgo sus funciones, la combinación de menos recursos y una presidencia cuestionada anticipa un escenario delicado para la organización de los comicios concurrentes de 2027.
El nudo político no es solo quién ocupará la silla: es qué reglas regirán la designación y qué equilibrio de poder se establece entre los partidos y el árbitro electoral. La mención de Movimiento Ciudadano al artículo 45 revela que la discusión de fondo toca las facultades mismas de la presidencia del INE, no solo el nombre de quien la ejerza. Cualquier cambio legal requeriría, además, una mayoría calificada que obligaría a negociar con la oposición.
La lectura política
El estancamiento de la convocatoria no es un simple retraso administrativo; funciona como una jugada de posicionamiento en la antesala de 2027. Cada partido busca colocar el tema en sus términos: el PRI y MC elevan el costo político de un nombramiento sin contrapesos, mientras el oficialismo, a través de la Mesa Directiva, se escuda en la necesidad de consenso para no cargar con el desgaste de imponer un perfil. En la práctica, la ausencia de convocatoria mantiene a Guadalupe Taddei en el cargo más allá de lo previsto, lo que algunos actores podrían favorecer para prolongar el statu quo o para erosionar su legitimidad.
La exigencia de modificar el artículo 45 sugiere que la oposición no solo quiere influir en la designación, sino reducir las atribuciones unipersonales que se concentraron en la presidencia. Esto coloca a Movimiento Ciudadano en una posición de negociación que puede traducirse en capital político rumbo a 2027, al presentarse como garante de la imparcialidad electoral frente a una mayoría que, en los hechos, ya recortó el presupuesto del INE. La pregunta de fondo es si el oficialismo está dispuesto a ceder en el diseño institucional para destrabar la convocatoria o si prefiere mantener el actual equilibrio, aun a costa de la parálisis.
El antecedente inmediato es que el mismo bloque que aprobó el recorte presupuestal no logra acordar la convocatoria, lo que envía una señal de que la autonomía del INE se está dirimiendo en el terreno presupuestal y en el de las reglas de designación. Para los actores locales y nacionales, el mensaje es que el árbitro de 2027 aún no está definido y que su independencia será motivo de disputa.
Qué sigue
Una vez que concluya la discusión del Presupuesto de Egresos 2027 —cuya aprobación en lo particular ya se realizó—, la Cámara de Diputados podría entrar de lleno al tema del INE. Hasta ahora, no hay fecha cierta para emitir la convocatoria ni para integrar el Comité Técnico que evaluará a las aspirantes. Cualquier avance requerirá que PRI, MC y el bloque oficial acuerden el mecanismo de selección y, posiblemente, el alcance de una reforma al artículo 45, lo que implicaría un proceso legislativo adicional. Sin esos acuerdos, la presidencia del INE seguirá en manos de Guadalupe Taddei de manera interina, con el riesgo de que su permanencia sea impugnada políticamente y de que la organización de la elección de 2027 arranque con un manto de duda sobre la imparcialidad del árbitro.
