INE fiscalizará gastos internos hasta después de las elecciones de 2027

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en sesión extraordinaria que los gastos de los procesos internos de selección de candidaturas se fiscalicen como gasto ordinario de 2026, con revisión posterior a las elecciones de 2027. En la práctica, las posibles irregularidades en esos desembolsos se resolverán cuando los aspirantes ya hayan ganado o perdido la contienda, y cuando el nuevo Congreso y los gobiernos estatales estén definidos.

La decisión no libera a los partidos de rendir cuentas: los obliga a presentar el informe de gastos ordinarios de 2026 a más tardar a inicios de marzo del año siguiente. Pero traslada la auditoría de los actos de selección a un momento en que el costo político de una sanción ya no recae sobre el proceso electoral en curso. El consejero electoral Arturo Castillo había advertido desde septiembre que, cuando el INE detecte irregularidades en gastos e ingresos de estos procesos o posibles actos anticipados de campaña, "ya será demasiado tarde".

El acuerdo fija topes acotados para esos actos. Morena no podrá desembolsar más de 51 millones de pesos en sus procesos internos; el PAN, más de 25 millones; Movimiento Ciudadano y el PVEM, alrededor de 19 millones cada uno. Es una cifra menor frente al financiamiento ordinario, pero suficiente para organizar eventos masivos, contratar encuestadoras y producir propaganda digital, como los registros de coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación que Morena ha realizado en recintos como el World Trade Center de la Ciudad de México.

El INE también precisó cómo clasificará las encuestas: serán gasto de precampaña cuando sus resultados se publiquen y busquen difundir preferencias de los aspirantes; serán gasto ordinario cuando su uso sea únicamente interno. Los partidos deberán demostrar que cada acto tuvo como único fin desahogar las etapas de su convocatoria, con documento formal por evento, fundamentación estatutaria, objeto, lista de asistentes, muestras fotográficas, videos y comprobantes del material contratado. Si la propaganda rebasa el conocimiento de la ciudadanía y promueve directamente a una persona, el INE sumará ese costo a los topes de precampaña del beneficiado.

La lectura política

El movimiento tiene una función práctica clara: convierte la fiscalización de los procesos internos en un expediente que se arma durante 2026 y se resuelve después de 2027. No es una amnistía ni una dispensa legal; es un cambio de calendario que separa la auditoría de la contienda. Para los partidos, el incentivo es evidente: pueden realizar actos de posicionamiento con reglas de gasto ordinario, sin que una resolución del INE interrumpa la selección de candidaturas ni altere la boleta.

Para el árbitro, el acuerdo también administra un riesgo institucional. Fiscalizar en tiempo real los procesos internos de todos los partidos, con criterios de precampaña, habría exigido resolver denuncias cruzadas en plena definición de candidaturas, cuando cada resolución se lee como intervención política. Acumular evidencias y auditar después reduce esa exposición, pero traslada el costo a la credibilidad: la sanción llega cuando ya no puede cambiar el resultado electoral.

El equilibrio interno del INE queda expuesto. La advertencia de Castillo no es una objeción aislada: marca el límite de lo que el propio árbitro reconoce como eficacia. La decisión también envía una señal a los aspirantes: el posicionamiento anticipado no desaparece, pero se contabiliza con reglas más flexibles y se revisa cuando el capital político ya se convirtió en cargo o en derrota.

Conviene distinguir los planos. Los actos de Morena en el WTC y los registros de coordinadores estatales no son, formalmente, precampañas ni candidaturas registradas. En la práctica funcionan como posicionamiento y, en algunos casos, como precandidaturas de facto: ordenan nombres, miden lealtades y colocan a personas en posición de salida. El acuerdo del INE no valida esa lectura ni la prohíbe; establece cómo se contabilizará y cuándo se revisará.

Qué sigue

Los partidos deberán presentar su informe de gastos ordinarios de 2026 a inicios de marzo del año siguiente. El INE acumulará evidencias —impresiones, enlaces a la Biblioteca de Anuncios de Meta, actas de verificación— y las auditará a inicios de 2027. En esa revisión verificará que cada peso invertido en promociones digitales, encuestadoras y logística de eventos haya sido gastado legalmente, y que el dinero con el que se compró tampoco sea irregular. La incógnita verificable es si el calendario de auditoría permite resolver antes de la jornada electoral o si, como advirtió Castillo, la resolución llega cuando el resultado ya está consumado.