RUTA 27 · LOW
Firmas para vigilar 25 mil millones del agua en Jalisco
Un académico de CUTonalá busca 4,513 rúbricas ante el IEPc para crear una Contraloría Social sobre la CEA y el SIAPA, justo cuando arranca el mayor gasto hídrico del estado.
Samir de la Torre, académico de CUTonalá, promueve una iniciativa ciudadana para crear una Contraloría Social que vigile a la CEA y al SIAPA en Jalisco. Necesita 4,513 firmas en la plataforma Fírmale del IEPc. El objetivo: auditar los 25 mil millones de pesos previstos para el acueducto Chapala-Guadalajara y la potabilizadora de Miravalle. Si reúne las rúbricas, el Congreso deberá retomar la propu
Samir de la Torre, docente del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) especializado en agua y energía, promueve una iniciativa ciudadana para crear una Contraloría Social que supervise a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) de Jalisco. El mecanismo elegido es la plataforma digital “Fírmale” del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPc), donde necesita reunir 4,513 firmas para que la propuesta avance.
La iniciativa comenzó a recibir rúbricas el 21 de octubre y sigue abierta. Cualquier persona con credencial de elector vigente puede ingresar al sitio del IEPc y respaldarla. No es un ejercicio simbólico: la Ley de Participación Ciudadana de Jalisco establece que, una vez reunidas las firmas, la propuesta debe revisarse y el Congreso estatal tendría que retomarla para crear formalmente esa Contraloría Social sobre la CEA y el SIAPA.
El trasfondo es el dinero. El gobierno federal y el gobierno de Jalisco pretenden invertir 25 mil millones de pesos en los próximos dos años en la construcción del acueducto Chapala-Guadalajara y en la modernización de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle. De la Torre sostiene que el sexenio anterior dejó la impresión de que los recursos invertidos no se tradujeron en resultados verificables. “Estamos interviniendo a través de una Contraloría Social para que no nos vuelva a suceder esto”, explicó el académico.
La propuesta no nace de una sola persona: detrás hay una empresa tratadora de aguas, asociaciones civiles como Contrapeso Ciudadano y abogados especialistas en la materia. De la Torre ha convocado también a expertos en auditoría para que la contraloría pueda explicar a la ciudadanía en qué se gastan los recursos federales y estatales. Esa composición mixta —academia, iniciativa privada, sociedad civil y profesionistas— define el perfil del organismo que se pretende crear.
La lectura política
El movimiento funciona, en la práctica, como un mecanismo de control anticipado sobre el gasto hídrico más grande que se perfila en Jalisco para los próximos dos años. No es una candidatura ni una precandidatura: es una iniciativa de participación ciudadana con una ruta legal definida. Pero su efecto político es real, porque coloca el destino de 25 mil millones de pesos bajo escrutinio público antes de que se ejerzan.
El incentivo del promotor es claro: si la contraloría se crea, los ciudadanos y expertos ganan capacidad de auditar a la CEA y al SIAPA, dos organismos que concentran decisiones sobre obra, contratos y tarifas. El incentivo de los gobiernos federal y estatal es más ambiguo: una contraloría social puede presentarse como aliada de la transparencia, pero también puede convertirse en un contrapeso incómodo si el gasto no resiste la revisión. El del Congreso de Jalisco es el más delicado: retomar la iniciativa implica abrir un espacio de vigilancia sobre obra pública en un año en que el agua será tema central del debate público rumbo a 2027.
La señal que envía a aliados y adversarios es que el agua deja de ser un asunto exclusivamente técnico o presupuestal y se convierte en un terreno de disputa por la rendición de cuentas. Para las fuerzas políticas que aspiran a gobernar Jalisco o a mantenerlo, el tema hídrico ya tiene un actor ciudadano organizado que puede reclamar crédito por la vigilancia del gasto. Para el IEPc, la iniciativa es una prueba de su plataforma digital como instrumento de participación efectiva.
El límite es preciso: no existe aún una Contraloría Social creada, ni una candidatura, ni un cargo en disputa. Lo que existe es una propuesta en fase de recolección de firmas. La lectura política se sostiene solo si las rúbricas se reúnen y el Congreso actúa; hasta entonces, es una aspiración ciudadana con respaldo institucional en trámite.
Qué sigue
La plataforma “Fírmale” del IEPc permanece abierta para reunir las 4,513 firmas. Al alcanzarlas, la iniciativa debe pasar por revisión y el Congreso de Jalisco tendría que retomarla para crear la Contraloría Social de la CEA y del SIAPA. El plazo y la fecha de esa eventual discusión legislativa no están definidos en la evidencia disponible. El indicador a seguir es el avance de firmas y, después, si el Legislativo estatal abre el debate o deja la propuesta sin dictamen.