Garza atribuye filtración de Taddei a pugna interna de Morena por contratos del INE

El analista político Ramón Alberto Garza afirmó que las filtraciones que precipitaron la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no provienen de la oposición, sino de una disputa interna de Morena por el control de la proveeduría tecnológica del instituto, un mercado que, según su versión, superaría los 2,000 millones de pesos y estaría destinado a renovar los sistemas digitales para las elecciones de 2027. La afirmación, hecha en entrevista con la periodista Adela Micha, no ha sido confirmada por ninguna autoridad electoral ni por instancia de investigación alguna; se trata de una hipótesis periodística sobre el origen del material filtrado.

Garza sostuvo que las fotografías, videos y comunicaciones difundidas salieron del teléfono de un proveedor cercano a Taddei, identificado como José Alfredo Hernández. A partir de ahí construyó dos versiones: una, que al proveedor se le estaban retirando contratos; otra, que él mismo entregó la información. El analista descartó la primera por implausible y se inclinó por la segunda. "Lo que se ventila en algunos centros de inteligencia (...) es que se trata de una disputa interna dentro del propio Morena", dijo, y añadió que los móviles "no son de la oposición ni del PRI ni del PAN".

El conflicto, según su relato, enfrenta dos polos por la estructura digital del INE: por un lado, la proveeduría alineada con Taddei; por otro, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Merino, que habría buscado intervenir en la contratación. El desenlace habría sido la entrega de información para remover a quienes obstaculizaban ese control, con la renuncia de Taddei como resultado inmediato.

Garza agregó un segundo frente: el intento de vincular al gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño, con el escándalo. La conexión es verificable en un dato: un hijo de Taddei trabaja como secretario particular de Durazo. A partir de esa cercanía, el analista sostuvo que se busca salpicar al mandatario para frenar su posible incorporación al gabinete presidencial o su proyección hacia 2030. Durazo, por su parte, ha negado efectos colaterales en su administración y se ha deslindado del llamado "clan Taddei".

La lectura política

La versión de Garza, si se sostiene, reordena la interpretación del caso: no sería un golpe opositor contra el árbitro electoral, sino una pelea de negocio dentro de la coalición gobernante que utilizó la filtración como instrumento para desplazar a un actor incómodo. Eso cambia el mapa de incentivos. Si el conflicto es por contratos, el INE deja de ser el blanco y se convierte en el terreno donde se dirimen cuotas de poder entre facciones.

El timing importa. La renovación tecnológica del INE para 2027 es una decisión de infraestructura con consecuencia electoral directa: quien controle los sistemas digitales del instituto controla parte de la logística del proceso. Por eso la pugna no es administrativa, es política. La pelea por la proveeduría es, en la práctica, una pelea por posiciones de cara a la sucesión de 2030, y ahí Durazo aparece como un actor a contener, no como un aliado a proteger.

Conviene distinguir niveles. Taddei ya renunció: ese es un hecho. Que la filtración haya salido de una disputa interna de Morena es una afirmación de un analista, no una resolución. Que Merino busque desplazar proveedores es una inferencia periodística. Que Durazo sea el objetivo político de la maniobra es una lectura, no una confesión de nadie. La nota no acredita intenciones privadas; acredita que existe una versión pública que compite con la narrativa del ataque externo.

El costo político es doble. Para Morena, la sospecha de fuego amigo erosiona la imagen de unidad y expone que la disputa por recursos es tan intensa como la disputa por cargos. Para el INE, la salida de su presidenta en medio de un escándalo de filtraciones deja al instituto en una posición vulnerable justo cuando debe preparar el proceso de 2027. Y para Durazo, la vinculación familiar, aunque sea por vía de un colaborador, lo coloca en el centro de una operación que no controla.

Qué sigue

El primer paso verificable es la definición de quién presidirá el INE tras la renuncia de Taddei: el Consejo General debe resolver la ruta de sustitución y el calendario de designación. En paralelo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tendrá que aclarar públicamente su papel en la proveeduría tecnológica del instituto, si es que intervino. Y el propio Durazo deberá decidir si responde a la vinculación con una postura formal o la deja correr. Ninguna de esas definiciones está resuelta; la versión de Garza seguirá siendo, por ahora, una hipótesis en disputa.