Fernández Menéndez: herramientas del INE contra el crimen son "inoperantes" rumbo a 2027

El periodista Jorge Fernández Menéndez calificó de "absolutamente inoperantes" las herramientas con las que cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE) para impedir que integrantes del crimen organizado sean candidatos o financien campañas. En entrevista, sostuvo que la distinción entre violencia político-electoral y violencia criminal ya casi no existe en México y que esa fusión ocurre justo donde se disputan los votos: en los municipios.

La afirmación no es un diagnóstico técnico nuevo, pero llega en un momento incómodo para el árbitro electoral. A poco más de dos meses del inicio de las precampañas, el INE acumula una crisis interna por la renuncia de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei, señalada por presuntos actos de corrupción, y cuestionamientos sobre una presunta inclinación a favor de Morena. El instituto que debe garantizar certeza jurídica a un proceso con más de 100 millones de potenciales votantes llega a la contienda con su credibilidad bajo escrutinio.

Fernández Menéndez describió un fenómeno que, según él, desborda el diseño institucional: "Ha penetrado tanto el crimen organizado en el sistema político, en lo que se llama narcopolítica, ha penetrado tanto que es muy difícil, en muchas ocasiones, diferenciar cuándo un crimen se cometió por razones políticas o cuando se comete por razones del crimen organizado". Desde esa lectura, los instrumentos de prevención —revisión de perfiles, fiscalización de recursos, intercambio de información con autoridades de seguridad— operan en el papel, pero no en el territorio donde se define la elección.

El señalamiento más concreto es el de las candidaturas únicas: "Todos los municipios donde veamos que va un solo candidato, en el 99% de los casos, es porque ese candidato tiene el apoyo de los grupos criminales y, por eso, participa solo". Es una inferencia del entrevistado, no un dato verificado caso por caso, pero apunta a un problema que el INE no puede resolver con sus atribuciones actuales: la ausencia de competencia real como síntoma de captura criminal del proceso local.

El propio instituto ha reconocido límites. En sesiones del Consejo General se ha planteado que los instrumentos existentes sirven para prevenir candidaturas y financiamiento ilícito, pero la evidencia pública —como la denuncia en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya— sugiere que esas herramientas no han funcionado en los casos de mayor visibilidad. El INE anunció que trabaja con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para intercambiar información y evitar la infiltración del crimen organizado. No hay, hasta ahora, resultados públicos de ese mecanismo.

La lectura política

El diagnóstico de Fernández Menéndez funciona, en la práctica, como una advertencia sobre el eslabón más débil de la cadena electoral: el municipal. Las elecciones de 2027 no solo renovarán la Cámara de Diputados y nueve gubernaturas; también definirán cientos de ayuntamientos donde el crimen organizado tiene presencia territorial y capacidad de intimidación. Ahí es donde las reformas no han permeado y donde el INE carece de facultades para intervenir más allá de la fiscalización y la denuncia.

El incentivo de los partidos es eludir el costo político de ese vacío. Ninguna fuerza quiere cargar con la etiqueta de haber permitido candidaturas de origen criminal, pero tampoco tiene alicientes para impulsar controles más estrictos que podrían excluir a sus propios cuadros locales. El INE, mientras tanto, enfrenta una paradoja: se le exige garantizar un proceso limpio en un territorio donde el Estado mexicano no controla plenamente, y lo hace con una presidencia vacante y una sombra de parcialidad que erosiona su autoridad para invalidar candidaturas o sancionar financiamientos.

La señal que envía este diagnóstico a aliados y adversarios es que el árbitro electoral no será el actor decisivo en los municipios más disputados. Eso desplaza el peso hacia las fiscalías, las secretarías de seguridad y, en última instancia, hacia los gobiernos estatales, actores con incentivos propios y lealtades partidistas. Para los aspirantes a candidaturas locales, el mensaje es que la protección real no vendrá del INE sino de la negociación política territorial.

El límite de la lectura es claro: se trata de una opinión de un periodista especializado, no de una resolución judicial ni de un informe oficial. No hay, en la evidencia disponible, un conteo verificable de municipios con candidatura única ni una evaluación independiente del funcionamiento de los mecanismos del INE. Lo que sí está documentado es la crisis interna del instituto y la existencia de denuncias que cuestionan la eficacia de sus controles.

Qué sigue

El calendario electoral marca el primer punto de verificación: el inicio formal de las precampañas, en los primeros días de 2027, pondrá a prueba si el INE ejerce sus facultades de revisión de perfiles y fiscalización con la anticipación que el proceso requiere. Antes de esa fecha, el Consejo General deberá resolver la vacante de la presidencia y definir si mantiene o ajusta los protocolos de coordinación con la FGR, la SSPC y la UIF. La UIF, por su parte, ya incorporó a 40 personas físicas y morales vinculadas con proveedores electorales a su lista de personas bloqueadas y presentó una denuncia ante la FGR, lo que anticipa que la fiscalización financiera será un terreno de conflicto. El punto más observable será el registro de candidaturas municipales: ahí se sabrá si las candidaturas únicas se multiplican o si los partidos logran competencia real en los territorios de mayor riesgo.

Actualización

El TEPJF revocó la admisión del procedimiento sancionador del INE contra el PRI por propaganda calumniosa, resolviendo el conflicto administrativo que Fernández Menéndez había denunciado como inoperante. Leer el nuevo desarrollo.