RUTA 27 · MEDIUM
FGR investiga coacción electoral del PT en Edomex en plena negociación con Morena
Las denuncias apuntan a colaboradores de Reginaldo Sandoval y a una exresponsable del Bienestar por condicionar programas sociales a cambio de afiliaciones. El caso llega cuando el PT negocia con Morena sus espacios rumbo a 2027.
La FGR investiga denuncias de beneficiarias de programas sociales en el Estado de México que habrían sido presionadas para afiliarse al PT bajo amenaza de perder sus apoyos. Los señalamientos apuntan a colaboradores de Reginaldo Sandoval y a una exfuncionaria del Bienestar ya separada del cargo. El caso golpea al PT justo cuando negocia con Morena alianzas rumbo a 2027.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga denuncias de beneficiarias de programas sociales del Estado de México que habrían sido presionadas para afiliarse al Partido del Trabajo (PT) con la advertencia de que perderían sus apoyos si no lo hacían. Las denuncias fueron presentadas ante la subsede de la FGR en Naucalpan y apuntan a personas vinculadas a la estructura petista en territorio mexiquense, entre ellas colaboradores cercanos a Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados federales del PT.
El expediente se relaciona con una reunión celebrada el 30 de septiembre de 2024 en oficinas de atención ciudadana del PT, donde decenas de mujeres beneficiarias habrían recibido esas advertencias. Según la información disponible, el encuentro habría sido organizado por Grisel Barrientos González, entonces responsable regional de los programas del Bienestar, quien fue separada del cargo en agosto de 2026 por presuntas irregularidades. La información disponible no acredita responsabilidad penal en su contra ni en la de Sandoval, quien no ha sido acusado formalmente de delito alguno.
El caso se conoce en un momento delicado para el PT: la investigación avanza mientras el partido que encabeza Alberto "Beto" Anaya negocia con Morena en qué entidades competirán en alianza y en cuáles presentarán candidaturas por separado rumbo a 2027. Michoacán, Nuevo León y Baja California Sur aparecen como los puntos de mayor fricción en esa negociación.
La lectura política
El uso de programas sociales como moneda de cambio para afiliar militantes no es un episodio aislado: es una práctica que, cuando se documenta y llega a la fiscalía, convierte una ventaja organizativa en un pasivo político y jurídico para el partido que la opera. En este caso, la investigación coloca al PT en una posición incómoda justo cuando su capacidad de negociación con Morena depende de mostrarse como un aliado confiable y disciplinado.
El timing no es menor. Las negociaciones entre Morena y el PT para 2027 se juegan en un terreno donde el PT busca preservar espacios de poder territorial, y un señalamiento de coacción electoral debilita su argumento de que controla su estructura sin costos reputacionales para la coalición. Morena, que carga con su propio desgaste en materia de programas sociales, tiene un incentivo para tomar distancia de un socio que puede contaminar el discurso oficialista.
La reunión de septiembre de 2024 y la separación de Barrientos en agosto de 2026 sugieren que la presión sobre las beneficiarias no fue un acto aislado de una persona, sino parte de una operación más amplia de afiliación forzada. Eso explica por qué la investigación apunta a "colaboradores cercanos" a Sandoval: la fiscalía estaría reconstruyendo una cadena de mando, no solo un incidente.
Para el PT, el costo es doble: pierde margen en la mesa de negociación con Morena y queda expuesto a que la investigación escale hacia su dirigencia. Para Morena, el caso es una advertencia de que los acuerdos con sus aliados pueden heredarle escándalos. Lo que está en juego no es solo la afiliación de decenas de mujeres: es la credibilidad de la coalición gobernante en el uso de los programas sociales como instrumento electoral.
Qué sigue
La FGR deberá determinar si las denuncias presentadas en Naucalpan reúnen elementos para vincular a proceso a los señalados o si se archivan por falta de pruebas. La investigación se centra en personas vinculadas a la estructura del PT en el Estado de México, no en Sandoval, quien hasta ahora no ha sido acusado formalmente.
En paralelo, el PT deberá definir en los próximos días sus acuerdos con Morena en las entidades en disputa, incluida Michoacán, donde Raúl Morón mantiene su intención de competir por fuera de la alianza. La forma en que el partido maneje el caso de coacción será una señal de su disposición a someterse a las reglas de la coalición o de su resistencia a ceder espacios.