Exconsejera de Campeche acusa presión del INE para adjudicar contrato

La expresidenta del Instituto Electoral de Campeche (IEC), Lirio Guadalupe Suárez Améndola, denunció que personas que se identificaron como consultores del Instituto Nacional Electoral (INE) la presionaron para adjudicar un contrato sin licitación y que fue destituida después de negarse. En entrevista, Suárez Améndola afirmó que tuvo que elegir entre conservar su cargo o respetar los procedimientos legales de contratación pública.

El relato, que el INE no ha respondido públicamente, coloca en el centro del debate la frontera entre la coordinación federal y la autonomía de los institutos electorales estatales, justo cuando el calendario rumbo a 2027 empieza a ordenar las disputas por los organismos que administrarán la próxima elección.

Suárez Améndola sostiene que el episodio comenzó cuando personas presentadas como consultores del INE la llevaron a una reunión que, según su versión, no ocurrió en las instalaciones del organismo sino en una casa en el sur de Ciudad de México. Ahí, dijo, le presentaron una empresa y le hablaron de las ventajas de establecer una relación de colaboración. La exfuncionaria aseguró que desde el primer momento dejó claro que cualquier contratación que superara los montos legales debía realizarse mediante licitación nacional.

Según su testimonio, le llamó la atención el carácter reservado del encuentro: le dijeron que se trataba de una reunión privada de la que nadie tendría conocimiento y que las cámaras de seguridad del inmueble estaban apagadas. Después, aseguró, recibió una llamada de una persona que se identificó como integrante del área de Presidencia del INE para pedirle que reconsiderara su decisión. Se negó.

La exconsejera relató que a fines de ese mes le informaron del inicio de un procedimiento de remoción y que, durante los meses siguientes, recibió mensajes sobre dos posibles resoluciones: una favorable y otra que implicaba su destitución. Dijo que personas cercanas al proceso le hicieron llegar por WhatsApp una resolución antes de que fuera discutida formalmente. "Me dicen: 'O va esta o va esta, tú eres quien decide cuál va'", afirmó.

Suárez Améndola aseguró que mantuvo su negativa y que respondió: "Si me quedo, me voy vía CompraNet". Finalmente, dijo, recibió por correo electrónico la resolución que determinaba su remoción. Para ella, la tranquilidad llegó después de haber asumido las consecuencias de su negativa.

La exfuncionaria también narró un episodio durante una sesión solemne del IEC, en el contexto del inicio del proceso electoral de 2024, cuando uno de sus compañeros consejeros sacó una corona fúnebre y se la presentó públicamente. Suárez Améndola interpretó el gesto como una referencia al procedimiento de remoción en marcha. Señaló que el consejero involucrado ya no ocupa ese cargo y que desconoce si actuó por iniciativa propia o siguiendo instrucciones de terceros.

Respecto a la entonces presidenta del INE, Guadalupe Taddei, Suárez Améndola afirmó que se reunió con ella en dos ocasiones y que, en una de ellas, buscó apoyo para resolver problemas financieros y administrativos del organismo local. Según su versión, al asumir la presidencia del IEC identificó adeudos superiores a 100 millones de pesos. Sostuvo que presentó denuncias ante autoridades electorales y de procuración de justicia, pero que la respuesta que recibió no fue la que esperaba: según su relato, Taddei le dijo que quienes ocupan cargos públicos debían saber "mover el abanico" y que las denuncias debían presentarse cuando se hubiera agotado la capacidad de negociación.

La exconsejera no afirmó que Taddei le hubiera ordenado personalmente favorecer a una empresa; su denuncia se refiere a presiones que atribuye a distintas personas y a las circunstancias que rodearon su destitución. Esa distinción importa: el testimonio describe un ambiente de presión, no una cadena de mando documentada públicamente.

La lectura política

El caso tiene una función práctica que va más allá del conflicto administrativo: coloca en la agenda la pregunta de quién controla las contrataciones y las decisiones operativas de los institutos electorales estatales en el ciclo que desemboca en 2027. En la arquitectura electoral mexicana, el INE coordina a los organismos locales, pero no los sustituye; la frontera entre coordinación y subordinación es permanentemente disputada y rara vez se hace pública con nombres y episodios concretos.

Para el INE, el costo es de credibilidad: aunque no exista una resolución que acredite la versión de Suárez Améndola, la acusación llega en un momento en que la institución necesita proyectar imparcialidad frente a partidos y gobiernos estatales. Para los institutos locales, la señal es distinta: quien se niegue a una adjudicación cuestionada puede quedar expuesto a un procedimiento de remoción, y quien ceda gana margen de permanencia. Ese incentivo, si no se desmiente con hechos verificables, erosiona la autonomía operativa de los árbitros locales.

El testimonio también envía un mensaje a los consejeros que serán designados o ratificados en los próximos meses: la integridad procedimental tiene costos personales. Y a los actores rumbo a 2027, les recuerda que el control de los organismos electorales estatales es parte del tablero, no un detalle administrativo.

Qué sigue

El INE no ha respondido públicamente a las acusaciones; corresponde a su Presidencia y a su Contraloría interna pronunciarse sobre si existe alguna investigación en curso. La denuncia de Suárez Améndola ante autoridades electorales y de procuración de justicia, según su propio relato, sigue sin una resolución pública conocida. El siguiente paso verificable es si el INE abre un procedimiento formal o si el caso queda en el terreno de las declaraciones sin consecuencias institucionales.