Cuatro partidos piden investigar a Taddei; difieren en quién responde

Legisladoras de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en un punto durante una mesa de análisis: las investigaciones por presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) durante la gestión de Guadalupe Taddei deben llegar hasta sus últimas consecuencias. El acuerdo, sin embargo, se rompió en cuanto se discutió el origen de la crisis y quién debe asumir la responsabilidad política. El consenso sobre la necesidad de investigar convive con un desacuerdo de fondo sobre el diagnóstico: para la oposición, el problema es político y apunta a Morena; para la morenista Andrea Navarro, es una red de corrupción que atraviesa gestiones y niveles de gobierno.

En el debate participaron Andrea Navarro, diputada de Morena; Noemí Luna, del PAN; Ariana Rejón, del PRI, y Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano. Luna sostuvo que el caso no solo exhibe una crisis administrativa, sino que pone en entredicho la credibilidad de una institución que, afirmó, costó décadas consolidar. Cuestionó los vínculos familiares y políticos de la consejera presidenta con Morena y señaló que su llegada al INE estuvo marcada por un proceso de selección con perfiles cercanos al partido en el poder. "Lo que nos deja todo este escándalo es que Morena sí se ha ido apoderando de las instituciones y se intentó apoderar del árbitro electoral, y eso es gravísimo", dijo.

Rejón, del PRI, fue más lejos en la atribución de responsabilidad: "Morena es Taddei y Taddei es Morena". Sostuvo que las facultades otorgadas a la entonces consejera presidenta para realizar nombramientos en áreas estratégicas del instituto habrían contribuido a generar las condiciones para los presuntos actos de corrupción y amiguismo. Advirtió que el caso no puede resolverse únicamente con una renuncia y pidió que la Fiscalía y la Auditoría Superior de la Federación abran las investigaciones correspondientes.

Navarro respondió con una tesis distinta: coincidió en que la salida de una persona del cargo no representa una solución suficiente y respaldó que Taddei sea investigada y que, de comprobarse responsabilidades, existan consecuencias penales. "Yo creo que en algo podemos estar de acuerdo las compañeras y tu servidora: es que no se suple la justicia con una renuncia", afirmó. La morenista sostuvo que los señalamientos apuntan a una presunta red de corrupción que no estaría limitada a las oficinas centrales del INE, sino que podría alcanzar a los organismos públicos locales electorales (OPLE) en distintas entidades. También señaló que las presuntas irregularidades se habrían gestado durante varios años, desde la gestión de Lorenzo Córdova, aunque consideró que se intensificaron con Taddei.

Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, planteó que los organismos electorales no deben estar al servicio del gobierno en turno ni de los partidos, sino de la ciudadanía. Recordó los antecedentes del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), con casos como Pemexgate y Amigos de Fox, y consideró que la salida de Taddei debe abrir paso a un nuevo proceso de selección. No basta, dijo, elegir a una nueva presidenta entre quienes ya integran el Consejo General: debe designarse a una nueva consejera electoral, con un comité integrado por ciudadanos y con universidades y estudiantes vigilando el proceso.

La lectura política

El consenso verbal sobre "llegar hasta las últimas consecuencias" funciona en la práctica como una fórmula de bajo costo para cuatro partidos que no comparten diagnóstico. Para la oposición, el caso es una oportunidad de convertir la crisis del INE en un argumento sobre el control morenista de las instituciones autónomas; para Morena, la salida es desplazar el foco hacia una red de corrupción amplia, que incluya gestiones anteriores y los OPLE, y evitar que el costo político se concentre en el partido en el poder.

El incentivo de cada fuerza es distinto. El PAN y el PRI necesitan que la discusión sobre la integridad del árbitro electoral siga viva rumbo a 2027, porque les permite cuestionar la equidad de la contienda antes de que empiece. Movimiento Ciudadano busca capitalizar el tema con una propuesta institucional —un nuevo proceso de selección con participación ciudadana— que lo distinga del bloque opositor tradicional. Morena, en cambio, tiene interés en que la investigación avance sin que se convierta en un juicio político anticipado contra su gobierno.

Ninguna de las participantes presentó una candidatura ni un posicionamiento formal rumbo a 2027; se trata de legisladoras que fijan postura en un espacio de análisis. Pero el debate anticipa el eje que probablemente ordenará la discusión electoral: la credibilidad del árbitro. Lo que aún no ocurre en términos legales es una investigación formal en curso contra Taddei: las legisladoras hablan de indagatorias que deben abrirse, no de procedimientos ya iniciados. Ese límite importa: sin acto de autoridad, la coincidencia del debate es una señal política, no una resolución jurídica.

Qué sigue

El paso verificable es si la Fiscalía y la Auditoría Superior de la Federación abren investigaciones formales, como pidió Rejón, y si el Consejo General del INE o la Secretaría de la Función Pública activan procedimientos administrativos. También queda por verse si la discusión llega al pleno de la Cámara de Diputados mediante un punto de acuerdo o una solicitud de información. En paralelo, la propuesta de Ballesteros de un nuevo proceso de selección requeriría una reforma legal o un acuerdo político que, hasta ahora, no está planteado en la evidencia disponible.