Cosmocolor pide a la ASF auditar su contrato del INE y abre frente en 2027

Cosmocolor, S.A. de C.V. defendió públicamente el contrato que ganó para producir la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) y solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar la adjudicación. La empresa no esperó a que la autoridad fiscalizadora abriera expediente: pidió formalmente la revisión y ofreció poner a disposición la documentación completa del procedimiento. En un contrato que toca el instrumento de identidad con el que se vota, la empresa busca trasladar la discusión del terreno de la sospecha al de los papeles.

La empresa sostiene que la adjudicación se dio por licitación pública internacional abierta presencial, no por invitación restringida ni por adjudicación directa. Según su versión, el consorcio que encabeza presentó el precio más bajo entre las ofertas que cumplieron los requisitos técnicos y la mejor propuesta técnica en el procedimiento LP-INE-033/2025. La oferta ganadora fue 7.69% menor que la siguiente oferta solvente, de acuerdo con el fallo del 10 de diciembre de 2025, un documento de 295 fojas.

En materia técnica, Cosmocolor acreditó capacidad de producción y personalización con contratos en México y el extranjero que implicaron documentos de identidad con características iguales o superiores en seguridad, incluidos tintas, hologramas, materiales y tarjetas inteligentes. La compañía acumula, dice, 60 años en documentos de seguridad y mantiene desde 2017 las certificaciones ISO/IEC 9001, 27001 y 14298, esta última sobre seguridad en impresión de documentos de identidad.

La empresa afirma que la única inconformidad formal contra el procedimiento fue retirada por quien la promovió en marzo de 2026, conforme al expediente INE/OIC/l/012/2025, con fecha 18 de marzo de 2026. También señala que las modificaciones a las bases se hicieron en juntas de aclaraciones, asentadas en actas públicas y aplicables a todos los concursantes, y que las respuestas a los señalamientos sobre contratos de experiencia, ubicación de instalaciones y perfiles profesionales constan en los folios 1 al 2629 de su propuesta, en poder del INE.

Sobre las versiones de intervención de terceros, Cosmocolor negó categóricamente que alguna persona ajena a la empresa haya operado la obtención del contrato. Respecto de una reunión mencionada en publicaciones, precisó que la asistencia de un funcionario suyo ocurrió después del fallo y que fue convocado para conocer a la Consejera Presidenta y a su equipo, con quienes no tenía trato previo; la Consejera Presidenta no asistió, según la propia empresa.

La lectura política

El movimiento de Cosmocolor no es una simple defensa corporativa: es una maniobra para fijar el terreno de la disputa antes de que lo haga otro. Al pedir la auditoría, la empresa intenta convertir una controversia de reputación en un procedimiento verificable, donde ella controla la narrativa documental. Si la ASF no encuentra irregularidades, el contrato gana blindaje; si las encuentra, el daño se desplaza hacia el INE y hacia quienes adjudicaron.

El costo político no recae solo en la empresa: recae en el INE, que deberá explicar cómo evaluó y adjudicó un contrato sensible para la credencial de identidad. En un año previo al arranque del proceso electoral de 2027, cualquier sombra sobre la emisión del documento con el que se vota alimenta sospechas que los adversarios del árbitro pueden capitalizar. La institución tiene incentivos para respaldar su fallo con el expediente técnico, no con declaraciones.

También hay una señal para el mercado de proveedores: una empresa que gana una licitación internacional y luego pide ser auditada envía el mensaje de que está dispuesta a someterse al escrutinio. Eso puede fortalecer su posición en futuras licitaciones o, por el contrario, exponerla a un desgaste prolongado si la ASF abre una revisión con hallazgos.

El antecedente inmediato es la inconformidad retirada en marzo de 2026. Su retiro no equivale a una absolución, pero reduce el expediente formal de impugnación. Lo que falta es la decisión de la ASF: si audita, en qué plazo y con qué alcance. Esa es la variable que puede convertir el caso en un tema electoral de 2027 o dejarlo como un episodio administrativo.

Qué sigue

La ASF deberá responder si admite la solicitud de investigación y, en su caso, notificar el inicio de la revisión. El INE, como convocante, tendrá que decidir si hace público el expediente completo o si se limita a defender el fallo. La empresa dice estar dispuesta a entregar la documentación a cualquier autoridad. El calendario electoral de 2027 presiona: cualquier auditoría que se extienda más allá del arranque formal del proceso podría contaminar el debate sobre la credencial.