Fiscalía inactiva ante Taddei erosiona credibilidad del INE rumbo a 2027

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes, advirtió que la falta de respuestas contundentes frente a las acusaciones que rodean a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, podría consolidar un escenario de desconfianza institucional difícil de revertir antes de los comicios de 2027. Su señalamiento no se dirige únicamente al organismo electoral: apunta, sobre todo, a la Fiscalía General de la República (FGR), a la que ubica como la autoridad que tendría que estar actuando y no lo está haciendo.

En entrevista, el académico sostuvo que las revelaciones periodísticas sobre contrataciones del organismo electoral contienen elementos que ameritan investigación penal, aunque subrayó que las responsabilidades deben acreditarse mediante los procedimientos legales. "Lo que se ha revelado periodísticamente podría —y enfatizo el 'podría'— configurar delitos graves", planteó Martín Reyes, quien puso especial atención en la relación que, según esas investigaciones, habría mantenido Taddei con contratistas beneficiados por adjudicaciones millonarias.

El especialista consideró que las fotografías, reuniones y videos difundidos públicamente exigen una investigación exhaustiva para determinar si existieron conductas delictivas. También planteó que la vía penal no debería ser la única: el Congreso podría analizar la procedencia de un juicio político, siempre que se cumplan los requisitos constitucionales, con la posibilidad de imponer sanciones como la inhabilitación para ejercer cargos públicos, independientemente de las consecuencias penales.

La lectura política

El diagnóstico de Martín Reyes desplaza el foco del escándalo mediático hacia la pregunta que ordena el debate electoral: quién vigila al árbitro. La advertencia central es que la inacción de la FGR no solo deja sin desahogar las acusaciones contra Taddei, sino que convierte al INE en un organismo bajo sospecha justo cuando debe organizar la elección de 2027. En términos prácticos, la credibilidad del árbitro no depende de que se demuestre una conducta ilícita, sino de que exista una respuesta institucional verificable; sin ella, la desconfianza se instala como sentido común.

El investigador también cuestionó lo que considera un uso desigual de la procuración de justicia. "Parece que el uso de la procuración de justicia es bastante dispareja, es bastante desigual y está bastante sesgado", afirmó, sin atribuir la inacción a una decisión política específica. La inferencia que deja abierta es relevante para 2027: si la autoridad electoral queda marcada por la falta de esclarecimiento, cualquier resultado comicial podría impugnarse en su origen, con independencia de quién gane.

Sobre la decisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de ampliar las revisiones a administraciones anteriores, Martín Reyes consideró legítimo investigar irregularidades históricas, pero advirtió límites jurídicos y temporales: determinadas responsabilidades administrativas prescriben en siete años, lo que complica sancionar conductas ocurridas hace más de una década. Cuestionó que, mientras los señalamientos recientes se concentran en la administración de Taddei, parte de la discusión pública se desplace hacia periodos anteriores a la creación del INE en 2014. Reconoció, no obstante, que la existencia de empresas con contratos de larga data justifica revisar operaciones anteriores cuando haya indicios concretos, y advirtió contra la generalización: un caso reciente no demuestra que todos los contratos históricos sean fraudulentos.

El punto más incómodo para el oficialismo es el cálculo político que el académico atribuye a Morena y sus aliados. Sostuvo que, según su valoración de las encuestas, el partido gobernante mantiene perspectivas electorales favorables y, por ello, debería ser el principal interesado en recuperar la confianza en el instituto. La lógica es simple: un árbitro desacreditado no solo afecta a quien pierde, sino que contamina la legitimidad de quien gana. "Tener un árbitro poco creíble cuando estamos ya en pleno proceso electoral de las elecciones del 27 [...] a mí sí me parece que es una fórmula para el desastre", afirmó.

Martín Reyes recordó que la confianza en la autoridad electoral se construyó durante décadas, con reformas, acuerdos políticos y participación ciudadana, y que puede retroceder en muy poco tiempo. Situó el riesgo en un calendario encadenado: 2027, los comicios judiciales de 2028 y la renovación presidencial de 2030.

Qué sigue

La ruta verificable pasa por tres frentes. Primero, la FGR: no hay en la evidencia un plazo público para definir si abre investigación o determina que no hay elementos. Segundo, el Congreso: la eventual discusión de un juicio político contra Taddei depende de que se cumplan los requisitos constitucionales y de que una fuerza política asuma el costo de impulsarlo. Tercero, la ASF: sus revisiones ampliadas a contrataciones históricas deberán sujetarse a los plazos de prescripción que el propio investigador advirtió. Mientras esos frentes no se desahoguen, el INE llega al proceso de 2027 con una pregunta abierta sobre su credibilidad que ningún acuerdo de consejeros puede cerrar por sí solo.