Exige investigar red de contratistas ligada a Taddei en el INE

Vania Pérez Morales, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, exigió investigar de inmediato la red de contratistas y los contratos irregulares vinculados a Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE). La demanda no es un trámite: coloca en el centro del debate la credibilidad del organismo que organizará la elección presidencial de 2027 y que, en los hechos, ya carga con una discusión abierta sobre sus procedimientos de contratación.

En entrevista para la Primera Emisión de Imagen Radio con Pascal Beltrán del Río, la especialista señaló que ampliar las auditorías hacia el año 2000 puede encubrir omisiones recientes en lugar de esclarecerlas. Esa advertencia apunta a un riesgo concreto: que la revisión se diluya en un periodo tan extenso que pierda foco sobre los contratos y contratistas que hoy están bajo sospecha.

Pérez Morales explicó que los comités de contratación y el órgano interno de control participaron en la validación de los procesos. Es decir, la irregularidad no habría ocurrido en un punto aislado de la cadena administrativa, sino con la intervención de las instancias que debían vigilarla. Ese señalamiento es el núcleo de su exigencia: si las áreas de control validaron los procesos, la investigación no puede limitarse a los contratistas y debe alcanzar a quienes autorizaron.

El vínculo con Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, convierte el asunto en un problema de conducción institucional. La discusión ya no es sólo administrativa: es política, porque toca a la funcionaria que encabeza el árbitro electoral en el arranque del ciclo que desembocará en 2027. Hasta ahora, la evidencia disponible es la exigencia pública de Pérez Morales y su descripción del entramado; no consta una resolución administrativa o judicial que determine responsabilidades.

La lectura política

El movimiento de Pérez Morales funciona como un llamado a que la investigación no se convierta en un ejercicio de simulación. Al pedir celeridad y advertir sobre la ampliación del periodo de auditoría, busca evitar que el caso se diluya en una revisión histórica que no toque los contratos recientes. En la práctica, su exigencia presiona al órgano interno de control del INE y a los comités de contratación para que expliquen su papel en la validación.

El incentivo político es claro: quien controla el relato sobre la limpieza del árbitro electoral gana margen para influir en la elección de 2027. Si el caso escala, el INE enfrenta un costo de credibilidad frente a partidos, aspirantes y ciudadanía; si se contiene, la presidenta del instituto preserva margen de maniobra. La señal para aliados y adversarios es que la vigilancia sobre el árbitro no cesa, aunque no exista aún una precandidatura formal en juego.

El equilibrio interno del INE también queda expuesto. Los comités de contratación y el órgano interno de control son instancias colegiadas, de modo que la investigación podría alcanzar a más de un área y obligar al Consejo General a fijar postura. No se trata de una candidatura ni de una aspiración partidista: es una disputa por la integridad administrativa de quien organiza la elección.

Qué sigue

La exigencia de Pérez Morales no tiene aún una ruta procesal definida en la evidencia disponible. Lo verificable es que la discusión pública ya instaló el tema y que la presión se dirige al órgano interno de control del INE para que aclare el alcance de las auditorías y el papel de los comités de contratación. Falta conocer si el instituto abre una revisión acotada a los contratos recientes o si mantiene una auditoría amplia hasta el año 2000, como advirtió la especialista. También está por verse si el Consejo General se pronuncia y si la investigación alcanza a los validadores, no sólo a los contratistas.