De la Peña rechaza aplazar candidaturas del PAN por caso Jáuregui

El secretario General de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña, se pronunció en contra de la propuesta de un grupo de militantes del PAN de aplazar la definición de las candidaturas a las alcaldías hasta que se desahoguen los procesos judiciales del exfiscal César Gustavo Jáuregui. La postura del funcionario, que también aspira a encabezar la candidatura panista a la Presidencia Municipal de Chihuahua, introduce un diferendo público en el proceso interno del partido a poco más de un año del arranque formal del calendario electoral de 2027.

"Es un tema con el que yo no coincido. Creo que ese es un tema que tendrá que resolver la dirigencia", sostuvo De la Peña, quien evitó fijar una fecha o un mecanismo alternativo, pero insistió en que el aplazamiento no es la vía. La petición que detonó su respuesta fue entregada el martes a la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, por militantes y simpatizantes de Jáuregui, quienes solicitaron respetar la presunción de inocencia del exfiscal y abrir una mesa permanente de seguimiento. El propio De la Peña recurrió a una analogía deportiva: "no se puede pretender entrar a un juego de futbol y en lugar de ponerse a jugar, pretender decirle al árbitro cómo tiene que aplicar la regla".

El trasfondo es el caso conocido como CIA-Gate, que involucra dos juicios contra Jáuregui —uno federal y otro local— derivados de las investigaciones sobre el operativo en El Pinal, Morelos. La solicitud de sus simpatizantes no pide su exoneración, sino tiempo: congelar la definición de candidaturas hasta que la situación judicial se aclare. Ese tiempo, en la práctica, opera como un blindaje político para el exfiscal, que de otro modo quedaría fuera de la contienda por la vía de los hechos antes de que un tribunal resuelva.

La lectura política

La propuesta de aplazamiento funciona, en los hechos, como una precandidatura de facto condicionada: no registra a Jáuregui, pero le reserva un lugar en la boleta interna mientras se define su situación jurídica. No es una candidatura formal ni una precandidatura reconocida por el partido; es un posicionamiento que traslada al calendario interno la incertidumbre de un proceso penal. Quien pide esperar no está pidiendo un trámite: está pidiendo que el partido no decida.

El incentivo de De la Peña es claro. Una encuesta de Statistical Research Corporation levantada el 8 de septiembre y difundida el 16 de septiembre de 2026 lo colocó con 30.3 por ciento de las preferencias panistas para la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua, frente a 23.3 de Jáuregui, 16.9 de Manque Granados y 12.8 de Rafael Loera, con margen de error de 3.1 puntos. Un aplazamiento no neutraliza esa ventaja, pero sí impide que se convierta en candidatura y mantiene abierta la negociación con el grupo del exfiscal, que conserva capacidad de movilización interna y presencia territorial.

El equilibrio que se juega no es sólo la alcaldía de la capital. La dirigencia estatal de Daniela Álvarez queda colocada entre dos presiones: la de quienes exigen respeto al debido proceso de un militante con juicios abiertos y la de quienes consideran que el partido no puede subordinar su calendario a un tribunal. De la Peña no confronta a la dirigencia —dice que a ella le toca resolver—, pero le envía una señal: cualquier aplazamiento será leído como cesión al grupo de Jáuregui.

La señal hacia 2027 es doble. Hacia adentro, el PAN de Chihuahua exhibe que su proceso de selección no está ordenado y que la sombra judicial de un aspirante condiciona el calendario de todo un partido. Hacia afuera, el contraste entre un secretario de Gobierno en funciones que se desmarca de un aplazamiento y un exfiscal que litiga su permanencia política dibuja el tono de una interna que podría resolverse más por cálculo de viabilidad electoral que por resolución judicial.

El límite de la evidencia es preciso: no hay resolución judicial que inhabilite a Jáuregui, no hay convocatoria formal del PAN para la alcaldía capitalina y no hay definición de la dirigencia estatal sobre la petición recibida. Lo que existe es una aspiración en competencia, una encuesta que mide preferencias y un diferendo público sobre el tiempo del partido.

Qué sigue

La dirigente estatal, Daniela Álvarez, deberá responder a la petición entregada el martes por los simpatizantes de Jáuregui, incluida la propuesta de una mesa permanente de seguimiento. No hay fecha pública para esa definición. En paralelo, los dos juicios contra el exfiscal —federal y local— siguen su curso, y cualquier resolución procesal podría alterar el cálculo político antes de que el PAN defina su método de selección. El calendario electoral de 2027 y la eventual convocatoria interna marcan el plazo real: si la definición se posterga más allá de ese punto, el aplazamiento dejará de ser una petición y se convertirá en la regla.